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Las urnas decidirán el futuro del Brexit

El desenlace final de Brexit sigue sumando prorrogas. A la espera de saber si el “divorcio” entre el Reino Unido y la Unión Europea se paraliza, es de mutuo acuerdo o se consuma una separación sin consenso, el resto de los países comunitarios se preparan para todos los escenarios posibles.

Un nuevo Parlamento británico decidirá el futuro del Brexit

Tres años después de que los ciudadanos británicos aprobaran, en referéndum, la salida de su país de la Unión Europea, UE, Reino Unido sigue sin tener una postura consensuada internamente sobre cual quiere que sea su relación futura con los países de los que ha estado asociado durante más de 40 años. Una indefinición que ha obligado, una vez más, al Consejo Europeo a ampliar los plazos fijados para consumar el Brexit. Es ya la tercera prorroga que el resto de los miembros de la UE conceden a Reino Unido para facilitar que sea posible una salida consensuada y evitar las perniciosas consecuencias de un Brexit “duro”.

Ahora el plazo límite se ha fijado, por unanimidad de los 27 miembros restantes de la UE, en el 31 de enero de 2020. Tres meses más -el plazo anterior caducaba el 31 de octubre- para que el pueblo británico, con unas elecciones generales de por medio el 12 de diciembre, decida cuál es su posición definitiva y que relación quiere mantener en el futuro con la Unión.

En 2016, en un referéndum convocado por el entonces primer ministro tory David Cameron para contrarrestar el crecimiento del euroescepticismo en las Islas, el 51’9% de los 33’5 millones de británicos que votaron apoyaron la salida de la UE y el 48’1% apostó por la permanencia. Desde entonces, la política británica vive una situación traumática; una especie de bucle sin fin, en el que se encadenan dimisiones de primeros ministros, incapaces de articular una propuesta de salida que reciba el respaldo de su Parlamento. El primero en perder su puesto fue el propio Cameron, por convocar y perder el referéndum sobre el Brexit, en el que el defendía la permanencia. Su sustituta, Theresa May, siguió el mismo camino al ver como su acuerdo con la UE, para una salida pactada, era rechazado por el Parlamento británico.

A mediados de octubre, con la fecha de salida fijada para el último día del mes, la situación parecía entrar en vías de solución con el acuerdo alcanzado entre el Consejo de Europa y el nuevo premier británico, el euroescéptico Boris Johnson, sobre los términos de la separación. Pero, una vez más, el Parlamento inglés se opuso a las pretensiones de Johnson, rechazó su intención de tramitar por urgencia el acuerdo alcanzado y forzó la petición de una nueva prórroga para debatir en sede parlamentaria las condiciones de la salida de la Unión, en la que Reino Unido es miembro de pleno derecho desde el 1 de enero de 1973.

La situación es tan complicada que todos los partidos británicos han coincidido en devolver la palabra a los ciudadanos y adelantar las elecciones generales al próximo 12 de diciembre. Todo vuelve a la casilla de salida. Los británicos tendrán de nuevo la oportunidad de manifestar en las urnas que tipo de relación quieren mantener con el resto de la UE. Las posibilidades son múltiples: el partido Conservador defiende una salida inmediata en base al acuerdo pactado por su líder con la UE; los laboristas prometen negociar con Bruselas un “nuevo y mejor” pacto de salida y someterlo a un referéndum para que los británicos decidan si se aplica o si Reino Unido se olvida del Brexit y continúa dentro de la UE; y el partido Liberal Demócrata, la tercera fuerza política británica, apuesta claramente por dar marcha atrás y anular la salida de la UE.

Planes de contingencia

Con independencia de cuál sea el desenlace y la futura relación entre la UE y el Reino Unido, el resto de los países comunitarios ha empleado este tiempo para prepararse para cualquier escenario posible y mitigar el impacto negativo que pueda provocar la salida británica. En el caso de España, desde el inicio de este proceso, el Gobierno ha estado elaborando planes de contingencia para responder a cualquier situación que se pueda dar, con dos prioridades claras: preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada y mantener el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España.

En esta línea de trabajo el Presidente español en funciones, Pedro Sánchez, ha confirmado que ha mantenido conversaciones bilaterales con el Gobierno británico y que tiene la certeza de “que se garantizarán todos los derechos y libertades a los españoles que viven en Reino Unido”. Un trato que será reciproco, ya que el ejecutivo español también asegurará “los derechos y libertades de los británicos que viven en España”.

España está implicada activamente en los grupos de trabajo y coordinación creados en la UE para afrontar el Brexit. Además, a nivel interno tiene en marcha diversas instancias para planificar y diseñar las medidas a adoptar. En estos momentos, bajo la coordinación de la Presidencia del Gobierno están en funcionamiento una Comisión Interministerial para el Seguimiento de Retirada de Reino Unido, una Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea para la coordinación con las Comunidades Autónomas y distintos grupos de trabajo sobres diferentes aspectos del Brexit.

De momento, el pasado 8 de febrero, el Ejecutivo aprobó una oferta de empleo para cubrir las necesidades de personal que una salida sin acuerdo podría provocar en sectores de actividad estratégicos en la futura relación con un Reino Unido fuera de la UE. Serán nuevos trabajadores públicos destinados a reforzar áreas como el control fronterizo y aduanero, los servicios de inspección sanitaria exterior, el control de la seguridad en el transporte de viajeros o las oficinas de extranjería.

Reciprocidad

Además, el 1 de marzo, mediante un Real Decreto Ley, se adaptaron a la legislación española las iniciativas jurídicas que se han tomado a nivel europeo para afrontar la salida de Reino Unido y regular las relaciones con el que, a partir de ese momento, se convertirá en un país ajeno a la normativa comunitaria. La aplicación de muchas de estas medidas está condicionada a que por parte de Reino Unido exista reciprocidad y regulan los derechos y libertades laborales, sociales, sanitarias o educativas, de los británicos que viven en Europa y las de los ciudadanos comunitarios que residan en las Islas.

Igualmente, se han previsto salvaguardas legales para dar seguridad jurídica a las relaciones económicas ya establecidas entre Reino Unido y el resto de los países de la UE, al mismo tiempo que se regulan las condiciones que en un futuro, cuando las empresas británicas dejen de estar bajo el paraguas normativo comunitario, deben regir relaciones económicas, comerciales e industriales entre las Islas y los 27 estados de la Unión.

Construyendo la Paz y el Bienestar

513 millones de personas viven actualmente en la UE, una de las zonas del mundo con mayor calidad de vida, con más derechos sociales y con mayores libertades para todos sus habitantes. A pesar de lo mucho que pueda quedar por avanzar, en estos momentos la UE es, sin duda, uno de los referentes mundiales del Estado de Bienestar, donde el gasto social es mayor y donde la igualdad de oportunidades más ha avanzado en los últimos años.

Mucho ha tenido que ver en lo conseguido hasta ahora el anhelo de paz que se instaló en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El enorme desastre que supuso la contienda fue el acicate que impulsó a los países europeos a buscar herramientas de cooperación que acabarán con los cruentos conflictos entre vecinos que, hasta entonces, habían marcado la historia de los diferentes países.

El origen de lo que hoy es la Unión Europea se puede fechar el 18 de abril de 1951, con la firma de Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, en el que seis países –Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos- se comprometen a hacer interdependientes su producción y gestión de ambos materiales. Seis años después, el 25 de marzo de 1957, se firman los tratados de Roma, por los que se crean la Comunidad Económica Europea, CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, EURATOM, que profundizan la integración y la cooperación entre estos países.

Ampliación

A partir de ese momento comienza la ampliación y nuevos países se suman a esta alianza hasta conformar lo que hoy es la Unión Europea, con 28 países en su seno. Los primeros en hacerlo fueron, el 1 de enero de 1973, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. Les seguirían Grecia, en 1981, España y Portugal, en 1986. Con 12 miembros, la entonces CEE da un paso más en su integración y, en noviembre de 1993, se firma el Tratado de Masstricht por el que nace la Unión Europea, a la que pronto se incorporan Austria, Finlandia y Suecia, en 1995; Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y Republica Checa, en 2004; Bulgaria y Rumanía, en 2007; y Croacia, en 2013.

Hoy la UE es una organización que abarca numerosos ámbitos políticos, desde el clima, el medio ambiente o la salud hasta las relaciones exteriores y la seguridad, la justicia o la migración. Todos sus ciudadanos tiene la libertad de elegir en qué país de la UE quieren estudiar, trabajar o jubilarse. Cada país miembro debe tratar a los ciudadanos de los otros estados exactamente de la misma manera que a los suyos propios en temas relacionados con el empleo, la seguridad social o fiscalidad. Igual que todos ellos respetan la libertad de circulación de bienes, servicios, personas y capital.

Ya lo adelantaba, en 1950, Robert Schuman, ministro de Exteriores de Francia y uno de los principales impulsores de lo que hoy es la Unión Europea: “La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas”. Y el tiempo le ha dado la razón. Europa está disfrutando del periodo de paz más largo de toda su historia.

En el Reino Unido viven 180.000 españoles

Un Divorcio muy caro

Todos los análisis coinciden, si no hay acuerdo de separación el Brexit resultará muy caro. Mucho más, es cierto, para el Reino Unido que para el resto de la UE; pero, en todo caso, el resultado será negativo para la economía europea. El propio Banco de Inglaterra, con cifras muy parecidas a las que indican los informes del FMI o de la OCDE, calcula que un Brexit “duro” provocaría que la economía británica cayera un 5’5% y que su inflación se disparara por encima del 5%. De hecho, desde la aprobación del referéndum de salida, en 2016, la libra se ha depreciado un 15% en relación con el euro. Para el conjunto de los 27 países que configurarían la UE el impacto sería mucho menor, pero también pernicioso. Los informes del FMI pronostican una caída del PIB europeo en el entorno de un 1’5%. En la economía mundial, en el peor de los escenarios según este mismo organismo internacional, el efecto sería de un menos 0’3%.

Al Reino Unido no le ha ido mal en su relación con la UE. Entró como miembro de pleno derecho en 1973, cuando estaba inmerso en los efectos de una crisis industrial que estaba afectando de forma contundente a su industria metalúrgica. Desde su ingreso en la Unión, los británicos han visto como el Producto Interior Bruto, PIB, de su país se multiplicaba por 16, pasando de los 148. 325 millones de euros de 1973 a los 2.4 billones de euros de 2018. Una evolución similar a la registrada en su renta per cápita, por la que, actualmente, a cada uno de sus ciudadanos le corresponden 36.000 euros anuales frente a los 2.600 euros que alcanzaban en 1973.

La relación bilateral mantenida entre España y Reino Unido, desde que ambos forma parte de la UE, ha sido muy intensa y ha continuado siendo así incluso después del referéndum sobre el Brexit de 2016. Según el Instituto de Comercio Exterior de España, ICEX, en 2018 Reino Unido fue el tercer mercado para las exportaciones españolas, tras Francia y Alemania. En ese año el conjunto de las exportaciones españolas de bienes a Reino Unido ascendió a 18.977 millones de euros y las importaciones desde este país alcanzaron los 11.449 millones de euros. Además, Reino Unido es el principal mercado para el turismo español, solo en 2018 más de 18’5 millones de británicos visitaron nuestro país.

Toda esta actividad económica, con las decenas de miles de puesto de trabajo que lleva aparejada, encontrará dificultades para continuar realizándose si al final se consuma el Brexit; y de forma más acusada si este se ejecuta sin acuerdo previo entre las partes. El Reino Unido pasará a ser considerado un tercer país, fuera del amparo de la normativa europea, con el que las relaciones comerciales se regirían por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, con el consiguiente establecimiento de aranceles.

Relaciones sociales

La relación España-Reino Unido no es intensa solo en lo económico. También lo es en lo social. En estos momentos, cerca de 180.000 españoles residen en Reino Unido y son casi 370.000 los británicos que viven en España. Garantizar sus derechos y libertades, que pueda seguir trabajando, estudiando, accediendo a la Sanidad o recibiendo servicios y prestaciones sociales es una prioridad para el Gobierno de España. Durante los últimos meses se han mantenido conversaciones bilaterales entre ambos países con el objetivo de conseguir acuerdos que, de forma recíproca, garanticen que, sea cual sea el resultado final del Brexit, no se vean mermados los derechos de los que ahora disfrutan por ser ciudadanos comunitarios.

J.A GARCÍA BRUNETE

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