Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Normativa sobre Políticas de Empleo

Reseñas Estado Julio 2006

MINISTERIO DE FOMENTO

ORDEN FOM/2141/2006, de 16 de junio, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3944/2005, de 9 de diciembre. (BOE de 4 de julio de 2006).

Con fecha 17 de diciembre de 2005, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos que abandonen la actividad. Posteriormente, el 5 de enero de 2006 se publicó en el B.O.E. la Orden FOM/4176/2005 de 23 de diciembre, por la que se convoca para el año 2006 las citadas ayudas.

La mencionada Orden de 9 de diciembre establece en su articulado los requisitos que deben cumplir los solicitantes para ser beneficiarios de la subvención, y los criterios de valoración que deben presidir su aplicación, que son la mayor edad del solicitante, el mayor ámbito de la autorización de transporte y en el caso de mercancías la preferencia de las autorizaciones de vehículo pesado.

La ponderación de dichos criterios de acuerdo con el art. 7.2 de la Orden de 9 de diciembre, se lleva a cabo de la siguiente manera: se elabora una relación de posibles beneficiarios por orden descendente de edad; a los titulares de alguna autorización para vehículo pesado de ámbito nacional o autobús se les computará un año más de edad a estos efectos; a los titulares de alguna autorización para vehículo pesado de ámbito comarcal, un semestre y, por último, los titulares de autorización para vehículo pesado de ámbito local tres meses. Las ayudas se otorgarán a los que ocupen los primeros lugares en la relación de beneficiarios así elaborada, de acuerdo con la consignación presupuestaria disponible. Para este ejercicio 2006 la cuantía estimada es de 33.000.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.39.453M.772 «Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera», de acuerdo con lo dispuesto en la Orden FOM/4176/2005 de 23 de diciembre.

Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre, y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley General Presupuestaria, el resto de la normativa reguladora de subvenciones administrativas y la disponibilidades presupuestarias existentes, he resuelto:

Primero.-Otorgar a los solicitantes que se relacionan en el anexo I, las cuantías que se detallan en el mismo como compensación por su abandono de la actividad de transportistas. La subvención se compone de una cuantía por los periodos semestrales que le falten al solicitante para cumplir 65 años, computados a partir del 1 de junio de 2006, y otra por la renuncia a la(s) autorización(es) de transporte.

Segundo.-Desestimar el resto de las solicitudes presentadas y que no aparecen en el citado anexo I, los cuales se relacionarán como anexos II y III en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es).

Tercero.-Fijar el 15 de septiembre de 2006 como último día del plazo para que los beneficiarios aporten la documentación para proceder al cobro de la subvención.

Documentación que se establece en el anexo III de la Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre (B.O.E. 17).

La presente Orden se dicta por Delegación de la Ministra de Fomento y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante la Ministra de Fomento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 16 de junio de 2006.-La Ministra de Fomento, P. D. (Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre), el Director General de Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez García.

Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad

Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad

Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad

Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad

Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad

Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad


 CORTES GENERALES

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE de 5 de julio de 2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto‑Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 141, de 14 de junio de 2006.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2006.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín González.


 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

ORDEN ITC/2170/2006, de 4 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el año 2006. (BOE de 6 de julio de 2006).

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su Título IV, capítulo II, creó el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y, en su artículo 79, establece que tendrá como objeto, entre otros, «el desarrollo y ejecución de cuantas medidas se dirijan a fomentar el desarrollo económico de aquellas zonas que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan la consideración de municipios mineros del carbón».

La Orden de 17 de diciembre de 2001 estableció las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a la inversión empresarial para la generación de empleo contempladas en el capítulo V del Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, sobre reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las zonas mineras, por el que se establecía un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el potencial crecimiento de las zonas mineras afectadas por dicha reestructuración, en aplicación del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. La regionalización de las ayudas respetaba el Mapa de ayudas de finalidad regional, de acuerdo con lo establecido en las Directrices sobre las Ayudas de Estado de Finalidad Regional. Su vigencia estaba establecida hasta el 31 de diciembre de 2005, coincidiendo con la del citado Plan. El régimen de ayudas fue autorizado por la Comisión Europea bajo la denominación «Ayudas de Estado n.º N 476/2001 España», mediante comunicación de fecha 27 de noviembre de 2001.

Por ello, una vez finalizada la vigencia del Plan anterior, se ha llevado a cabo la negociación de un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, para establecer las medidas necesarias para continuar con la reestructuración de la minería del carbón, así como las medidas de acompañamiento para continuar y profundizar en el proceso de desarrollo alternativo y reactivación de las comarcas mineras afectadas por dicha reestructuración.

Las ayudas reguladas en la presente orden tienen como finalidad la de contribuir al desarrollo de regiones desfavorecidas como son las comarcas mineras del carbón, mediante el apoyo a la inversión; por ello tienen la condición de ayudas de finalidad regional, para impulsar la ampliación y diversificación de las actividades económicas de las empresas ya situadas en las comarcas mineras y apoyar la creación de nuevos establecimientos para el desarrollo alternativo de éstas, dentro de la estrategia de desarrollo regional contemplada en el citado Plan Nacional. Asimismo, el régimen de ayudas permite el establecimiento de prioridades entre los proyectos de inversión en función de su interés para la zona en que se vayan a desarrollar, de forma que puedan destinarse, también, mayores recursos a aquellas que necesiten un mayor impulso en su proceso de reactivación económica alternativa a la minería del carbón.

El régimen de ayudas que se aprueba se adapta a las especificaciones contenidas en el nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, y a las Directrices de Ayudas de Estado de Finalidad Regional en vigor hasta el 31 de diciembre de 2006, aunque el ámbito territorial, si bien se mantiene en su conjunto en los términos que figuraba en la norma anterior, difiere en la agrupación de los municipios a efectos de la intensidad de las ayudas que se aplican en cada uno de los grupos en que ahora se distribuyen.

El régimen de ayudas cuyas bases reguladoras se aprueban mediante esta norma, ha sido comunicado a la Comisión Europea al objeto de que se declare la compatibilidad de dichas ayudas de conformidad con lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). Por tanto, no se podrán hacer efectivas las ayudas que se aprueben en aplicación del régimen en tanto no sean consideradas compatibles y, por tanto, éste sea autorizado.

Constituyen, pues, el marco normativo de esta orden, las Directrices de Ayudas de Estado de Finalidad Regional de 1998, correspondientes al período 2000-2006; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

En su virtud dispongo:

Primero. Plan Estratégico de Subvenciones.-El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras constituye el plan estratégico a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En él se establecen los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación. En el Plan se contiene el compromiso de financiar las ayudas destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Segundo. Objeto de las ayudas.-Las ayudas reguladas en esta orden tienen como objetivo fundamental el de promover la localización de proyectos de inversión empresarial en las zonas de la minería del carbón y su entorno con el fin último de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo en dichas zonas, para incentivar su desarrollo considerando su condición de regiones desfavorecidas.

Tercero. Ámbito temporal.

1. La presente orden mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2006.

2. Para el ejercicio presupuestario del año 2006 se publicará, mediante Resolución de la Presidencia del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la correspondiente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la convocatoria se establecerá la cuantía máxima del total de las subvenciones a conceder mediante su resolución.

Si una vez resuelta la convocatoria resultara remanente de crédito, podrá efectuarse una convocatoria complementaria.

Cuarto. Ámbito territorial.

1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que se localicen en los municipios que ya integraban el ámbito territorial establecido en el anterior régimen de ayudas, aprobado por la Orden de 17 de diciembre de 2001, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, manteniéndose el requisito de que estén recogidos en el mapa de ayudas regionales para España 2000/2006. No obstante, para favorecer la prioridad entre los proyectos de inversión en función de su interés para la región en que se vayan a desarrollar, los municipios se clasifican en tres grupos en función de la diferente intensidad que la reestructuración de la minería del carbón tiene sobre su economía:

a) Grupo 1: Municipios mineros muy afectados por la reestructuración de la minería del carbón. Su composición se recoge en el anexo I.

b) Grupo 2: Municipios mineros afectados por la reestructuración de la minería del carbón que resultan limítrofes a los incluidos en el Grupo 1. Su composición se recoge en el anexo II.

c) Grupo 3: Resto de municipios que formaban el ámbito territorial establecido en la Orden de 17 de diciembre de 2001, que resultan de alguna forma afectados por la reestructuración del carbón y que no estén incluidos en ninguno de los dos grupos anteriores. Su composición se recoge en el anexo III.

A todos ellos les serán de aplicación los límites máximos de intensidad aplicables a ellos, de conformidad con lo establecido en las Directrices sobre las Ayudas de Estado de Finalidad Regional, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 74 de 10-3-1998.

Quinto. Proyectos susceptibles de ayuda.

1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo pertenecientes a todas las actividades económicas susceptibles de recibir ayudas, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria aplicable, con las siguientes excepciones:

a) Las relativas a la industria del carbón definida en la letra a) del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón, (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 205 de 2 de agosto de 2002), a los sectores siderúrgicos y de las fibras sintéticas (definidos, respectivamente, en los anexos B y D de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 70 de 19 de marzo de 2002). Tampoco se concederán ayudas a las empresas en crisis, según el concepto utilizado por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis 2004/C 244/02 (publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 244 de 1 de octubre de 2004); en particular, no se concederán ayudas a las empresas medianas o grandes durante el período de reestructuración de las mismas, siempre que la Comisión Europea no hubiera sido informada de la ayuda objeto de esta orden cuando adoptó la decisión de autorizar la correspondiente ayuda de reestructuración de aquellas en concepto de empresas en crisis.

A efectos de esta orden, se entenderá, conforme a la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas 2003/361/CE («Diario Oficial de la Unión Europea» L 124 de 20 de mayo de 2003), que:

1.º La categoría de pequeña empresa está constituida por las empresas que empleen menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 M.€.

2.º La categoría de mediana empresa está constituida por las empresas que empleen menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 M. € o cuyo balance general anual no exceda de 43 M. €.

3.º En ambas categorías el cómputo de efectivos y límites en caso de empresas asociadas o vinculadas, se efectuará como disponen los apartados 2 y 3 del artículo 6 del anexo de la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE.

b) Las relativas al sector pesquero, de producción de energía eléctrica y del transporte.

c) Los proyectos comprendidos en el sector servicios, excepto aquellos cuya actividad esté destinada a facilitar servicios industriales a las empresas, servicios asistenciales sanitarios, y actividades relacionadas con el turismo rural, el ocio, el medio ambiente y el tiempo libre, así como aquellos proyectos del sector servicios destinados al desarrollo de la sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías.

2. Se excluirán, en todo caso, las actividades de: bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio minorista, lavanderías, peluquerías, tintorerías, despachos profesionales y consultoría.

3. No serán subvencionables los proyectos cuyas actividades puedan corresponder a la producción de productos enumerados en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, mientras que sí podrán serlo aquellos proyectos cuyas actividades estén destinadas a la transformación y comercialización de dichos productos, pero sólo en la medida que se establece en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario o las Directrices que las sustituyan.

Sexto. Requisitos exigibles a los proyectos.

1. Los requisitos exigibles a los proyectos para los que se soliciten las ayudas serán los siguientes:

a) Grado de realización de la inversión. Como requisito general, los proyectos no deberán iniciar sus inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda.

No obstante, podrán admitirse solicitudes para proyectos cuyo grado de realización de la inversión, hasta el momento de dicha solicitud, no supere el 25 por ciento de la inversión prevista, si bien no podrá ser considerada subvencionable en ningún caso, aunque sí será tenida en cuenta a los solos efectos del cómputo de la inversión mínima exigida como requisito del proyecto.

Cuando para un mismo proyecto presentado en el año 2006 se hayan solicitado ayudas de distintas instituciones, se considerará, a efectos del cómputo de la inversión ya realizada, la fecha de la primeramente presentada. No obstante, para la aplicación de las ayudas de este régimen será necesario que entre esa primera solicitud y la fecha de petición de ésta, no haya transcurrido un período superior a tres meses, ni se haya realizado más del 40 por ciento de la inversión.

b) Inversión mínima. Para los proyectos de creación de empresas privadas o públicas, cooperativas o cualquier otra forma de asociación laboral, la inversión prevista mínima que resulte subvencionable deberá ser de 240.000 euros.

Para los proyectos de trabajadores autónomos, la inversión prevista mínima que resulte subvencionable deberá ser de 120.000 euros. Se considerarán proyectos de trabajadores autónomos, a efectos de esta orden, aquellos en los que el promotor o promotores ostenten dicha condición.

Podrán reducirse las inversiones mínimas exigibles, con carácter excepcional, en las solicitudes para financiar proyectos que puedan localizarse en los municipios que integran el anexo I, al que se hace referencia en el apartado cuarto.1 de esta orden, especialmente en aquellos proyectos relacionados con el turismo rural y los microproyectos o proyectos de autónomos.

c) Creación de empleo. Todos los proyectos objeto de ayudas deberán generar como mínimo tres puestos de trabajo, en el plazo comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda y la fecha máxima que se establezca en la resolución de concesión, que deberán mantenerse durante un período mínimo de tres años.

Serán admisibles para la creación de empleo las diversas formas de contratación previstas por la legislación laboral.

No constituyen objeto de ayudas aquí reguladas, los proyectos de contratación laboral sin inversión o la transformación de formas jurídicas de contratación laboral.

Los contratos fijos discontinuos y a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a la duración de la prestación. Sin embargo, el empleo así computado, nunca podrá exceder del 35 por ciento del empleo nuevo generado en cada proyecto.

Podrá reducirse el compromiso mínimo de creación de empleo exigible, con carácter excepcional, en las solicitudes para financiar proyectos que puedan localizarse en los municipios que integran el anexo I, al que se hace referencia en el apartado cuarto.1 de esta orden, especialmente en aquellos proyectos relacionados con el turismo rural y los microproyectos o proyectos de autónomos.

En aquellos proyectos de creación de empresas, claramente vinculadas, en virtud de los tenedores de capital o propiedad de las empresas, a la extinción o disolución previa de otras empresas o sociedades con similar razón social o actividad de producción y localizadas en el ámbito territorial de aplicación de las ayudas reguladas en esta norma, se computará como empleo nuevo generado, la diferencia entre el empleo generado por el proyecto de inversión y el destruido previamente como consecuencia de la extinción o disolución de empresas o sociedades.

d) Inicio del proyecto. Todos los proyectos objeto de ayudas deberán iniciar sus inversiones en el año de la convocatoria a la que se presentan. Asimismo, deberán ejecutar y haber pagado, al menos, un 10 por ciento de la inversión que se considere subvencionable antes del transcurso de los tres meses naturales siguientes a la fecha de recepción de la resolución definitiva que apruebe la ayuda solicitada para el proyecto. A estos efectos no se computarán las inversiones y gastos que puedan ser considerados necesarios para la preparación del desarrollo del proyecto, tales como, por ejemplo, los destinados a diseño y elaboración del mismo.

Séptimo. Beneficiarios.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de las ayudas, la persona que haya de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento.

2. Podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica, así como agrupaciones integradas por ellas, las comunidades de bienes, los trabajadores autónomos y cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos y actividades que se encuentren en la situación que motive la concesión de la subvención. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el párrafo segundo del artículo 11.3 de la Ley General de Subvenciones.

Octavo. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la ayuda.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del citado artículo 13, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, o certificación administrativa, según los casos. Y, cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido mediante la presentación de declaración responsable ante el órgano concedente de la subvención, o ante la Entidad colaboradora que haya firmado el preceptivo Convenio de colaboración para la gestión de las ayudas, o bien ante notario público.

Noveno. Compatibilidad, clase y cuantía de las ayudas.

1. Clase de ayudas. Las ayudas reguladas en esta orden complementarán y serán compatibles con las destinadas, por otras instituciones o Administraciones Públicas a instrumentar las políticas de desarrollo regional, independientemente de las generales derivadas de los programas de inversión, de medidas horizontales y de las específicas para las PYMES. En cualquier caso, ni la ayuda por sí misma ni la resultante de acumular todas las concedidas a un proyecto podrá sobrepasar el límite máximo de intensidad regional establecido. Todas las ayudas deberán calcularse en equivalente de subvención bruto (ESB). La intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto es el valor de la ayuda expresado en porcentaje del valor de los costes de inversión subvencionables, calculado en el momento de la concesión de la ayuda.

En su aplicación, las ayudas revestirán la forma de subvenciones a fondo perdido.

2. Cuantía de las ayudas. Las ayudas reguladas en esta orden no podrán superar los límites de intensidad máxima establecidos en el mapa de ayudas regionales para España 2000-2006, aprobado por la Comisión Europea el 17 de mayo de 2000 en función de los municipios que integran el ámbito territorial de aplicación de este régimen de ayudas.

No obstante, las intensidades de las ayudas serán:

a) En el sector de los vehículos de motor, definido en el anexo C de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, cuando se trate de proyectos cuyos gastos subvencionables superen los 50 millones de euros o de un importe de ayuda superior a 5 millones de euros en equivalente subvención bruto, la intensidad máxima será equivalente al 30 por 100 del correspondiente límite máximo de ayuda regional.

b) Cuando las ayudas se concedan para gastos subvencionables superiores a 50 millones de euros, para los tramos de gastos superiores a esta cifra, el límite máximo de la ayuda será ajustado a la baja con arreglo al baremo del punto 21 de las citadas Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión.

c) Las que, en su caso, autorice específicamente la Comisión Europea cuando se trate de ayudas a la construcción, la reparación o la transformación de buques según el Marco aplicable a las ayudas a la construcción naval (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea C 317 de 30 de diciembre de 2003) o cuando el importe de la ayuda supere el límite máximo de ayuda que puede obtener una inversión de cien millones de euros con arreglo al baremo del punto 21 de las citadas Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayuda regionales a grandes proyectos de inversión.

Cuando se soliciten o se obtengan ayudas de carácter público de otras instituciones o Administraciones Públicas para el mismo proyecto empresarial, deberá comunicarse al Instituto de forma inmediata para que éste verifique que no se han excedido los límites máximos de intensidad vigentes en cada convocatoria, de acuerdo con el mapa de ayudas regionales notificado a la Comisión Europea. En el supuesto de que se hubiere excedido dicho límite, el Instituto procederá a iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para reducir la ayuda que haya concedido hasta la cuantía necesaria para alcanzar el mismo.

Los beneficiarios deberán comunicar al Instituto, en igual forma, la obtención de ayudas de carácter privado.

Tanto la concesión como la cuantía de las ayudas estarán supeditadas a la disponibilidad del crédito correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los ejercicios presupuestarios.

3. Para la determinación de la cuantía de las ayudas (en términos de subvención bruta), serán de aplicación los siguientes criterios:

a) Todos los proyectos a desarrollar en los municipios incluidos en el Grupo 1, relacionados en el anexo I, podrán recibir una subvención de hasta el 100 por ciento del límite máximo de intensidad aplicable al municipio de que se trate.

b) Todos los proyectos a desarrollar en los municipios incluidos en el Grupo 2, relacionados en el anexo II, podrán recibir una subvención de hasta el 50 por ciento del límite máximo de intensidad aplicable al municipio de que se trate.

c) Todos los proyectos a desarrollar en los municipios incluidos en el Grupo 3, relacionados en el anexo III, podrán recibir una subvención de hasta el 25 por ciento del límite máximo de intensidad aplicable al municipio de que se trate.

4. En función del número de proyectos y solicitudes presentadas en cada convocatoria, se podrá fijar una cuantía máxima de subvención por puesto de trabajo comprometido, que podrá ser diferente en función del municipio de implantación del proyecto empresarial, de acuerdo con la clasificación establecida en el apartado cuarto de esta orden. Dichas cuantías máximas podrán ser superiores en los supuestos de compromiso de creación de empleo femenino y aquél destinado a trabajadores discapacitados.

Décimo. Preevaluación de las solicitudes de ayuda.-Se establece una fase de preevaluación dirigida a la verificación de que los solicitantes de ayudas han formulado su petición en plazo y los proyectos que presentan cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras para su concesión en los apartados cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo y, por tanto, cumplen los requisitos para ser beneficiarios de las mismas. Aquellos promotores cuyas solicitudes se considere que no cumplen alguna, o algunas, de dichas condiciones, deberán ser notificados mediante la correspondiente propuesta de resolución provisional para denegar la ayuda, que deberá expresar con claridad cuál es la condición que no se cumple y que constituye la causa de la misma. Con la notificación de la propuesta se abrirá el trámite de audiencia para que los interesados puedan efectuar sus alegaciones en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al día en que se realice dicha notificación. El Comité de evaluación deberá pronunciarse sobre el contenido de las alegaciones que se presenten. Una vez resueltas deberán notificarse las correspondientes propuestas de resoluciones definitivas. En el caso de que no se produjesen alegaciones, se elevarán a definitivas las propuestas provisionales.

Undécimo. Evaluación de las solicitudes de ayudas.-Las solicitudes de ayuda que hayan sido preevaluadas, y cuyos proyectos se considere que cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras, y no hayan sido consideradas desistidas, serán evaluadas y el Comité de Evaluación deberá emitir un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. En éste informe deberá incluirse la puntuación obtenida por cada uno de los proyectos evaluados, aplicando los criterios de priorización que se establecen en el apartado siguiente, así como la propuesta de cuantificación de las ayudas a conceder. El Comité de evaluación considerará, como condición previa para la concesión de las ayudas reguladas en la presente orden, la viabilidad de los proyectos referida a sus aspectos técnicos y/o económicos y/o financieros. En los casos en que proceda la denegación de la ayuda por no poder verificarse dicha viabilidad, se harán constar en la propuesta de resolución provisional los motivos que justifiquen esta decisión.

Duodécimo. Criterios de puntuación y ponderación de priorización de los proyectos.

1. Los criterios de puntuación y ponderación para la priorización de los proyectos de cara a la selección de los mismos en función del presupuesto existente en cada convocatoria y, por tanto, para la aplicación de la concurrencia competitiva, se establecen en función de los siguientes parámetros a aplicar:

a) Localización de la inversión y pérdida de empleo minero en el municipio en el que se va a desarrollar el proyecto.

b) Capacidad del proyecto para generar empleo.

c) Efectos de inducción de otras actividades, en función del arrastre del proyecto, su orientación exportadora y la dimensión del mismo y de la empresa.

d) Grado en que la actividad que se plantea ya esté desarrollada en la zona, así como incremento en la productividad y valor añadido.

e) Capacidad de crear nuevas tecnologías.

f) Aprovechamiento de recursos endógenos y productos semielaborados de la zona en que se va a localizar.

2. La ponderación de todos estos criterios se contiene en el anexo IV de esta orden, y se recogerán en un Informe de Priorización que se integrará en el expediente administrativo, en el que deberá figurar el desglose de la puntuación otorgada a cada proyecto, en aplicación de los mismos.

Decimotercero. Comité de Evaluación.

1. El Comité de evaluación, como órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, será presidido por el Gerente del Instituto, y formarán parte de él como Vocales el Jefe de la Unidad de Reactivación del Instituto, el Secretario General del Instituto, que actuará como secretario, los Técnicos de la Unidad de Reactivación responsables de la gestión de proyectos de inversión, en calidad de vocales; un vocal en representación del Gabinete del Ministro de Industria, Turismo y Comercio; un vocal en representación del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Energía y un vocal en representación de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

2. El régimen jurídico del Comité será el establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Podrán asistir a sus reuniones, en calidad de invitados con voz, pero sin voto, aquellas personas que designe el Presidente del Comité. En el caso de que éste no pueda presidir una reunión, le sustituirá el Jefe de la Unidad de Reactivación.

Decimocuarto. Aplicaciones Presupuestarias.-Los fondos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en esta orden figurarán en el Programa «Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras del Carbón» del presupuesto de gastos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Zonas Mineras.

Decimoquinto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del expediente.

1. Órgano competente para la instrucción: El órgano competente para la instrucción del expediente es el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

2. Órgano competente para la resolución: El órgano competente para la resolución del expediente es el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras u órgano del Instituto en que haya delegado.

Decimosexto. Entidades colaboradoras.

1. Las agencias de desarrollo de las comunidades autónomas en que se encuentran las comarcas mineras afectadas por la reestructuración del sector del carbón, y dentro de cuyo territorio se encuentran los municipios que constituyen el ámbito territorial de aplicación de esta orden, y también las propias comunidades autónomas, en su defecto, podrán ostentar la condición de entidad colaboradora en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley General de Subvenciones, colaborando en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos. Para ello, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras deberá negociar con las agencias de desarrollo de las comunidades autónomas, o con éstas en su caso, la firma de los preceptivos convenios de colaboración, en los términos legales establecidos en el artículo 16 de dicha Ley, que deberá regular las condiciones y obligaciones asumidas en su calidad de entidades colaboradoras, cuyo contenido deberá recoger como mínimo los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la colaboración.

b) Funciones y requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones. Entre éstos, deberán recogerse, al menos, las funciones destinadas a:

1.º Certificación del cumplimiento del requisito exigido a los proyectos relativo al grado de realización de la inversión, de conformidad con lo establecido en el epígrafe 1 del apartado sexto de esta orden.

2.º Emisión del Informe de Priorización de las solicitudes de concesión de ayudas para proyectos empresariales que se vayan a ejecutar en su ámbito territorial, y que cumplan todos los requisitos exigidos en las bases reguladoras, conforme a los criterios generales para la modulación de ayudas y priorización de los proyectos que se establecen en el apartado undécimo de esta orden.

3.º Emisión de un Informe de Evaluación de viabilidad técnico/económica y/o financiera del proyecto, con carácter previo a la resolución de la solicitud de la ayuda.

4.º Certificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución de la inversión subvencionable y del cumplimiento del compromiso de creación de empleo establecidos en la resolución de concesión de la ayuda o posteriores modificatorias.

5.º Control y seguimiento de los proyectos incluidos en su ámbito territorial y la elaboración de informes, cuando así lo solicite el Instituto, a partir de la fecha de resolución de la concesión de la ayuda, que permitan comprobar el grado de ejecución de los mismos.

6.º La elaboración de informes sobre cualquier aspecto que sea planteado en relación con los proyectos para los que se hayan solicitado ayudas y estén incluidos en su ámbito territorial. Estos informes habrán de remitirse al Instituto en el plazo que se fije en cada caso. No obstante, el Instituto podrá efectuar todas las actuaciones de inspección, comprobación y verificación que estime necesarias.

7.º Colaboración con el Instituto en la realización de estudios del impacto que tienen las ayudas concedidas a la iniciativa empresarial sobre la economía de las comarcas mineras, dentro de su ámbito territorial.

c) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.

d) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las subvenciones que deben aportar los beneficiarios.

e) Plazo para la emisión de los Informes de Priorización, de Evaluación, y los correspondientes al cumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de la inversión subvencionable y de la creación del empleo comprometido.

f) Obligación de la Entidad Colaboradora de someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas en el artículo 15.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

g) Compensación económica que, en su caso, se fije a favor de la Entidad Colaboradora.

Decimoséptimo. Solicitudes y documentación.

1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones se iniciará por Resolución del Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, mediante las correspondientes convocatorias. Las solicitudes de subvención se presentarán en el plazo de dos meses.

2. Las solicitudes deberán ser dirigidas al Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y podrán ser presentadas en los Registros Generales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Paseo de la Castellana, 160, 28071 Madrid, así como en los registros de las Agencias de Desarrollo Regional, o Comunidades Autónomas, con las que el Instituto haya firmado un Convenio en la forma establecida en el apartado decimosexto de esta orden o en cualquier otro de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La solicitud de ayuda se formulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La presentación de la solicitud por parte del posible beneficiario conllevará la autorización al Órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social.

4. La solicitud se acompañará de original y tres copias de la siguiente documentación:

a) Resumen de datos básicos del proyecto, de acuerdo con el impreso normalizado que se establecerá en la convocatoria.

b) Documentación acreditativa de las circunstancias personales del solicitante, de las registrales, en el caso de una sociedad constituida, o proyecto de estatutos y datos del promotor, si se trata de una sociedad en fase de constitución. En este supuesto, la aceptación de la propuesta de resolución aprobando la concesión de la ayuda solicitada deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de la constitución de la sociedad y de sus circunstancias registrales.

En cualquier caso, las empresas deberán aportar una copia de la escritura de constitución de la sociedad, que deberá estar inscrita en el Registro Mercantil.

c) Memoria del proyecto de inversión de acuerdo con el modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.

d) Certificado acreditativo del grado de realización de la inversión de acuerdo con lo establecido en el apartado sexto. 1, o solicitud del mismo que, en este caso, deberá haber sido presentada al órgano administrativo competente en el período comprendido entre la fecha de inicio del plazo establecido en la convocatoria para la presentación de la solicitud de la ayuda y la fecha en la que se ha presentado la misma.

e) Declaración de otras ayudas solicitadas y/o recibidas, tanto de carácter público como privado de acuerdo con el modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.

f) Documentos justificativos de que el solicitante, o solicitantes, no están incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, en la forma que se contempla en su apartado 7.

Decimoctavo. Subsanación de la solicitud.-Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos que señala el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y los exigidos por la presente orden o por la resolución que publique la convocatoria de ayudas, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que en el plazo de diez días hábiles, que no podrá ser ampliado al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el articulo 42 de dicha Ley, pudiéndose prescindir, en este supuesto, del trámite de audiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 84.4 de la referida Ley y en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Decimonoveno. Inversión subvencionable.

1. Se considera inversión subvencionable, a efectos de la ayuda regulada en esta orden, la resultante de sumar los siguientes conceptos:

a) Adquisición de terrenos necesarios para la implantación del proyecto.

b) Traídas y acometidas de servicios.

c) Urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del proyecto.

d) Obra civil.

e) Bienes de equipo.

f) Los trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y dirección facultativa de los trabajos, en cuantía no superior al 8 por ciento de la inversión subvencionable aceptada para las partidas de Obra Civil, Bienes de Equipo e instalaciones proyectadas.

g) Otras inversiones en activos fijos materiales.

h) Activos inmateriales. Las inversiones inmateriales, en el caso de grandes empresas, no podrán rebasar el 25 por ciento de la base calculada como la suma de las partidas de terrenos, edificios y equipamiento de la inversión subvencionable. Se consideran incluidos en este apartado de activos inmateriales los gastos ligados a patentes, o licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados o conocimientos técnicos no patentados.

2. Los Activos Inmateriales deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Serán explotados únicamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda regional.

b) Serán considerados como elementos del activo amortizables.

c) Serán adquiridos a un tercero a las condiciones de mercado.

d) Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento del beneficiario de la ayuda durante un período mínimo de cinco años.

3. Para la cuantificación de los conceptos antes señalados, se establecen los criterios que se contienen en el anexo V de esta orden. En ningún caso se podrán considerar como subvencionables los gastos relativos a impuestos, licencias y tasas.

4. La inversión subvencionable considerada a efectos de ayuda deberá materializarse en activos de primer uso o de primera adquisición, y deberá mantenerse durante un mínimo de cinco años.

5. Para aquellos proyectos de creación de empresas, asociados y posteriores a la extinción o disolución previa de otras empresas o sociedades con idéntica razón social o actividad productiva, se considerará como inversión, a efectos de ayuda, la inversión neta generada, calculada como la diferencia entre la inversión derivada del proyecto y la desinversión a que dé lugar la extinción o disolución de una empresa o sociedad existente con anterioridad. No serán subvencionables los casos de traslados de empresas.

Vigésimo. Propuesta de resolución y aceptación de subvenciones.

1. Si como consecuencia de la evaluación de la solicitud, la propuesta de resolución provisional fuese denegatoria, bien por falta de viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto o por efectos de la modulación de ayudas y priorización de proyectos señalada en el apartado duodécimo de esta orden, el Gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la notificará a los interesados.

2. Si como consecuencia de la evaluación de la solicitud la propuesta de resolución provisional fuera aprobatoria, el Gerente del Instituto la notificará a los interesados. En las convocatorias podrá determinarse que esta comunicación pueda sustituirse o complementarse con la publicación de una lista, que deberá recoger los aspectos más relevantes de las propuestas de resolución provisionales.

3. Las notificaciones, para los supuestos antes señalados, darán inicio al trámite de audiencia, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, se formulen las alegaciones que se estimen oportunas, y se presenten, cuando sea necesario, los documentos o justificantes pertinentes. La falta de alegaciones o de aceptación expresa, en el plazo establecido, se entenderá como una aceptación tácita de la propuesta de resolución provisional notificada y, en este caso, la propuesta de resolución provisional se elevará a definitiva.

4. La propuesta de resolución definitiva para la concesión de la ayuda será notificada a los interesados, debiendo éstos manifestar ante el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la aceptación de la misma, entendiéndose que se renuncia a la ayuda solicitada si no se hubiere manifestado de forma expresa y fehaciente dicha aceptación, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de la recepción de la propuesta.

Vigésimo primero. Resolución.

1. La resolución, debidamente motivada, concediendo o denegando la ayuda solicitada, se dictará por el Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras u órgano del Instituto en que haya delegado.

2. En la resolución de concesión se hará constar el nombre del beneficiario, proyecto o actuación a realizar, localización del mismo, importe de la inversión subvencionable a justificar, empleo nuevo a crear y empleo total a mantener, cuantía máxima de la subvención concedida, fechas máximas para cumplir los requisitos de inversión y creación del empleo y su mantenimiento, y cualquier otra condición que el órgano concedente pueda establecer, así como la obligación por parte del perceptor de la ayuda de expresar, en sus referencias al proyecto, que ha sido subvencionado con cargo al programa de reactivación económica de las zonas de la minería del carbón, desarrollado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El empleo a mantener se establecerá considerando los puestos de trabajo existentes a la fecha de la solicitud y el compromiso de creación de nuevos empleos que plantea el proyecto. En aquellos proyectos que se presenten como ampliaciones de otros ya subvencionados por el Instituto, deberá considerarse, en todo caso, también como empleo a mantener, el número de puestos de trabajo que ya fueron objeto de ayuda con la financiación del correspondiente proyecto de inversión.

3. La concesión de subvenciones con distribución plurianual estará condicionada, para los ejercicios posteriores al que se dicta la resolución, a la existencia de las correspondientes consignaciones presupuestarias y respetará lo establecido en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. La resolución de concesión podrá establecer condiciones técnicas, económicas y de creación de empleo de observancia obligatoria para la realización del proyecto o actuación subvencionable, así como la exigencia, en su caso, de presentación de informes periódicos sobre los resultados obtenidos, previsiones de explotación o cualquier otra información que se estime necesaria. Asimismo, establecerá la condición de que el beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 25 por ciento, bien mediante sus propios recursos o bien mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública.

5. La resolución se notificará al solicitante y pondrá fin a la vía administrativa.

Vigésimo segundo. Plazo de resolución de los procedimientos.

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los expedientes será de seis meses a partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, de acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Presupuestaria.

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Vigésimo tercero. Pago de las subvenciones concedidas.

1. El pago de las subvenciones objeto de esta orden deberá solicitarse por el beneficiario mediante escrito dirigido al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. En dicho escrito se informará de la finalización del proyecto dentro del período de tiempo determinado para su realización. Para tramitar el pago de la subvención deberán entregarse los documentos acreditativos de que la actividad objeto de la subvención ha sido efectivamente realizada en las condiciones que imponga la resolución, incluyendo los justificantes de gasto, con el fin de facilitar la certificación del cumplimiento de las mismas. El pago final de la ayuda no podrá realizarse hasta la plena justificación del total de las inversiones y gastos y del requisito de contribución financiera mínima del 25 por ciento.

2. No obstante lo anterior, para aquellos proyectos de inversión cuya ejecución exceda de un período de doce meses, los beneficiarios podrán solicitar pagos a cuenta sobre las inversiones realizadas en los años correspondientes.

Cuando se solicite un pago a cuenta, se presentará además una certificación parcial acreditativa del valor de la obra ejecutada, extendida por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras o, en su defecto, por la entidad colaboradora que haya firmado el Convenio a que se refiere el apartado decimosexto de esta orden siendo, no obstante, válida la certificación que haya sido utilizada para la percepción de los incentivos regionales de la Administración General del Estado o de la Administración de la comunidad autónoma para el mismo proyecto. Este pago a cuenta deberá ser garantizado en los mismos términos recogidos en el apartado vigésimo cuarto.2.

A efectos de liquidación de pago a cuenta, se entenderá como coste el valor de la inversión subvencionable ejecutada hasta la fecha de liquidación, que no se haya tomado en consideración en anteriores pagos a cuenta, según la programación aprobada.

3. El Instituto verificará el cumplimiento de la actuación subvencionada, comprobará que el importe de la subvención se ha aplicado a la concreta finalidad por la que fue concedida y que se ha producido la creación de empleo en las condiciones establecidas en la resolución. Para ello contará con las correspondientes certificaciones de cumplimiento de condiciones emitidas por las entidades colaboradoras.

4. Por lo que se refiere al pago a cuenta, cuando se trate del último pago, se realizarán por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras las actuaciones señaladas en el punto anterior.

5. Una vez realizada la correspondiente verificación técnico-económica del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión, se extenderá el acta de comprobación de realización del proyecto, que firmará un representante del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, un representante de la entidad colaboradora y otro del beneficiario de la subvención.

6. Firmada el acta de comprobación de realización del proyecto, deberá acreditarse que el beneficiario se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como aportarse una nueva declaración de otras ayudas, junto con la documentación acreditativa de la solicitud o concesión de las mismas, a los efectos de que el Instituto realice la actividad de control sobre límites de intensidad máxima de las ayudas previsto en el apartado séptimo de la orden.

7. Dado que uno de los requisitos para la concesión de subvención es el mantenimiento, al menos durante tres años, de los empleos generados, se exigirá, previo al pago, una vez finalizado el proyecto de inversión, la constitución de una garantía en la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas por la citada Caja (Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos) y con los requisitos establecidos por la misma, por el importe de la ayuda concedida e intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta el cumplimiento de la condición de mantenimiento del empleo señalado. La garantía será liberada tras la justificación de que dicha condición ha sido cumplida. Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 17.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, con objeto de realizar el seguimiento de los empleos generados, podrá solicitar las certificaciones de abono a la Seguridad Social con las cotizaciones de los trabajadores empleados por las empresas objeto de la subvención.

8. Para el pago de las subvenciones correspondientes a los proyectos financiados por «leasing», la garantía a constituir ante la Caja General de Depósitos, según lo establecido en el punto anterior, deberá serlo por el importe de la ayuda concedida e intereses de demora desde la fecha de abono de la ayuda hasta la fecha de ejercicio de la opción de compra, si ésta es posterior a la fecha fijada para el mantenimiento de los nuevos puestos de trabajo creados. La garantía será liberada tras la justificación de que todas las obligaciones impuestas por la resolución han sido cumplidas.

Vigésimo cuarto. Pago anticipado de las ayudas.

1. En el caso de proyectos de inversión empresarial de excepcional interés en función de la cuantía de la inversión y empleo previsto, previa petición del interesado, podrá ser autorizado, mediante resolución, el abono parcial de la ayuda concedida con anterioridad a la realización de la actuación, hasta el límite del 85 por ciento de lo que le correspondería percibir.

2. En el supuesto de concesión del pago anticipado, el beneficiario deberá presentar el original del resguardo de constitución de una garantía en la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero), y con los requisitos establecidos para las mismas, suficiente a juicio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por el importe de la ayuda concedida y anticipada, y los intereses de demora, desde el momento de la concesión del anticipo hasta el final del plazo establecido para la ejecución del proyecto y el mantenimiento del empleo comprometido. Se considerará interés de demora el previsto en el artículo 17.2 de la Ley General Presupuestaria.

La garantía será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que se han cumplido todas las condiciones fijadas en la resolución de concesión.

3. Para el cobro del resto de la ayuda, una vez deducido el anticipo máximo del 85 por ciento regulado en el párrafo anterior, el beneficiario deberá presentar ante el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la documentación que se señala en el apartado vigésimo tercero de esta orden, siguiendo el procedimiento establecido en sus apartados 3, 5, 6, 7 y 8.

Vigésimo quinto. Modificaciones de condiciones establecidas.

1. Considerando que los proyectos presentados pueden plantear la necesidad de realizar cambios a lo largo de su ejecución, que puedan afectar a las condiciones establecidas, los beneficiarios podrán solicitar al Instituto modificaciones de las mismas, en los siguientes términos:

a) Si se trata de modificaciones de plazos, las solicitudes deberán ser formalizadas antes del vencimiento del plazo que se pretenda modificar. En estos casos, el Instituto revisará, si es preciso, las cuantías de las cantidades garantizadas mediante el depósito del aval en la Caja General de Depósitos, al objeto de requerir la aportación de una nueva garantía complementaria que cubra la posible ampliación del plazo establecido.

b) Si se trata de modificaciones en la composición de las partidas de inversión subvencionable establecidas, no será necesaria la autorización del Instituto, y las Entidades Colaboradoras podrán recoger en sus certificados de cumplimiento de condiciones aquellos supuestos en que las modificaciones de los diversos capítulos no afecten al 10 por ciento de cada capítulo y que, en su conjunto, no incrementen la inversión subvencionable total aprobada. En todo caso, deberán respetarse las normas establecidas para la determinación de la inversión subvencionable. En el resto de supuestos, las solicitudes deberán ser expresamente autorizadas por el Instituto concedente de las ayudas.

c) Si se trata de modificaciones a la baja del empleo a crear comprometido por el proyecto, con carácter general se revisará igualmente a la baja la cuantía de la ayuda máxima aprobada, y sólo en circunstancias excepcionales podrá mantenerse dicha cuantía máxima, previo informe favorable del Comité de Evaluación de Proyectos, sobre la base de que la causa que pueda generar la disminución del empleo a crear no pueda ser imputable, exclusivamente, al beneficiario de la subvención y que aquella responda a situaciones especiales.

d) Cualquier otra modificación de condiciones o de la titularidad de los beneficiarios deberá ser aprobada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, previa solicitud del interesado. En ningún caso, como consecuencia de modificaciones aprobadas se podrá aprobar una inversión subvencionable y una ayuda superior a las inicialmente aprobadas.

e) Una vez firmada el Acta de Comprobación de los proyectos sólo será susceptible de modificación la fecha de finalización del compromiso de mantenimiento del empleo, sobre la base de la existencia de circunstancias que justifiquen la ampliación del período establecido, para facilitar su cumplimiento y asegurar la continuidad del proyecto.

Vigésimo sexto. Justificación.

1. El beneficiario de la subvención estará obligado a justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas, así como la realización de la actividad que determinó la concesión de la ayuda. La justificación se realizará mediante cuenta justificativa, y los documentos acreditativos deberán ser presentados, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad. Asimismo, quedará sometido a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

2. La ejecución de los proyectos deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones y plazos que se establezcan en la resolución de concesión. La justificación de los gastos subvencionables deberá adecuarse a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención, o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro, si procede, en las condiciones previstas en el artículo 37 de dicha Ley.

Vigésimo séptimo. Responsabilidad y régimen sancionador.-Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos a lo establecido en materia de reintegros, control financiero e infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones en la Ley General de Subvenciones.

Vigésimo octavo. Criterios de graduación del incumplimiento de condiciones.

1. En los supuestos de incumplimiento parcial o total de las condiciones establecidas en las Resoluciones de concesión se procederá a iniciar el procedimiento para la reducción o revocación de la ayuda en función de la relevancia del incumplimiento.

2. Se producirá la revocación total de la ayuda en aquellos casos en los que la realización final del proyecto, en las fechas máximas establecidas, no supere los requisitos mínimos establecidos en esta orden para la obtención inicial de la ayuda concedida.

3. En los supuestos de realización parcial de la inversión subvencionable establecida, se liquidará la ayuda definitiva, una vez acreditado el cumplimiento del requisito de creación de los puestos de trabajo comprometidos y establecida la ayuda máxima definitiva, en el mismo porcentaje de inversión subvencionable acreditada.

4. En los supuestos de incumplimiento parcial en la creación del empleo, se procederá a reducir la ayuda máxima aprobada en igual proporción al incumplimiento detectado. La nueva ayuda máxima que proceda fijar se liquidará en función de la inversión subvencionable ejecutada y acreditada.

5. El incumplimiento de la obligación de comunicar la obtención de otras subvenciones públicas o ayudas privadas será causa para la revocación parcial o total de la ayuda, en función de la cuantía de la ayuda obtenida por el proyecto y no notificada al Instituto.

6. El incumplimiento de la obligación de publicitar el origen de la financiación que apruebe el Instituto, con cargo a los programas de reactivación de las comarcas mineras, podrá dar lugar a la revocación total de la ayuda.

Vigésimo noveno. Cláusula de efecto suspensivo.-No obstante, las ayudas objeto de la presente orden no serán abonadas hasta que la Comisión Europea no autorice el régimen de ayudas que se establece. Asimismo, todos los proyectos de inversión presentados hasta ese momento deberán cumplir todos los requisitos y condiciones que se puedan establecer en la autorización de dicha institución comunitaria.

Disposición transitoria primera. Solicitudes pendientes de resolver formuladas al amparo de la Orden de 17 de diciembre de 2001.

Las solicitudes de ayudas formuladas al amparo de la Orden de 17 de diciembre de 2001, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, y que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta orden, se resolverán, en el caso de que se haya notificado propuesta de resolución, conforme a lo establecido en la referida Orden de 17 de diciembre de 2001, vigente en el momento de iniciarse el procedimiento de concesión.

Disposición transitoria segunda. Ayudas concedidas al amparo de la Orden de 17 de diciembre de 2001.

Las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 17 de diciembre de 2001, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, continuarán rigiéndose por lo dispuesto en dicha orden.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de las competencias exclusivas que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye al Estado.

Disposición final segunda. Aplicación y ejecución de esta orden.

Se faculta al Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, para que dicte las resoluciones necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de julio de 2006.-El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla Aguilera.

Municipios mineros afectados por la reestructuración de la minería de carbón

Municipios mineros afectados por la reestructuración de la minería de carbón

Municipios mineros afectados por la reestructuración de la minería de carbón

Municipios mineros afectados por la reestructuración de la minería de carbón

Criterios de puntuación y ponderación de priorización de los proyectos

Criterios de puntuación y ponderación de priorización de los proyectos

 

 


 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/2211/2006, de 4 de julio, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2007 a 2011. (BOE de 11 de julio de 2006).

El Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, por el que se establece la hora de verano, incorporó al ordenamiento español la Directiva 2000/84/CE, de 19 de enero de 2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano. Con esta norma se instauró un régimen de cambio de hora con vigencia indefinida, y por tanto sin necesidad de nuevas Directivas aplicables a un número limitado de años, como sucedió entre 1981 y 2001, ni tampoco de las correspondientes normas españolas de transposición.

El citado Real Decreto, en sus artículos 2 y 3, estableció que el período de la hora de verano comenzaría en España el último domingo del mes de marzo de cada año, a las dos de la madrugada (una hora menos en Canarias), momento en que la hora oficial española se adelantaría sesenta minutos; y que terminaría el último domingo de octubre de cada año a las tres de la madrugada (una hora menos en Canarias), momento en que la hora oficial española se retrasaría sesenta minutos.

Pero, además, el Real Decreto, «en aras de una mayor claridad en materia de tanta repercusión ciudadana», estableció en su artículo 5 que cada cinco años se publicaría un calendario con las fechas exactas del cambio de hora. La propia norma incluyó en un Anexo el primer calendario quinquenal válido para los años 2002 a 2006, ambos inclusive. Pero, para el siguiente y sucesivos períodos quinquenales, determinó que la publicación del calendario se haría por Orden del Ministro de la Presidencia, antes de que finalizase el período inmediatamente anterior.

Estando en curso el último año del período 2002-2006, parece oportuno publicar el calendario del quinquenio siguiente.

Dentro del propio ámbito normativo de la Unión Europea, la Directiva 2000/84/CE previó en su artículo 4 un mecanismo similar, en virtud del cual la Comisión publicaría cada cinco años una comunicación con el calendario correspondiente. La comunicación relativa al quinquenio 2007 a 2011 ha sido ya publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 14 de marzo de 2006.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Fechas de comienzo del período de la hora de verano.

1. El período de la hora de verano correspondiente a los años 2007 a 2011 comenzará en las fechas siguientes:

2007: domingo, 25 de marzo.

2008: domingo, 30 de marzo.

2009: domingo, 29 de marzo.

2010: domingo, 28 de marzo.

2011: domingo, 27 de marzo.

2. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, el comienzo del período de la hora de verano tendrá lugar a las dos horas de la madrugada (una hora menos en Canarias) de las fechas indicadas en el párrafo anterior. En ese momento la hora oficial española se adelantará sesenta minutos, por lo que ese día tendrá una duración oficial de veintitrés horas.

Artículo 2. Fechas de terminación del período de la hora de verano.

1. El período de la hora de verano correspondiente a los años 2007 a 2011 terminará en las fechas siguientes:

2007: domingo, 28 de octubre.

2008: domingo, 26 de octubre.

2009: domingo, 25 de octubre.

2010: domingo, 31 de octubre.

2011: domingo, 30 de octubre.

2. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, la terminación del período de la hora de verano tendrá lugar a las tres horas de la madrugada (una hora menos en Canarias) de las fechas indicadas en el párrafo anterior. En ese momento la hora oficial española se retrasará sesenta minutos, por lo que ese día tendrá una duración oficial de veinticinco horas.

Madrid, 4 de julio de 2006.-La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega y Sanz.

 

 


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(BOE de 14 julio de 2006)(Ver texto completo).

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su disposición adicional primera que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará su calendario de aplicación. Según la disposición citada, dicho calendario tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley y en él se establecerá la implantación de los currículos de las enseñanzas correspondientes. Para ello, el calendario incluye, asimismo, la extinción gradual de los planes de estudios en vigor y la equivalencia de los títulos académicos.

El calendario concede prioridad a la implantación de las etapas educativas que constituyen la educación básica (educación primaria y educación secundaria obligatoria) y a las medidas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para mejorar los resultados en estas etapas educativas, reducir el fracaso escolar y promover la equidad del sistema. Con la misma finalidad, el calendario incluye un razonable margen de flexibilidad para que las Administraciones educativas anticipen la implantación del primer ciclo de la educación infantil y los programas de cualificación profesional inicial. Asimismo el calendario vincula a la ordenación académica de las nuevas enseñanzas la implantación de las previsiones de la Ley en materia de evaluación, promoción y obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria y anticipa los requisitos para la incorporación del alumnado a los programas de diversificación curricular.

El calendario tiene por objeto, en fin, proporcionar a los diferentes sectores de la comunidad escolar una referencia clara sobre la que orientar sus expectativas y planificar su gestión en el horizonte temporal de cinco años en el que se plantea.

En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de junio de 2006,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El calendario de aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que tendrá un ámbito temporal de cinco años, se regirá por lo dispuesto en este real decreto.

Artículo 2. Ámbito.

La implantación de las nuevas enseñanzas, la extinción gradual de los planes de estudios en vigor y la equivalencia, a efectos académicos, de las enseñanzas se ajustarán al calendario que establece este real decreto.

CAPÍTULO II

Educación infantil

Artículo 3. Enseñanzas mínimas e implantación.

1. Antes del 31 de diciembre del año 2006, el Gobierno fijará las enseñanzas mínimas a las que se refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en relación con el segundo ciclo de la educación infantil. Antes de la fecha de implantación del primer ciclo de la educación infantil y, en todo caso, antes del 31 de diciembre del año 2007, las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. En el año académico 2008-2009, las Administraciones educativas implantarán las enseñanzas correspondientes al primer y segundo ciclo de la educación infantil y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes al primer y segundo ciclo de la educación infantil definidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo y las enseñanzas de preescolar definidas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, en aquellos casos en que, conforme al artículo 2.2 del Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, hubieran sido implantadas anticipadamente por las Administraciones educativas.

3. Las Administraciones educativas podrán anticipar al año académico 2007-2008 la implantación de las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de la educación infantil.

Artículo 4. Requisitos de los centros de primer ciclo de educación infantil.

Antes de la fecha de implantación del primer ciclo de la educación infantil y, en todo caso, antes del 31 de diciembre del año 2007, se establecerán los requisitos que deben cumplir los centros que atiendan a niños menores de tres años, de acuerdo con el artículo 14.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CAPÍTULO III

Educación primaria

Artículo 5. Enseñanzas mínimas e implantación.

1. Antes del 31 de diciembre del año 2006, quedarán fijadas las enseñanzas mínimas a las que se refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en relación con la educación primaria.

2. En el año académico 2007-2008, se implantarán, con carácter general, las enseñanzas correspondientes a los cursos 1.º y 2.º de la educación primaria regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a los cursos 1.º y 2.º de la educación primaria regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

3. En el año académico 2008-2009, se implantarán, con carácter general, las enseñanzas correspondientes a los cursos 3.º y 4.º de la educación primaria regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a los cursos 3.º y 4.º de la educación primaria regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

4. En el año académico 2009-2010, se implantarán, con carácter general, las enseñanzas correspondientes a los cursos 5.º y 6.º de la educación primaria regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a los cursos 5.º y 6.º de la educación primaria regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 6. Informe de aprendizaje.

1. A partir del año académico 2009-2010, cada alumno dispondrá al finalizar la educación primaria de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según dispongan las Administraciones educativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. Desde el año académico 2006-2007 y hasta el año académico 2008-2009 inclusive, las Administraciones educativas referirán dicho informe al aprendizaje y a los objetivos alcanzados por cada alumno.

Artículo 7. Evaluación de diagnóstico.

A partir del año académico 2008-2009 se realizará en todos los centros docentes una evaluación de diagnóstico al finalizar el segundo ciclo de la educación primaria, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. Dicha evaluación será relativa a las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos y tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CAPÍTULO IV

Educación secundaria obligatoria

Artículo 8. Enseñanzas mínimas e implantación.

1. Antes del 31 de diciembre del año 2006, quedarán fijadas las enseñanzas mínimas a las que se refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en relación con la educación secundaria obligatoria.

2. En el año académico 2007-2008 se implantarán, con carácter general, las enseñanzas correspondientes a los cursos 1.º y 3.º de la educación secundaria obligatoria reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a los cursos 1.º y 3.º de la educación secundaria obligatoria reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

3. En el año académico 2008-2009 se implantarán, con carácter general, las enseñanzas correspondientes a los cursos 2.º y 4.º de la educación secundaria obligatoria reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a los cursos 2.º y 4.º de la educación secundaria obligatoria reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 9. Implantación de la evaluación y promoción en la educación secundaria obligatoria.

1. La evaluación y promoción de los alumnos en la educación secundaria obligatoria reguladas en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se aplicarán a partir del año académico 2007-2008.

2. Hasta el final del año académico 2006-2007, la evaluación y promoción de los alumnos en la educación secundaria obligatoria se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 15 del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 10. Implantación de los requisitos de obtención del Título de graduado en educación secundaria obligatoria.

1. Los requisitos para la obtención del Título de graduado en educación secundaria obligatoria establecidos en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se aplicarán a partir del año académico 2007-2008.

2. A los efectos del apartado anterior, y hasta la implantación definitiva de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la mención a las competencias básicas y a los objetivos de la etapa se entenderá referida sólo a estos últimos.

3. Hasta el término del año académico 2006-2007, los alumnos que al finalizar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado los objetivos de la etapa obtendrán el título de graduado en educación secundaria obligatoria en las condiciones establecidas en el artículo 18.2 y 3 del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 11. Anticipación de los requisitos para realizar programas de diversificación curricular.

1. Hasta el término del año académico 2006-2007, los alumnos que hayan cursado el curso 2.º de la educación secundaria obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en esta etapa educativa, podrán incorporarse a un programa de diversificación curricular.

2. Hasta el término del año académico 2006-2007, las diversificaciones curriculares previstas en la educación secundaria obligatoria regulada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se realizarán conforme a lo previsto en la regulación de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 12. Programas de cualificación profesional inicial.

En el año académico 2008-2009 se implantarán los programas de cualificación profesional inicial y se dejarán de aplicar los programas de garantía social regulados en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. No obstante, las Administraciones educativas podrán anticipar al año académico 2007-2008 la implantación de los citados programas de cualificación profesional inicial.

Artículo 13. Evaluación de diagnóstico.

A partir del año académico 2008-2009 se realizará en todos los centros docentes una evaluación de diagnóstico al finalizar el curso 2.º de la educación secundaria obligatoria, de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. Dicha evaluación será relativa a las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos y tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 14. Equivalencias de títulos.

El título de graduado en educación secundaria establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, será equivalente, a todos los efectos, al título de graduado en educación secundaria obligatoria establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CAPÍTULO V

Bachillerato

Artículo 15. Enseñanzas mínimas e implantación.

1. Antes del 31 de diciembre del año 2006, quedarán fijadas las enseñanzas mínimas a las que se refiere el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en relación con el bachillerato, así como las modalidades, las materias específicas y el número de éstas que se cursarán en esta etapa educativa.

2. En el año académico 2008-2009 se implantarán, con carácter general, las enseñanzas correspondientes al curso 1.º de bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes al curso 1.º de bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

3. En el año académico 2009-2010 se implantarán, con carácter general, las enseñanzas correspondientes al curso 2.º de bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes al curso 2.º de bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

Artículo 16. Título de Bachiller.

El título de bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo será equivalente, a todos los efectos, al título de bachiller establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 17. Prueba de acceso a la universidad.

1. Antes de finalizar el año académico 2006-2007, el Gobierno establecerá las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta a las Comunidades Autónomas e informe previo del Consejo de Coordinación Universitaria y del Consejo Escolar del Estado, en el ámbito de sus competencias.

2. Las Administraciones educativas organizarán la prueba de acceso a la universidad establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a partir del año académico 2009-2010 para los alumnos que hayan cursado las enseñanzas de bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3. A partir del 1 de junio del año 2007 podrán acceder a la universidad, sin necesidad de realizar la prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea y que hayan suscrito Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, así como los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea. En ambos casos, los alumnos deberán cumplir los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.

4. Hasta el 30 de septiembre del año 2009, los alumnos que hayan cursado las enseñanzas de bachillerato reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, realizarán las pruebas de acceso a la universidad conforme a la normativa que fuera de aplicación en la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según establece la disposición transitoria undécima de dicha ley.

5. Hasta el 30 de septiembre del año 2007, las pruebas de acceso para los alumnos que hayan cursado estudios extranjeros homologados al título de bachiller y que provengan de sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea ni con los cuales se hubieran suscrito Acuerdos internacionales en régimen de reciprocidad, se regirán por lo establecido en la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y la Orden de 4 de mayo de 1994. A partir del año académico 2007-2008 las pruebas de acceso a la universidad para dichos alumnos se regirán por lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CAPÍTULO VI

Formación profesional

Artículo 18. Currículos e implantación de las titulaciones.

1. Antes del 31 de diciembre del año 2006 quedará regulada la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema educativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

2. La implantación de las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional y de los respectivos nuevos currículos comenzará en el año académico 2007-2008 y deberá completarse dentro del plazo de aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sin perjuicio de su actualización permanente de acuerdo con las exigencias del Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

3. En tanto no se produzca la implantación regulada en el párrafo anterior, seguirán vigentes las titulaciones y los currículos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. En la regulación de las titulaciones y los aspectos básicos de los currículos respectivos se incluirá las correspondencias entre las nuevas enseñanzas y las enseñanzas que se extinguen.

Artículo 19. Pruebas de acceso.

Las pruebas que organicen las Administraciones educativas para acceder en el año académico 2007-2008 y siguientes a las enseñanzas de formación profesional se regirán por lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CAPÍTULO VII

Enseñanzas artísticas

Artículo 20. Implantación de las enseñanzas elementales de música y danza.

1. En el año académico 2007-2008 se implantarán con carácter general las enseñanzas elementales de música y de danza. Las Administraciones educativas podrán anticipar dicha implantación al año académico 2006-2007 y, en todo caso, regularán el proceso de sustitución de las enseñanzas vigentes hasta ese momento.

2. Las certificaciones acreditativas del grado elemental de música y danza que se extinguen tendrán los mismos efectos que los propios de las certificaciones que pudieran establecer las Administraciones educativas para las nuevas enseñanzas elementales.

Artículo 21. Implantación de las enseñanzas artísticas profesionales.

1. En el año académico 2007-2008 se implantarán los cuatro primeros cursos de las enseñanzas profesionales de música y de danza y quedarán extinguidos los dos primeros ciclos de las enseñanzas de grado medio vigentes hasta ese momento.

2. En el año académico 2008-2009 se implantarán los cursos quinto y sexto de las enseñanzas profesionales de música y de danza y quedará extinguido el tercer ciclo de las enseñanzas de grado medio vigentes hasta el momento.

3. La implantación de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y de diseño de grado medio se iniciará en el año académico 2007-2008 y la de las enseñanzas de grado superior en el año académico 2008-2009. A partir de dichas fechas se dejará de impartir el respectivo primer curso de las enseñanzas vigentes hasta el momento, realizándose progresivamente curso a curso la extinción de las mismas. No obstante lo anterior, los alumnos que hayan superado todos los cursos y tengan pendiente la realización de la obra final o el proyecto final para la obtención del título correspondiente, podrán finalizar el ciclo formativo conforme el plan de estudios iniciado, en los dos años académicos siguientes a la extinción del último curso.

4. La incorporación del alumnado procedente del sistema que se extingue a los diferentes cursos de las enseñanzas artísticas profesionales reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se hará de acuerdo con el cuadro de equivalencias que se acompaña como Anexos I, II y III a este real decreto.

Artículo 22. Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas deberá estar constituido antes del 30 de abril del año 2007.

Artículo 23. Estructura y contenidos de los estudios de las enseñanzas artísticas superiores.

La estructura y el contenido básicos de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores, en los términos establecidos en los artículos 46 y 58 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, deberán estar definidos de manera que su implantación progresiva se haya completado en el plazo establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CAPÍTULO VIII

Enseñanzas de idiomas

Artículo 24. Implantación de las enseñanzas de idiomas.

1. Antes del 31 de diciembre del año 2006, quedarán fijadas las enseñanzas mínimas de las enseñanzas de idiomas así como los efectos de los certificados que se expidan.

2. En el año académico 2007-2008 se implantará con carácter general el nivel básico de las enseñanzas de idiomas, con las características y la organización que las Administraciones educativas determinen.

3. El nivel intermedio de las enseñanzas de idiomas se implantará en el año académico 2007-2008 y el nivel avanzado en el año académico 2008-2009. La incorporación del alumnado procedente de las enseñanzas que se extinguen al nuevo sistema se hará de acuerdo con el cuadro de equivalencias que establezca el real decreto que fije las enseñanzas mínimas de las enseñanzas de idiomas.

Artículo 25. Enseñanzas de idiomas durante el año académico 2006-2007.

1. Durante el año académico 2006-2007, las Administraciones podrán impartir las enseñanzas reguladas en el Real Decreto 423/2005, de 18 de abril, que fija las enseñanzas comunes del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las reguladas en el Real Decreto 1523/1989, de 1 de diciembre, que establece los contenidos mínimos del primer nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas, y en el Real Decreto 47/1992, de 24 de enero, que establece los contenidos mínimos de las enseñanzas especializadas de las lenguas españolas.

1. Asimismo, las Administraciones en cuyo ámbito se estuvieran impartiendo durante el año académico 2005-2006 enseñanzas del nivel básico reguladas por el Real Decreto 423/2005, de 18 de abril, que fija las enseñanzas comunes del nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, podrán implantar en el año académico 2006-2007 un currículo provisional de enseñanzas de nivel intermedio que, en su momento, deberá ser sustituido por el que se establezca en aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

CAPÍTULO IX

Enseñanzas deportivas

Artículo 26. Ordenación general de las enseñanzas deportivas.

Antes del 30 de abril del año 2007, el Gobierno regulará la ordenación general de las enseñanzas deportivas, que sustituirá la ordenación establecida en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas mínimas.

Artículo 27. Implantación de las nuevas titulaciones de enseñanzas deportivas.

1. Antes del 31 de diciembre del año 2007, el Gobierno iniciará el establecimiento de las nuevas titulaciones correspondientes a los estudios de enseñanzas deportivas, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas y los requisitos mínimos de los centros en los que se impartan las enseñanzas respectivas.

2. La regulación de las titulaciones respectivas incluirá las correspondencias, a todos los efectos, entre las nuevas enseñanzas y las que se extinguen.

CAPÍTULO X

Educación de personas adultas

Artículo 28. Pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

1. A partir del año académico 2008-2009, las Administraciones educativas, al organizar las pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de graduado en educación secundaria obligatoria, referirán dichas pruebas, en todo caso, a los objetivos y las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Hasta el término del año académico 2007-2008, las Administraciones educativas convocarán pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria para personas mayores de dieciocho años, de acuerdo con el sistema establecido en el Real Decreto 135/2002, de 1 de febrero, que establece las condiciones básicas que rigen las pruebas previstas en el artículo 52.3 la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, para la obtención del título en graduado en Educación Secundaria para las personas mayores de dieciocho años.

2. A partir del año académico 2008-2009, las Administraciones educativas, al organizar las pruebas para que personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de bachiller, referirán dichas pruebas, en todo caso, a los objetivos y las enseñanzas mínimas del bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3. En el caso de las pruebas para la obtención de títulos de técnico y de técnico superior de formación profesional, las Administraciones educativas referirán dichas pruebas a las nuevas titulaciones y currículos a medida que estos se vayan implantando en función de lo previsto en el artículo 18 de este real decreto.

Disposición adicional primera. Certificado de Aptitud Pedagógica.

Las Administraciones educativas podrán seguir organizando las enseñanzas conducentes al Certificado de Aptitud Pedagógica, que será equivalente a la formación pedagógica establecida en el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, hasta tanto se regule para cada enseñanza.

Disposición adicional segunda. Acceso a la universidad sin necesidad de realizar prueba.

El Ministerio de Educación y Ciencia regulará con la suficiente antelación las condiciones necesarias para aplicar lo dispuesto en el artículo 17 apartado 3 de este real decreto.

Disposición adicional tercera. Equivalencia de la formación profesional específica y la formación profesional inicial.

La formación profesional específica de grado medio y de grado superior regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo equivale, a todos los efectos, a la formación profesional inicial de grado medio y de grado superior regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Disposición adicional cuarta. Adaptación de los centros de primer ciclo de infantil a los nuevos requisitos.

Los centros que atiendan a niños menores de tres años y que no estén autorizados como centros de educación infantil, o lo estén como centros de educación preescolar, dispondrán de tres años para adaptarse a los requisitos que se establezcan a partir de la entrada en vigor de su regulación específica.

Disposición adicional quinta. Promoción de un curso del sistema que se extingue a otro del nuevo sistema.

El Ministerio de Educación y Ciencia regulará las condiciones de promoción desde un curso del sistema que se extingue a otro del nuevo sistema, cuando aquél no hubiera sido superado en su totalidad.

Disposición transitoria primera. Vigencia del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.

Hasta el término del año académico 2006-2007, la evaluación, promoción y las condiciones de obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria se regulará por lo establecido en los artículos 13, 15 y 18.2 y 3 del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.

Disposición transitoria segunda. Modificación de los conciertos.

1. Los conciertos, convenios o subvenciones aplicables a los centros de educación preescolar y a los centros de educación infantil se referirán a las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil y a las de segundo ciclo de educación infantil respectivamente a partir de la fecha de implantación de dichas enseñanzas.

2. Los conciertos, convenios o subvenciones para los programas de garantía social se referirán a programas de cualificación profesional inicial a partir de la fecha de implantación de dichos programas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 827/2003 por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Real Decreto 829/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Infantil.

Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Primaria.

Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo establecido la disposición transitoria primera de este real decreto.

Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato.

Real Decreto 1741/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la prueba general de Bachillerato.

Real Decreto 118/2004, de 23 de enero, por el que se regula el Título de Especialización Didáctica.

Real Decreto 1538/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen las especialidades básicas de inspección educativa.

Real Decreto 1472/2004, de 18 de junio, por el que se amplía el plazo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1538/2003 por el que se establecen las especialidades básicas de inspección educativa.

Igualmente, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española, la disposición adicional primera.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en virtud de la habilitación que confiere al Gobierno la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su disposición adicional primera, tiene carácter de norma básica.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo.

Corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de lo que dispongan las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 30 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Educación y Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

 

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