Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Normativa sobre Políticas de Empleo

Reseñas MTIN Julio 2006


MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN TAS/2268/2006, de 11 de julio, por la que se delega y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos públicos dependientes. (BOE de 13 de julio de 2006).

El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo, por el que se establece el rango y las funciones de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, han configurado la nueva estructura y funciones de los órganos administrativos del Ministerio en desarrollo de la reestructuración departamental operada a través de los Reales Decretos 553/2004, de 17 de abril, y 562/2004, de 19 de abril.

Esta nueva configuración del Ministerio unida a las propias exigencias del desarrollo de la gestión implican que el régimen de delegación de competencias vigente en el mismo, recogido básicamente en la Orden de 21 de mayo de 1996 así como en otras disposiciones posteriores, resulte actualmente inadecuado, por lo que es preciso proceder a su reforma y unificación.

Se hace necesario, por tanto, revisar y actualizar la delegación de competencias en órganos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, articulando un nuevo marco para su ejercicio, que facilite el cumplimiento de los fines institucionales encomendados a cada órgano titular, procurando no alterar la lógica interna de la organización administrativa del Departamento.

En la presente Orden se incluyen las delegaciones de competencias del Ministerio en las que interviene su titular como órgano delegante o como órgano que efectúa la aprobación de las realizadas, mediante las correspondientes resoluciones, por órganos superiores o directivos en su calidad de superior jerárquico del órgano delegante o superior jerárquico común y contando, en su caso, con la previa aceptación o aprobación por parte de los órganos máximos de dirección de los Organismos públicos adscritos al Ministerio.

En el entendimiento de que la recopilación en un texto único facilita la labor de los órganos gestores, se ha decidido incluir también las delegaciones realizadas, mediante la oportuna resolución, por otros órganos del Departamento cuya aprobación no corresponde al Ministro, con la finalidad de cumplir el requisito de publicación previsto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la Disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el Artículo 20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dispongo:

CAPÍTULO I

Competencias delegadas por el Ministro

Artículo 1. Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Se delega en el Secretario de Estado de la Seguridad Social el ejercicio de las siguientes competencias:

1. Las atribuidas por el ordenamiento jurídico al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Entidades Colaboradoras y Entidades que actúen como sustitutorias de la Seguridad Social.

Se exceptúan de esta delegación:

a) Las competencias atribuidas al Ministro en virtud de los artículos 16, 29 y 36 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social.

b) Cualesquiera otras que se deleguen en otros órganos administrativos del Ministerio, así como de las Entidades Gestoras adscritas a la Secretaría de Estado y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Las atribuidas por el ordenamiento jurídico al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Patrimonio de la Seguridad Social.

3. El nombramiento y cese de los Subdirectores Generales, de otros puestos de trabajo de nivel 30, y de los Directores Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

4. La convocatoria y resolución de los concursos para la provisión de puestos de trabajo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina y de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto las competencias delegadas en la Subsecretaria en esta materia.

5. Las atribuidas por el ordenamiento jurídico al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de Seguridad Social.

6. La resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos contra las resoluciones dictadas por delegación por el Secretario de Estado de la Seguridad Social.

7. Las atribuidas al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales por los artículos 14 y 18 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, en materia de contraposición de intereses entre Entidades Gestoras o Servicios Comunes, e intervención en los procedimientos arbítrales.

8. La fijación de criterios para la evaluación del personal y para la distribución del complemento de productividad en relación con el personal destinado en las Entidades Gestoras, Servicios Comunes e Intervención General de la Seguridad Social.

9. La autorización previa para la celebración de contratos por parte de las Entidades Gestoras adscritas a la Secretaría de Estado y por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando la cuantía de los mismos sea superior a la fijada en la Disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

10. La potestad sancionadora en materia de subvenciones concedidas por el Instituto Social de la Marina en aquellos supuestos en que la misma corresponda al Ministro.

Artículo 2. Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

Se delega en la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad el ejercicio de las siguientes competencias:

1. El nombramiento y cese de los Subdirectores Generales y otros puestos de trabajo de nivel 30 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y del Real Patronato sobre Discapacidad.

2. La convocatoria y resolución de los concursos para la provisión de puestos de trabajo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y del Real Patronato sobre Discapacidad, excepto las competencias delegadas en la Subsecretaria en esta materia.

3. Las atribuidas al Ministro por el ordenamiento jurídico en materia de fundaciones benéfico-asistenciales y sobre discapacidad, relativas a:

a) La clasificación e inscripción de estas fundaciones, así como la inscripción de las fundaciones extranjeras, en su caso, y de la constitución de las cargas duraderas sobre bienes para la realización de fines de interés general.

b) La intervención del protectorado en la fusión y en la extinción de las fundaciones benéfico-asistenciales y sobre discapacidad.

c) Las acciones judiciales e intervención ante los juzgados y tribunales del protectorado del Gobierno sobre las fundaciones benéfico-asistenciales y sobre discapacidad.

4. La potestad sancionadora en materia de subvenciones concedidas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y por el Real Patronato sobre Discapacidad en aquellos supuestos en que la misma corresponda al Ministro.

5. La resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos contra las resoluciones dictadas por delegación por la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

6. La autorización previa para la celebración de contratos por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y del Real Patronato sobre Discapacidad, cuando la cuantía de los mismos sea superior a la fijada en la Disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Artículo 3. Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se delega en la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales el ejercicio de las siguientes competencias:

1. En materia de personal:

a) El nombramiento y cese de los Subdirectores Generales y la provisión de los demás puestos de trabajo de libre designación, cuando esta competencia corresponda al Ministro y no haya sido delegada en otros órganos.

b) La convocatoria y resolución de los concursos para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio y sus Organismos Autónomos, así como aquellos que excedan del ámbito competencial de una Secretaría de Estado.

c) El nombramiento y cese del personal eventual dependiente del Ministro.

d) La potestad disciplinaria por la comisión de faltas muy graves o graves de acuerdo con la legislación vigente.

e) El otorgamiento o la propuesta, en su caso, de premios y recompensas.

f) La fijación de los criterios para la evaluación del personal y para la distribución del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmente previstos, excepto aquellos supuestos expresamente delegados en otros órganos.

g) La convocatoria de las pruebas de acceso a los Cuerpos y Escalas del Estado, de los Organismos Autónomos y de la Administración de la Seguridad Social adscritos al Ministerio; la ejecución de lo acordado por el Gobierno para la convocatoria de pruebas unitarias de acceso a dichos Cuerpos y Escalas; el nombramiento de funcionarios en prácticas, así como la proposición de nombramiento de funcionarios de carrera.

h) La convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso del personal laboral.

i) La convocatoria y resolución de los procesos de promoción interna de personal laboral referidos a vacantes del Departamento.

j) La propuesta de aprobación y la modificación de las relaciones de puestos de trabajo.

k) La propuesta y ejecución de los planes de empleo del Ministerio y los Organismos públicos de él dependientes.

2. En materia de convenios de colaboración:

La celebración de convenios de colaboración o instrumentos análogos con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado y con entidades públicas, cuando la aportación del Ministerio o la cuantía de las obligaciones de contenido económico que asuma no exceda de 1.500.000 euros, así como aquellos que no impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico.

Se exceptúan de esta delegación los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y los delegados en otros órganos.

3. En materia de contratación:

a) La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, cuando el importe de la licitación supere los 450.000 euros. Asimismo, se delega la autorización previa para la celebración de contratos por los representantes legales de los Organismos Autónomos adscritos al Ministerio, cuando la cuantía de los mismos sea superior a la fijada en la Disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y esta facultad no esté expresamente delegada en otros órganos.

b) La de celebrar los contratos de suministro y de consultoría y asistencia y de servicios que afecten al ámbito de más de un órgano de contratación del Ministerio, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 182, párrafo g), y 210, párrafo f), del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, para la contratación de bienes y servicios declarados de uniformidad obligatoria para su utilización específica por los servicios del Ministerio.

4. En materia de gestión económica, financiera y presupuestaria:

a) La aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos, no atribuidas ni delegadas en otros órganos, que se tramiten con cargo a los presupuestos del Departamento y cuyo importe supere los 450.000 euros.

b) La aprobación o conformidad a las cuentas que el Ministerio haya de rendir al Tribunal de Cuentas a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

c) La aprobación de los expedientes de modificaciones presupuestarias en los casos en que la competencia corresponda al Ministro, excepto aquellos supuestos expresamente delegados en otros órganos.

d) La autorización de devoluciones de ingresos indebidos por importe superior a 30.500 euros.

e) La adopción de los acuerdos de compensación de deudas de naturaleza privada.

f) La autorización, previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, de la imputación a los créditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gasto adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico.

5. En materia de subvenciones:

a) La concesión, y demás facultades inherentes al órgano concedente, de subvenciones y compensaciones económicas a las centrales sindicales y organizaciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio, de los Organismos Autónomos y de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, así como a las centrales sindicales por otras actividades relativas al cumplimiento de sus fines.

b) La potestad sancionadora en materia de subvenciones en aquellos supuestos en que la misma corresponda al Ministro y no se encuentre delegada en otros órganos.

6. En materia de gestión patrimonial:

La solicitud al Ministerio de Economía y Hacienda de la afectación o el arrendamiento de bienes inmuebles así como todas aquellas competencias relativas al patrimonio, incluidos el Patrimonio Sindical y el de Organismos Autónomos, excepto aquellas delegadas en el Secretario de Estado de la Seguridad Social.

7. En relación con otras competencias:

a) La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y de los recursos extraordinarios de revisión, así como la solicitud del preceptivo dictamen al Consejo de Estado en ambos supuestos.

b) La disposición del cumplimiento de las sentencias dictadas en los recursos en que hubiera sido parte la Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como de las obligaciones económicas derivadas de las mismas, por importe superior a 30.500 euros, incluido el pago de costas.

c) Todas aquellas competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el ejercicio de la potestad sancionadora que deriven de la práctica de actas de infracción por obstrucción a la labor inspectora, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, así como la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra las resoluciones que las impongan.

d) La aprobación de la inclusión de publicaciones en el Programa Editorial del Ministerio por razones de necesidad y urgencia, a través del procedimiento excepcional previsto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de Ordenación de Publicaciones Oficiales.

e) La decisión sobre la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Ministerio.

f) Los actos de naturaleza administrativa en el exterior que sean competencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, excepto aquellos supuestos expresamente delegados en otros órganos.

g) Las relativas al régimen interno o a la gestión de los servicios administrativos y la gestión de personal que estén atribuidas por el ordenamiento jurídico al Ministro y no hayan sido expresamente delegadas en otros órganos.

Artículo 4. Secretario General de Empleo.

Se delega en el Secretario General de Empleo el ejercicio de las siguientes competencias:

1. En materia de subvenciones:

a) La concesión y demás facultades inherentes al órgano administrativo concedente de subvenciones, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos de las cantidades objeto de la subvención en las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social, o la asistencia económica extraordinaria a los trabajadores, derivada de procesos de reestructuración de empresas, por cuantía superior a 300.500 euros. Así como la subvención a la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) destinada a sufragar los gastos derivados de la remuneración de actividades de mediación y arbitraje y de los de funcionamiento de ésta.

b) La concesión y demás facultades inherentes al órgano administrativo concedente de subvenciones, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos de las cantidades objeto de la subvención en los programas de apoyo al empleo en cooperativas y sociedades laborales, actividades de promoción de la economía social, la responsabilidad social de la empresa y el autoempleo, y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social de ámbito estatal, por cuantía superior a 300.500 euros.

c) La potestad sancionadora en materia de subvenciones en aquellos supuestos en que la misma corresponda al Ministro cuando sean concedidas por los Organismos adscritos a la Secretaría General.

2. En relación con otras competencias:

a) La suscripción de convenios de cooperación y de colaboración, para la concesión de ayudas en relación con las competencias de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

b) Las relativas al ejercicio del protectorado de fundaciones laborales de competencia estatal.

c) La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra resoluciones del Director General del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de medidas de fomento de empleo, cuya cuantía no exceda de 60.100 euros.

d) La resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos contra las resoluciones dictadas por delegación por el Secretario General de Empleo.

e) Aquellas que el ordenamiento jurídico atribuye al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral, de empleo y prestaciones por desempleo y la revisión administrativa de los actos dictados en esta materia.

f) La revisión administrativa de los actos dictados en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de cooperativas.

g) La autorización previa para la celebración de contratos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Fondo de Garantía Salarial, cuando la cuantía de los mismos sea superior a la fijada en la Disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Artículo 5. Secretaria General de Políticas de Igualdad.

Se delega en la Secretaria General de Políticas de Igualdad el ejercicio de las siguientes competencias:

1. La concesión y demás facultades inherentes al órgano administrativo concedente de subvenciones, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos de las cantidades objeto de la subvención en el ámbito de la Secretaría General.

2. La potestad sancionadora en materia de subvenciones en su ámbito de competencias en aquellos supuestos en que la misma corresponda al Ministro.

3. La autorización previa para la celebración de contratos por parte del Instituto de la Mujer, cuando la cuantía de los mismos sea superior a la fijada en la Disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

4. La celebración de convenios de colaboración o instrumentos análogos con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado y con entidades públicas, en su ámbito de competencias y cuando la aportación del Ministerio o la cuantía de las obligaciones de contenido económico que asuma no exceda de 900.000 euros, así como aquellos que no impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico.

Se exceptúan de esta delegación los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y los delegados en otros órganos.

Artículo 6. Delegaciones en los órganos dependientes y organismos adscritos a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

1. Se delega en el Director General de Ordenación de la Seguridad Social el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de modificaciones presupuestarias en el ámbito de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

2. Se delega, con su previa aceptación, en el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social el ejercicio de las facultades que los instrumentos internacionales de seguridad social atribuyen al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de autorización de exenciones al principio general de la obligación de afiliación a la Seguridad Social del lugar de empleo para supuestos individualizados.

3. Se delega en el Subdirector General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos de la Intervención General de la Seguridad Social, en el Gerente de Informática de la Seguridad Social y en la Directora del Servicio Jurídico de la Seguridad Social, la concesión de gratificaciones por servicios extraordinarios a los funcionarios que los realicen fuera de la jornada reglamentaria, hasta un máximo de ochenta horas anuales por funcionario.

4. Se delega, previa aprobación del órgano máximo de dirección de cada Organismo, en los Secretarios Generales o Subdirectores Generales de las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social que tengan encomendada la gestión de personal, la concesión de las gratificaciones por servicios extraordinarios a los funcionarios que los realicen fuera de la jornada reglamentaria, hasta un máximo de ochenta horas anuales por funcionario. En el caso del personal destinado en las Intervenciones Delegadas en los servicios centrales de las Entidades Gestoras o de la Tesorería General de la Seguridad Social, dichas gratificaciones se concederán a propuesta de los Interventores Delegados.

5. Se delega, previa aprobación del órgano máximo de dirección de cada Organismo, en los Directores Provinciales de las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, la concesión de gratificaciones por servicios extraordinarios a los funcionarios destinados en su Dirección Provincial, que las realicen fuera de la jornada reglamentaria, hasta un máximo de ochenta horas anuales por funcionario.

Artículo 7. Delegaciones en los órganos dependientes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

Se delega en la Directora General de Inmigración el ejercicio de la competencia de resolución de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los Delegados del Gobierno en materia de extranjería.

Articulo 8. Delegaciones en los órganos dependientes de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.

1. Se delega en el Director General de Inclusión Social la resolución del procedimiento de reconocimiento de títulos de enseñanza superior de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que exigen una formación mínima de tres años de duración y que facultan para el ejercicio de la profesión de Diplomado/Diplomada en Trabajo Social en España.

2. Se delega en el Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad el ejercicio de las competencias de Protectorado en relación con las fundaciones benéfico-asistenciales y sobre discapacidad, excepto las delegadas en la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, y las de registro de las mismas en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.

Artículo 9. Delegaciones en los órganos dependientes de la Subsecretaría.

1. Se delega en el Secretario General Técnico el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La suscripción de aquellos acuerdos que, por aplicación de los Reglamentos de la Unión Europea en materia de coordinación de los sistemas de Seguridad Social, deban ser suscritos con otros Estados miembros en el ámbito de la legislación aplicable, cuando se refieran a determinadas categorías o colectivos de personas, y del reembolso de gastos de asistencia sanitaria, en los que por parte del otro Estado miembro u otros Estados miembros el instrumento normativo no es suscrito por una Autoridad del mismo rango que el titular del departamento, sino por una de rango inferior.

b) La resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral y de los recursos administrativos, salvo el extraordinario de revisión y los interpuestos contra resoluciones de la propia Secretaría General Técnica, excepto aquellos supuestos expresamente delegados en otros órganos.

2. Se delega en el Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la fijación de los criterios para la evaluación del personal y para la distribución del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmente previstos, en el ámbito de su competencia.

3. Se delega en la Subdirectora General de Recursos Humanos la provisión de puestos de trabajo de libre designación con nivel de complemento de destino 26 e inferiores, en los supuestos en que esta competencia corresponda al Ministro, dentro del ámbito del Ministerio y excluidas las Entidades Gestoras, los Organismos Autónomos y la Tesorería General de la Seguridad Social.

4. Se delega en el Subdirector General de Información Administrativa y Publicaciones la competencia relativa a la aprobación y compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la autorización de pagos en relación con el sistema de anticipo de caja fija de la Caja Pagadora del Centro de Publicaciones del Ministerio, con cargo a los créditos previamente autorizados y en relación con los fondos librados a justificar a favor de la misma Caja.

5. Se delega en los Subdirectores Generales de Planificación y Coordinación Informática, de Proceso de Datos, de la Oficialía Mayor, de Obras y Patrimonio, de Información Administrativa y Publicaciones, y de Estadísticas Sociales y Laborales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el ejercicio de las competencias relativas a la contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, cuando el importe de licitación no supere los 450.000 euros, excepto aquellos supuestos delegados expresamente en los Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales, en el Jefe de la Sección de Trabajo y Asuntos Sociales de Andorra y en los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

6. Se delega en la Subdirectora General de la Oficialía Mayor la legalización de documentos que hayan de surtir efecto en el extranjero.

7. Se delega en el Subdirector General de Administración Financiera el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos, no atribuidas ni delegadas en otros órganos, que se tramiten con cargo a los presupuestos del Departamento hasta un importe de 450.000 euros, y sin límite cuando correspondan a gastos que se deriven de la tramitación de retribuciones de personal que se imputen al capítulo I.

b) La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, cuando el importe de licitación no supere los 450.000 euros, y siempre que no esté expresamente delegada en otros órganos.

c) La autorización de devoluciones de ingresos indebidos, hasta un máximo de 30.500 euros.

d) La aprobación y disposición de gasto, el reconocimiento de obligaciones y la autorización de pagos en relación con el sistema de anticipos de caja fija de la Caja Pagadora General del Ministerio, con cargo a los créditos previamente autorizados.

e) La expedición de documentos contables necesarios para la reposición de fondos, la aprobación de las cuentas justificativas correspondientes y su remisión al Tribunal de Cuentas; todo ello en relación con el anticipo de caja fija de la Caja Pagadora General del Ministerio, de la Caja Pagadora del Centro de Publicaciones y de las Cajas Pagadoras de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

f) La disposición del cumplimiento de las obligaciones económicas, incluido el pago de costas, derivadas de sentencias dictadas en los recursos en que hubiera sido parte la Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hasta un máximo de 30.500 euros.

g) La aprobación y remisión al Tribunal de Cuentas de las cuentas justificativas de los pagos realizados con cargo a fondos librados a justificar a favor de las distintas cajas pagadoras del Ministerio, excepto las de los centros de migraciones.

h) La designación de los representantes del Ministerio en las comisiones de análisis de los programas alternativos de gastos.

8. Se delega en los Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales y en el Jefe de la Sección de Trabajo y Asuntos Sociales de Andorra, dentro de las consignaciones presupuestarias que se acuerden a su favor, el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos gestionados a través de libramientos expedidos a justificar con cargo a los créditos previamente autorizados.

b) La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, cuando la cuantía no supere los límites del contrato menor.

9. Se delega en los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las consignaciones presupuestarias que se acuerdan a su favor, el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y el pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de anticipo de caja fija, dentro de los créditos previamente autorizados.

b) La aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos gestionados a través de libramientos expedidos a justificar con cargo a los créditos autorizados.

c) La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, cuando la cuantía no supere los límites del contrato menor.

Artículo 10. Delegaciones en los órganos dependientes de la Secretaría General de Empleo.

1. Se delega en el Director General de Trabajo el ejercicio de las siguientes competencias:

a) La celebración de convenios de colaboración o instrumentos análogos con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado y con entidades públicas, en materia propia de su ámbito funcional, que no impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico.

Se exceptúan de esta delegación los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y los delegados en otros órganos.

b) La concesión y demás facultades inherentes al órgano administrativo concedente de subvenciones, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos de las cantidades objeto de la subvención en las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social, o la asistencia económica extraordinaria a los trabajadores, derivada de procesos de reestructuración de empresas, por cuantía de hasta 300.500 euros.

2. Se delega en el Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo el ejercicio de las siguientes competencias:

a) Las relacionadas con la condonación de los préstamos concedidos por el extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo y los que, tras su extinción, se concedieron para el mismo fin con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

b) La concesión y demás facultades inherentes al órgano administrativo concedente de subvenciones, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos de las cantidades objeto de la subvención en las ayudas de los programas de apoyo al empleo en cooperativas y sociedades laborales, actividades de promoción de la economía social, la responsabilidad social de la empresa y el autoempleo y para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social, por cuantía de hasta 300.500 euros.

c) La resolución de los recursos potestativos de reposición interpuestos contra las resoluciones dictadas por delegación por el Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.

d) La potestad sancionadora en materia de sociedades cooperativas en aquellos supuestos en que la misma corresponde al Ministro, incluida la descalificación.

Artículo 11. Delegaciones en Organismos públicos adscritos al Ministerio.

Se delega en los Subdirectores Generales y Secretarios Generales de las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad social, que tengan encomendada la gestión de personal, y en la Directora Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, previa aprobación del órgano máximo de dirección de cada Organismo y respecto del personal destinado en los mismos, la provisión de los puestos de trabajo de libre designación con nivel de complemento de destino 29 e inferiores, excepto la delegación efectuada en el Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Se delega en los Subdirectores Generales y Secretarios Generales de los Organismos Autónomos adscritos al Ministerio, que tengan encomendada la gestión de personal, previa aprobación del órgano máximo de dirección de cada Organismo y respecto del personal destinado en los mismos, la provisión de puestos de trabajo de libre designación con nivel de complemento de destino 29 e inferiores.

CAPITULO II

Competencias delegadas por los Secretarios de Estado de la Seguridad Social, de Inmigración y Emigración y de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad

Artículo 12. Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se aprueba la delegación de los Secretarios de Estado de la Seguridad Social, de Inmigración y Emigración, y de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, en la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos, no atribuidas ni delegadas en otros órganos, que se tramiten con cargo a los capítulos I, II, III, VI y VIII de los presupuestos de las Secretarías de Estado y cuyo importe supere los 450.000 euros.

En relación con el capítulo II, sólo se incluirán los gastos relacionados con el ejercicio de las funciones que el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, atribuye a la Subsecretaría.

2. La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, relacionada con el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas la Subsecretaría en el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, cuando el importe de la licitación supere los 450.000 euros.

Artículo 13. Subdirector General de Administración Financiera.

Se aprueba la delegación de los Secretarios de Estado de la Seguridad Social, de Inmigración y Emigración, y de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, en el Subdirector General de Administración Financiera, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de ordenación de pagos, no atribuidas ni delegadas en otros órganos, que se tramiten con cargo a los capítulos I, II, III, VI y VIII de los presupuestos de las Secretarías de Estado, hasta un importe de 450.000 euros, y sin límite cuando correspondan a gastos que se deriven de la tramitación de retribuciones de personal que se imputen al Capítulo I.

En relación con el capítulo II, sólo se incluirán los gastos relacionados con el ejercicio de las funciones que el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, atribuye a la Subsecretaría.

2. La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, en materias que sean competencia de la Subsecretaría y siempre que no estén atribuidas o delegadas en otros órganos, cuando el importe de la licitación no supere los 450.000 euros.

Artículo 14. Delegaciones en otros órganos dependientes de la Subsecretaría.

Se aprueba la delegación de los Secretarios de Estado de la Seguridad Social, de Inmigración y Emigración y de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, en los Subdirectores Generales de Planificación y Coordinación Informática, de Proceso de Datos, de la Oficialía Mayor, de Obras y Patrimonio, de Información Administrativa y Publicaciones, y de Estadísticas Sociales y Laborales, del ejercicio de las competencias relativas a la contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, en sus respectivos ámbitos de actuación, cuando el importe de licitación no supere los 450.000 euros, excepto los supuestos expresamente delegados en los Directores de los Centros de Migraciones.

CAPÍTULO III

Competencias delegadas por el Secretario de Estado de la Seguridad Social

Artículo 15. Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Se aprueba la delegación del Secretario de Estado de la Seguridad Social en la Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La contenida en el artículo 4.1.c) del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, para autorizar el allanamiento frente a las pretensiones ejercitadas contra la Administración de la Seguridad Social, en el ámbito de sus Entidades Gestoras y Servicios Comunes; el desistimiento de las acciones deducidas por el letrado de la Administración de la Seguridad Social; el desistimiento de recursos y el apartamiento de querellas por el letrado de la Administración de la Seguridad Social, previo informe, en todos los casos, de la Entidad Gestora o Servicio Común correspondiente.

2. La establecida en el párrafo segundo del artículo 14.1 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de elevar su criterio al órgano competente en cuanto a la postulación a asumir por el letrado de la Administración de la Seguridad Social en los supuestos de contraposición de intereses entre Entidades Gestoras o Servicios Comunes.

3. La prevista en el artículo 18 del Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, para que los letrados de la misma puedan asumir la representación y defensa de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en procedimientos arbitrales.

Artículo 16. Director General de Ordenación de la Seguridad Social.

Se aprueba la delegación del Secretario de Estado de la Seguridad Social en el Director General de Ordenación de la Seguridad Social, del ejercicio de la competencia para la celebración de convenios en materia de promoción de la investigación y aquellos que se refieran a la utilización de datos de Seguridad Social para fines estadísticos o científicos.

Artículo 17. Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Se aprueba la delegación del Secretario de Estado de la Seguridad Social, con su previa aceptación, en el Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social del ejercicio de las funciones atribuidas a aquel en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social y demás disposiciones sobre la materia a excepción de la relativa a la exención de garantías para aplazamientos a que se refiere el artículo 33.4.d) del citado Reglamento, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

CAPÍTULO IV

Competencias delegadas por la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración

Artículo 18. Directora General de Inmigración.

Se aprueba la delegación de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración en la Directora General de Inmigración del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La celebración, en materias relacionadas con su ámbito de actuación, de convenios de colaboración o instrumentos análogos con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado y con entidades públicas, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes, cuando la aportación del Ministerio o la cuantía de las obligaciones de contenido económico que asuma no exceda de 900.000 euros, así como de aquellos que no impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico.

2. La concesión de ayudas, subvenciones y prestaciones que se establezcan en materias propias de su ámbito funcional de actuación y demás facultades inherentes al órgano administrativo concedente y, en su caso, la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes.

3. La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, incluida la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes, en materias propias de su competencia.

Artículo 19. Directora General de Integración de los Inmigrantes.

Se aprueba la delegación de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración en la Directora General de Integración de los Inmigrantes del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La celebración, en materias relacionadas con su ámbito de actuación, de convenios de colaboración o instrumentos análogos con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado y con entidades públicas, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes, cuando la aportación del Ministerio o la cuantía de las obligaciones de contenido económico que asuma no exceda de 900.000 euros, así como de aquellos que no impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico.

2. La concesión de ayudas, subvenciones y prestaciones que se establezcan en materias propias de su ámbito funcional de actuación y demás facultades inherentes al órgano administrativo concedente y, en su caso, la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes.

3. La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, incluida la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes, en materias propias de su competencia.

Artículo 20. Director General de Emigración.

Se aprueba la delegación de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración en el Director General de Emigración del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La celebración, en materias relacionadas con su ámbito de actuación, de convenios de colaboración o instrumentos análogos con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado y con entidades públicas, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes, cuando la aportación del Ministerio o la cuantía de las obligaciones de contenido económico que asuma no exceda de 900.000 euros, así como de aquellos que no impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico.

2. La concesión de ayudas, subvenciones y prestaciones que se establezcan en materias propias de su ámbito funcional de actuación y demás facultades inherentes al órgano administrativo concedente y, en su caso, la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes, excepto las competencias delegadas en esta materia en los Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales y en el Jefe de la Sección de Trabajo y Asuntos Sociales de Andorra.

3. La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, incluida la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes, en materias propias de su competencia.

Artículo 21. Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales y Jefe de la Sección de Trabajo y Asuntos Sociales de Andorra.

Se aprueba la delegación de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración en los Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales y en el Jefe de la Sección de Trabajo y Asuntos Sociales de Andorra de la concesión de ayudas para la promoción educativa en el exterior de los emigrantes españoles, de las ayudas y subvenciones a instituciones para actividades asistenciales y culturales así como de las ayudas y subvenciones a instituciones radicadas en el exterior para obras y equipamiento, establecidas en los correspondientes programas de actuación a favor de los emigrantes españoles no residentes en España, en la cuantía que se determine en las órdenes por las que se establecen las bases reguladoras para su concesión y, en su caso, la aprobación, el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y los pagos correspondientes, con cargo a los libramientos a justificar aprobados por la autoridad competente.

Artículo 22. Directores de los Centros de Migraciones.

Se aprueba la delegación de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración en los Directores de los Centros de Migraciones del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La contratación, con las facultades inherentes al órgano de contratación establecidas en la normativa vigente, así como la aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de los pagos correspondientes, dentro de los créditos asignados a los centros de migraciones, respecto de los siguientes tipos de contratos:

a) Contratos de obras, cuyo presupuesto inicial por contrato no exceda de 60.100 euros.

b) Contratos de consultoría y asistencia, de servicios y de suministro, cuyo presupuesto inicial por contrato no exceda de 30.500 euros.

c) Contratos de suministro que tengan por objeto la adquisición de productos consumibles, perecederos o de fácil deterioro, cuyo presupuesto inicial sea inferior a 60.100 euros.

2. La aprobación y el compromiso de gasto, el reconocimiento de las obligaciones y los pagos correspondientes en relación con el sistema de anticipos de caja fija, el ejercicio de la competencia de expedición de los correspondientes documentos contables y cuantos actos hagan posible la reposición de fondos en las cuentas justificativas de anticipos de caja fija, la aprobación de las cuentas justificativas correspondientes y su remisión al Tribunal de Cuentas. Todo ello, en relación con las funciones propias de los Centros de Migraciones.

3. La concesión de las ayudas económicas a los beneficiarios de los centros de migraciones, así como la competencia de dar la orden de pago de las mismas, tramitadas con cargo a los créditos asignados por el procedimiento de pagos a justificar.

CAPÍTULO V

Competencias delegadas por la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad

Artículo 23. Directores Generales de Inclusión Social, de las Familias y de la Infancia, y de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad.

Se aprueba la delegación de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad en los Directores Generales de Inclusión social, de las Familias y de la Infancia, y de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, del ejercicio de las competencias de aprobación y compromiso de gasto, el reconocimiento de obligaciones y la propuesta de ordenación de pagos de los gastos de los Capítulos II, IV y VII del Presupuesto de la Secretaría de Estado, relacionados con el ejercicio de las funciones que le atribuye, a cada uno de ellos, el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio.

CAPÍTULO VI

Competencias delegadas por la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales

Artículo 24. Secretario General Técnico.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en el Secretario General Técnico de la designación de las comisiones de servicio en el extranjero, con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas, de los expertos cooperantes del Ministerio, previa conformidad de la dependencia en la que preste sus servicios el afectado y dentro de los programas de cooperación aprobados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Artículo 25. Directores Generales y Directores de Gabinete del Ministerio.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en los Directores Generales del Ministerio y en los Directores de los Gabinetes, o titulares de unidades que tengan atribuida dicha función, de los Secretarios de Estado, de la Subsecretaria y de los Secretarios Generales, en relación con el personal dependiente directamente de los mismos o, en su caso, de unidades de nivel inferior a Dirección General, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La designación de las comisiones de servicio en el interior con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas, con las siguientes particularidades:

a) En el supuesto del Director del Gabinete del Ministro se incluirán también las del personal de la Secretaría del Ministro.

b) En el supuesto del Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se exceptuarán las delegaciones realizadas en los Directores Territoriales y Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

2. La designación de las comisiones de servicio en el extranjero con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas excepto las delegadas en otros órganos, dando cuenta a la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo máximo de quince días.

3. En el supuesto del Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaria, se incluirán también las del personal destinado en las Subdirecciones Generales dependientes directamente de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales.

Artículo 26. Subdirector General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos de la Intervención General de la Seguridad Social.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en el Subdirector General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos de la Intervención General de la Seguridad Social del ejercicio de las siguientes competencias:

1. Respecto del personal destinado en la Intervención General de la Seguridad Social y dentro del ámbito de la misma:

a) El reconocimiento de los servicios previos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

b) La declaración de las jubilaciones voluntarias de los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio.

2. Respecto del personal destinado en los servicios centrales de la Intervención General de la Seguridad Social:

a) Potestad disciplinaria por faltas leves.

b) La contratación del personal laboral dentro de los Planes de contratación aprobados por el Ministerio.

c) La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento.

d) La toma de posesión y el cese de los puestos de trabajo a que sean destinados.

e) La concesión de permisos y licencias.

f) La declaración de las jubilaciones forzosas y por incapacidad permanente para el servicio.

g) El reconocimiento de trienios.

h) El control del cumplimiento de jornadas y horarios.

i) La adscripción provisional a un puesto de trabajo de los funcionarios que hayan sido cesados en puestos de libre designación, removidos de los obtenidos por concurso o cuyo puesto haya sido suprimido.

j) La concesión de excedencias voluntarias cuando no sean por interés particular.

k) El reconocimiento de las excedencias para el cuidado de hijos y familiares.

Artículo 27. Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y Gerente de Informática de la Seguridad Social.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en la Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y en el Gerente de Informática de la Seguridad Social, respecto del personal destinado en dichas unidades, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. El reconocimiento de los servicios previos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

2. La declaración de las jubilaciones voluntarias de los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio.

3. Potestad disciplinaria por faltas leves.

4. La contratación del personal laboral dentro de los Planes de contratación aprobados por el Ministerio.

5. La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento.

6. La toma de posesión y el cese de los puestos de trabajo a que sean destinados.

7. La concesión de permisos y licencias.

8. La declaración de las jubilaciones forzosas y por incapacidad permanente para el servicio.

9. El reconocimiento de trienios.

10. El control del cumplimiento de jornadas y horarios.

11. La adscripción provisional a un puesto de trabajo de los funcionarios que han sido cesados en puestos de libre designación, removidos de los obtenidos por concurso o cuyo puesto haya sido suprimido.

12. La concesión de excedencias voluntarias cuando no sean por interés particular.

13. El reconocimiento de las excedencias para el cuidado de hijos y familiares.

14. La designación de las comisiones de servicio en el interior con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas.

15. La designación de las comisiones de servicio en el extranjero con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas. De estas autorizaciones se dará cuenta a la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo máximo de 15 días.

Artículo 28. Subdirectora General de Recursos Humanos

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en la Subdirectora General de Recursos Humanos, sin perjuicio de aquellas delegadas en el Subdirector General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos de la Intervención General de la Seguridad Social, en la Directora del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y en el Gerente de Informática de la Seguridad Social, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. Respecto del personal destinado en el Ministerio, con excepción de los Organismos públicos adscritos al mismo:

a) El reconocimiento de la adquisición y cambio del grado personal.

b) Las competencias atribuidas a la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en materia de redistribución de efectivos y comisiones de servicio, excepto aquellos supuestos expresamente delegados en otros órganos.

c) La contratación del personal laboral, dentro de los planes de contratación aprobados por el Ministerio.

d) La concesión de excedencias voluntarias por interés particular.

e) La declaración de las jubilaciones voluntarias de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio.

f) El reconocimiento de los servicios previos, al amparo de la Ley 70/1978, 26 de diciembre.

g) La convocatoria y resolución de los Planes de acción social y formación.

h) La concesión de prórroga de hasta 20 días de los plazos para el cese o la incorporación, en caso de puestos obtenidos por concurso o libre designación.

i) La declaración de las situaciones de servicios especiales y de servicio en las Comunidades Autónomas.

j) Las permutas de puestos de trabajo.

k) La concesión del reingreso al servicio activo con carácter provisional de los funcionarios de Cuerpos y Escalas adscritas al Ministerio.

l) La adscripción a un puesto de trabajo de distinta unidad administrativa por razones de salud o de rehabilitación.

m) La adscripción a un puesto de trabajo de distinta unidad administrativa de las funcionarias víctimas de violencia de género.

n) Todas aquellas competencias en materia de gestión de personal no delegadas en otros órganos y todos los actos de administración y gestión ordinarios.

2. Respecto del personal destinado en los servicios centrales del Ministerio:

a) El ejercicio de la potestad sancionadora sobre el personal laboral.

b) La adscripción provisional a un puesto de trabajo de los funcionarios que hayan sido cesados en puestos de libre designación, removidos de los obtenidos por concurso o cuyo puesto haya sido suprimido.

c) El ejercicio de la potestad disciplinaria por faltas leves.

d) La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento.

e) La toma de posesión y el cese en los puestos de trabajo a que sean destinados.

f) La incoación de expedientes disciplinarios.

g) La concesión de permisos y licencias.

h) El reconocimiento de trienios.

i) La concesión de excedencias voluntarias cuando no sean por interés particular.

j) El reconocimiento de las excedencias para el cuidado de hijos y familiares.

k) La declaración de las jubilaciones forzosas y por incapacidad permanente para el servicio.

l) El control del cumplimiento de jornadas y horarios.

Artículo 29. Subdirector General de Ordenación y Desarrollo de Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad Social.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en el Subdirector General de Ordenación y Desarrollo de Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad Social del ejercicio de las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas que correspondan a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:

1. Respecto a los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos adscritos al Ministerio, que sean propios de los Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social:

a) El nombramiento de funcionarios interinos.

b) La concesión del reingreso al servicio activo con carácter provisional.

2. Respecto a todos los funcionarios destinados en Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social:

a) En general:

1.º La concesión del reingreso al servicio activo, aunque no pertenezcan a los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio, desde las situaciones de servicios especiales y en el caso de excedencia por cuidado de hijos cuando supere el tiempo de reserva de su puesto de trabajo.

2.º La concesión de prórroga hasta 20 días de los plazos para el cese o incorporación, en caso de puestos obtenidos por concurso o libre designación.

3.º El reconocimiento de la adquisición y cambio del grado personal.

4.º La declaración de las situaciones de servicios especiales y de servicio en Comunidades Autónomas.

b) Cuando supongan cambio de Organismo o Entidad:

1.º La redistribución de efectivos.

2.º La atribución temporal de funciones.

3.º La movilidad por cambio de adscripción de los puestos de trabajo.

4.º La adscripción provisional a un puesto de trabajo a los funcionarios que hayan sido cesados en puestos de libre designación, removidos de los obtenidos por concurso o cuyo puesto haya sido suprimido.

5.º Las permutas de puestos de trabajo.

6.º Las comisiones de servicios.

7.º La adscripción a un puesto de trabajo de distinta unidad administrativa por razones de salud o de rehabilitación.

8.º La adscripción a un puesto de trabajo de distinta unidad administrativa de las funcionarias víctimas de violencia de género.

c) Respecto al personal laboral: Los asuntos de administración y gestión que afecten a más de un Organismo Autónomo, Entidad Gestora o Servicio Común.

3. Todas aquellas competencias en materia de gestión de personal relativas a los funcionarios destinados en los Organismos Autónomos y en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como a los pertenecientes a los Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio, no delegadas en otros órganos, y todos los actos de administración y gestión ordinarios derivados de las competencias cuyo ejercicio se delega.

Artículo 30. Subdirector General de Administración Financiera.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en el Subdirector General de Administración Financiera del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La designación de las comisiones de servicio en el interior con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas, no delegadas en otros órganos.

2. La designación de las comisiones de servicio en el extranjero con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas, no delegadas en otros órganos.

Artículo 31. Directores Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en los Directores Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento, por parte del personal destinado en la Dirección Territorial.

2. La potestad sancionadora sobre el personal laboral destinado en la Dirección Territorial, salvo cuando conlleve el despido.

3. La designación de las comisiones de servicio con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas dentro de cada Comunidad Autónoma, tanto del personal de la Dirección Territorial como de las Inspecciones Provinciales, excepto las delegaciones realizadas en los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 32. Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, del ejercicio de las siguientes competencias respecto al personal destinado en la correspondiente Inspección Provincial:

1. La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento.

2. La potestad sancionadora sobre el personal laboral, salvo cuando conlleve el despido.

3. La designación de las comisiones de servicio con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas dentro de cada provincia.

Artículo 33. Directores de los Centros de Migraciones.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en los Directores de los Centros de Migraciones del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La formalización, previa autorización, de contratos de personal laboral eventual y/o interino, para sustitución de un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, derivada de enfermedad o incapacidad temporal y excedencias, así como en los casos de vacaciones, permisos reglamentarios y demás situaciones similares, todo ello circunscrito al personal que preste sus servicios profesionales por cuenta ajena en los centros de migraciones.

2. La designación de las comisiones de servicio del personal de los centros con o sin derecho a indemnización en el ámbito de su localidad.

Artículo 34. Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales en los Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales de la designación de las comisiones de servicio con derecho a la percepción de indemnizaciones económicas, en el territorio donde se encuentren acreditados, de todo el personal adscrito a la Consejería, dentro de las consignaciones presupuestarias que se acuerden a favor de la respectiva Consejería. De estas autorizaciones se dará cuenta a la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales en el plazo máximo de 15 días.

Articulo 35. Delegaciones en órganos de los servicios centrales de los Organismos públicos adscritos al Ministerio.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, previa aprobación del órgano máximo de dirección de cada Organismo, en los Subdirectores Generales y Secretarios Generales de los Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que tengan encomendada la gestión de personal, y en la Directora Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. Respecto del personal destinado en los respectivos Organismos públicos:

a) El reconocimiento de los servicios previos, al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

b) La declaración de las jubilaciones voluntarias de los funcionarios de cuerpos o escalas adscritos al Ministerio.

c) La concesión de excedencias voluntarias por interés particular.

d) La atribución temporal de funciones.

e) El ejercicio de la potestad sancionadora sobre el personal laboral, excepto aquellos supuestos expresamente delegados en otros órganos.

f) La contratación del personal laboral dentro de los planes de contratación aprobados por el Ministerio.

g) Los actos de administración y gestión ordinarios del personal derivados de la competencia cuyo ejercicio se delega.

2. Respecto del personal destinado en los servicios centrales de los respectivos Organismos públicos:

a) La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento.

b) La toma de posesión y el cese en los puestos de trabajo a que sean destinados.

c) La declaración de las jubilaciones forzosas y por incapacidad permanente para el servicio.

d) La concesión de permisos y licencias.

e) El reconocimiento de trienios.

f) La concesión de excedencias voluntarias que no sean por interés particular.

g) El reconocimiento de las excedencias para el cuidado de hijos y familiares.

h) El control del cumplimiento de jornadas y horarios.

i) El ejercicio de la potestad disciplinaria por faltas leves.

Artículo 36. Delegaciones en los Directores Provinciales de los Organismos públicos adscritos al Ministerio.

Se aprueba la delegación de la Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, previa aprobación del órgano máximo de dirección de cada Organismo, en los Directores Provinciales de los Organismos Autónomos, de las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro de su ámbito territorial, del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora sobre el personal laboral, salvo cuando conlleve el despido.

CAPÍTULO VII

Competencias delegadas por otros Órganos del Ministerio

Artículo 37. Delegaciones en los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.

1. Se aprueba la delegación de los Directores Generales de Ordenación de la Seguridad Social, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, y de Inmigración en los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, de la realización de los actos de ordenación y de instrucción de los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en su ámbito territorial de competencia.

2. Se aprueba la delegación del Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, de aquellas competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al Director General en el ejercicio de la potestad sancionadora que deriven de la práctica de actas de infracción por obstrucción a la labor inspectora, con excepción de aquellas calificadas como muy graves en su grado medio y máximo.

Artículo 38. Delegaciones en el Subdirector General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social y en el Subdirector General de Ordenación de las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.

1. Se aprueba la delegación del Director General de Ordenación de la Seguridad Social en el Subdirector General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social del ejercicio de la competencia de resolución, en vía de recurso, de los expedientes de imposición de sanciones en materia de Seguridad Social.

2. Se aprueba la delegación del Director General de Ordenación de la Seguridad Social en el Subdirector General de Ordenación de las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del ejercicio de las siguientes competencias:

a) La resolución de los procedimientos sobre creación, modificación y supresión por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de centros asistenciales y centros de prevención cuya inversión no requiera autorización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

b) La resolución sobre los conciertos de asistencia sanitaria que formalizan las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social con entidades privadas, al amparo del artículo 12.5 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en la Gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Artículo 39. Delegaciones en el Subdirector General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios.

Se aprueba la delegación de la Directora General de Inmigración en el Subdirector General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios del ejercicio de las siguientes competencias:

1. La concesión de autorizaciones de trabajo cuando las solicitudes sean presentadas por empresas que pretendan contratar trabajadores estables y que, teniendo diversos centros de trabajo en varias provincias, cuenten con una plantilla superior a 500 trabajadores. Así como, la valoración de las ofertas genéricas presentadas por grandes empresas u organizaciones empresariales al amparo del contingente anual de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario, en los supuestos que se determinen en los Acuerdos de Consejo de Ministros que los apruebe y, en su caso, la concesión de las autorizaciones de trabajo correspondientes a los trabajadores seleccionados.

2. La modificación de las autorizaciones de trabajo previstas en el artículo 99 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, así como la modificación del ámbito territorial o del sector de actividad autorizados a los titulares de un visado para búsqueda de empleo, en los términos establecidos en el artículo 83 del Reglamento citado.

3. La concesión de autorizaciones de trabajo a trabajadores de duración determinada previstas en el artículo 55, apartados a) y b) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, cuando el número de puestos supere la cifra que se determine en el Acuerdo de Consejo de Ministros que aprueba el contingente anual de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario.

Artículo 40. Delegaciones en el Subdirector General de Intervención Social y en los Directores de los Centros de Migraciones.

Se aprueba la delegación de la Directora General de Integración de los Inmigrantes del ejercicio de las competencias siguientes, en los órganos relacionados a continuación:

1. Subdirector General de Intervención Social:

a) La iniciación, ordenación, instrucción y resolución de baja obligatoria de los beneficiarios en los centros de migraciones.

b) La iniciación, ordenación, instrucción y resolución de las solicitudes concurrentes de admisión a varios centros, así como los traslados de los residentes entre centros públicos y entre éstos y los centros subvencionados.

c) La iniciación, ordenación, instrucción y resolución de las solicitudes de ingreso de residentes, cuando razones de urgencia o necesidad aconsejen realizar dicho ingreso.

d) La iniciación, ordenación, instrucción y resolución de ingreso, traslado, prórroga y baja de beneficiarios en las plazas subvencionadas a organizaciones no gubernamentales.

2. Directores de los Centros de Migraciones: La iniciación, ordenación, instrucción y resolución de los procedimientos administrativos relativos al ingreso, prórroga y baja ordinaria de los residentes en los centros de migraciones.

Articulo 41. Delegaciones en el Subdirector General de Programación y Actuación Administrativa y en el Subdirector General de Relaciones Laborales.

Se aprueba la delegación, del Director General de Trabajo, del ejercicio de las competencias siguientes, en los órganos relacionados a continuación:

1. Subdirector General de Programación y Actuación Administrativa.

a) La tramitación y, en su caso, la adopción de acuerdos en los expedientes relativos al depósito de estatutos y pactos colectivos.

b) La evacuación de consultas y la emisión de informes sobre cuestiones de su competencia, así como la remisión de actuaciones y documentación a la Autoridad judicial, a otros órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a las Áreas y Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

2. Subdirector General de Relaciones Laborales.

a) La resolución de los procedimientos de regulación de empleo, tramitados conforme al Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo, y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, aprobado por Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, así como la de cualesquiera otros expedientes relacionados con esta materia.

b) La remisión de actuaciones y de documentación a la Autoridad judicial en los casos de interposición de recursos contencioso-administrativos, y la comunicación a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social y a las Delegaciones del Gobierno, de las sentencias recaídas para su debido cumplimiento.

c) Las actuaciones en materia de conflictos colectivos.

d) La intervención en los procedimientos de solución de conflictos colectivos, en el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas el Director General de Trabajo.

e) La resolución de los expedientes tramitados en materia de convenios colectivos, con excepción de los acuerdos que ordenen la inscripción y la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de los convenios y de otros acuerdos con eficacia de convenio.

f) La resolución de los expedientes en materia de relaciones laborales y de condiciones de trabajo.

g) La concesión de autorización, la evacuación de consultas y la tramitación y resolución de los expedientes en materia de prevención de riesgos laborales; así como la solicitud de informes, asesoramientos, colaboraciones y demás relaciones con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Disposición adicional primera. Ejercicio de las competencias delegadas.

Las delegaciones efectuadas se regirán por lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el supuesto de cambios en los titulares de los órganos referidos en la presente Orden, se entenderá la pervivencia de las delegaciones salvo revocación expresa efectuada por el órgano delegante.

Disposición adicional segunda. Suplencias.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de los órganos delegados, se sustituirán entre sí en el ejercicio de las competencias delegadas siguiendo el orden establecido en la Disposición adicional quinta, del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición transitoria única. Instituto de la Mujer e Instituto de la Juventud.

La delegación de competencias recogida en el artículo 33 de la Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales respecto de los Institutos de la Mujer y de la Juventud, se mantendrá vigente hasta que se dicten, en un plazo máximo de un año, las correspondientes Resoluciones de los Directores Generales por las que se aprueben sus propias delegaciones de competencias.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente Orden y, en especial las siguientes:

1. El apartado séptimo, 1. de la Orden del Ministerio de la Presidencia de 28 de marzo de 1995, por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por la que se regula el sistema general de reconocimiento de títulos de Enseñanza Superior de Estados miembros de la Comunidad Europea que exigen formación mínima de 3 años, en lo que afecta a la profesión de Diplomado/a en Trabajo Social.

2. La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Orden de 25 de junio de 1996 por la que se corrigen errores de la anterior, así como las Ordenes de 12 de septiembre de 1996, 12 de marzo de 1997, 26 de junio de 1997, 8 de enero de 1998, 13 de noviembre de 1998, 18 de febrero de 1999, 25 de junio de 1999, 15 de marzo de 2001, 15 de octubre de 2001 y la Orden TAS/98/2006, de 23 de enero que modificaron la de 21 de mayo de 1996.

3. La Orden TAS/2293/2002, de 11 de julio, sobre delegación del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

4. La Orden TAS/2545/2002, de 14 de octubre, sobre delegación del ejercicio de competencias en el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales.

5. La Orden TAS/171/2003, de 3 de febrero, sobre delegación del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

6. La Orden TAS/1342/2004, de 12 de mayo, sobre delegación del ejercicio de competencias en los órganos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

7. La Orden TAS/36/2005, de 10 de enero, sobre delegación de competencias de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y la subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales, en materia de contratación administrativa, anticipo de caja fija, pago de ayudas económicas y gestión de personal.

8. La Resolución de 10 de enero de 2005, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, sobre delegación de competencias, en materia de ingreso, traslado, baja y prórroga de estancia en los centros de migraciones.

9. La Orden TAS/1693/2005, de 26 de mayo, por la que se aprueba la delegación del ejercicio de competencias de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y la Subsecretaría en el titular de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

Disposición final única. Entrada en vigor de la Orden.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de julio de 2006.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2006, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de subvenciones en el área de atención a personas con discapacidad, durante el año 2006. (BOE de 14 julio de 2006).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden TAS/ 1541/2006, de 9 de mayo (Boletín Oficial del Estado núm. 121, del 22 de mayo), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procede efectuar la correspondiente convocatoria y la determinación de las actuaciones que, en el área de personas con discapacidad, podrán ser objeto de financiación, sus prescripciones, requisitos y prioridades, así como el crédito presupuestario al que debe imputarse las correspondientes subvenciones.

En su virtud, esta Secretaría de Estado ha dispuesto:

Primero.-Convocar la concesión de subvenciones en el área de personas con discapacidad, que se regirán por lo dispuesto en la Orden TAS/1541 /2006 de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por lo establecido en la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presente convocatoria se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.-La Comisión de Evaluación, como órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado formulará la propuesta de resolución a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, órgano competente para la resolución.

El órgano colegiado antes mencionado, estará compuesto por tres funcionarios/as de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, uno de los cuales lo presidirá.

La Comisión de Evaluación estará presidida por el/la Subdirector/a General de Ordenación y Planificación y formarán parte de la misma dos vocales designados por el/la Presidente/a y un vocal designado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Actuará como Secretario/a un funcionario/a de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, nombrado por el/la Presidente/a.

Cuando su Presidente/a lo estime necesario, podrán incorporarse a la Comisión, con voz pero sin voto, funcionarios/as de las Unidades del Departamento con competencia en las áreas a las que afecte la evaluación.

Corresponde a la Comisión de Evaluación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe adoptarse la propuesta de resolución.

Tercero.-Establecer las actuaciones que pueden ser subvencionadas, que figuran relacionadas en el Anexo I de la presente convocatoria, y que se financiarán con cargo al crédito presupuestario 19.04.231F.482, consignado en los Presupuestos Generales del Estado con un importe de 3.984.220 euros.

Cuarto.-Aprobar el modelo de logotipo que identifica el origen de la subvención, que deberá incorporarse de forma visible en el material que se utilice para las actuaciones subvencionadas. Dicho modelo es el que figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Quinto.-Además de los requisitos de carácter general establecidos en el artículo 3 de la Orden TAS/1541/2006, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las entidades y organizaciones que concurran a la presente convocatoria con actuaciones para personas con discapacidad deberán, en concordancia con sus normas estatutarias, dedicarse con carácter exclusivo y habitual a la realización de actividades en favor de las personas con discapacidad.

Sexto.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.1.2 de la Orden TAS/1541/2006, de 9 de mayo, de bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones, las solicitudes para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en la sede central del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, c/ Agustín de Bethencourt, n.º 4, 28003 Madrid, así como en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cualquier información sobre esta convocatoria podrá ser obtenida en la Subdirección General de Ordenación y Planificación a través de los siguientes medios:

Teléfonos 91 363 51 06 y 91 363 75 35

Correo electrónico: sgordenacionp@meyss.es

Séptimo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la citada Orden TAS/1541/2006, de 9 de mayo, de bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones, se establecen los siguientes criterios objetivos que han de ser tenidos en consideración para la valoración de las actuaciones:

a) Determinación de los objetivos: Se valorarán los objetivos que se pretenden alcanzar por la entidad solicitante, la población a la que van dirigidos y el número de beneficiarios. (Máximo de 5 puntos)

b) Contenido de la actuación: Se valorará que el contenido técnico de la actuación sea adecuado a los objetivos de las actuaciones propuestas, el calendario de realización, la descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar y los medios técnicos y materiales con que se cuenta. En todo caso, tanto para el diseño como para la ejecución de las actuaciones, se habrá de contar con personal técnico debidamente cualificado.

Se valorará especialmente la implantación de un sistema de control y evaluación de las actividades propias de la entidad, mediante el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos. (Máximo de 10 puntos)

c) Presupuesto de la actuación: Se valorará la adecuación del presupuesto presentado por la entidad para la realización de las actuaciones previstas y el coste medio por beneficiario. (Máximo de 5 puntos)

d) Cofinanciación: Se valorarán las actuaciones que en su presupuesto cuenten con otras fuentes de financiación pública (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.) o privada. (Máximo de 3 puntos)

e) Corresponsabilización en la financiación de la actuación: Se valorarán las actuaciones que se presenten cofinanciadas por la propia entidad. (Máximo 2 puntos)

f) Voluntariado: Se valorará la participación de personal voluntario en el desarrollo de la actuación, en el mayor grado posible, así como que la formación del mismo esté en consonancia con el tipo de actividades en las que participa. (Máximo de 5 puntos)

g) Experiencia en la gestión de actuaciones sociales: Se valorará la especialización en la gestión de actuaciones de similar naturaleza al solicitado. (Máximo de 5 puntos)

Se priorizarán las actuaciones que, persistiendo la necesidad real, hayan sido subvencionadas en la convocatoria del año 2005 del régimen general de subvenciones en el área de personas con discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Octavo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, punto 3.f), de la Orden TAS/1541/2006, de 9 de mayo, de bases reguladoras de estas subvenciones, deberá aportarse, en su caso, la siguiente documentación:

1. En el supuesto de que las solicitudes vayan dirigidas a la realización de obras de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de inmuebles, deberán ir acompañadas de la documentación que se detalla a continuación:

1.1 Documento acreditativo de la titularidad (propiedad, arrendamiento, precario, cesión u otros) sobre el inmueble sede de la entidad. No será necesaria la presentación de este documento si ya estuviera en poder de la Administración actuante y no hubiera sufrido modificación, en cuyo caso, se presentará certificación del representante de la entidad acreditativa de estos extremos.

1.2 Memoria detallada de las obras a realizar, así como el presupuesto comprensivo de mediciones y precios unitarios descompuestos debidamente firmados por el contratista y, en su caso, por el facultativo correspondiente. Además será necesaria autorización del propietario del inmueble cuando sea distinto de la entidad solicitante.

1.3 Cuando el coste de la obra supere la cuantía de 30.000 euros, deberá aportarse como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justificarse la elección cuando no recaiga en la propuesta más ventajosa.

2. En el caso de que las solicitudes vayan dirigidas a la adquisición de equipamiento, deberá aportarse:

2.1 Presupuesto de la casa suministradora en el que figure el importe del coste por unidad y el importe total de las adquisiciones que se pretenden realizar.

2.2 Cuando el coste del equipamiento supere los 12.000 euros, deberá aportarse como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justificarse la elección cuando no recaiga en la propuesta más ventajosa.

Madrid, 6 de julio de 2006.-La Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.

ANEXO I

Actuaciones nacionales para personas con discapacidad

Mantenimiento, funcionamiento y actividades habituales

La actuación tiene por objeto colaborar con el movimiento asociativo facilitando la disponibilidad de medios básicos precisos para el cumplimiento de sus objetivos.

El mantenimiento incluye la financiación de los gastos corrientes en bienes y servicios derivados del local en que se ubique la sede social de la entidad, obras de conservación, mantenimiento y reparaciones que no tengan el concepto de inventariable por no implicar incremento del valor patrimonial de dichos inmuebles, así como adquisición de equipamiento, medios informáticos, ofimáticos, audiovisuales, mobiliario, suministros, material fungible de oficina y ofimática, correo y otros análogos.

El funcionamiento y actividades habituales tiene como objetivo el desarrollo de las actividades propias y habituales de la entidad incluyendo los gastos derivados del personal de la misma, de las reuniones de los órganos de gobierno, de la difusión, información, orientación y asesoramiento dirigidos a sus asociados y personas objeto de atención y otras similares, con exclusión de los derivados de las sedes o representaciones locales y entidades que la integran.

Requisitos:

Que las inversiones, tanto de obras como de equipamiento, estén destinadas a la sede social de la entidad exclusivamente.

Que se acredite que las actividades habituales de la entidad se realizan básicamente por los propios miembros y/o personal de la misma.

Prioridades:

Los gastos básicos producidos por el mantenimiento y funcionamiento de federaciones y confederaciones.

Las actividades habituales de atención directa a las personas con discapacidad.

Las actuaciones que fomenten el movimiento asociativo.

ANEXO II

Logotipo

El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de las actuaciones subvencionadas será el siguiente, que se deberá reproducir de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Logotipo  para la difusión de las actuaciones subvencionadas

Normas para su reproducción: El Escudo y la tipografía del Ministerio se reproducirán por negativo (en blanco) sobre fondo gris (trama de negro 50%). El ancho de la palabra Ministerio será igual que el ancho de las bases de las columnas del Escudo.

La tipografía de la Secretaría de Estado será Gill Sans Regular todo en Versales. Su tamaño será 2/3 de altura de la palabra Ministerio, impresa en negro sobre una mancheta gris (trama negro 12%) de dimensiones 1/2 de ancho y 1/2 de alto de la mancheta del Escudo y el nombre del Ministerio.

La tipografía de la Dirección General será Gill Sans Regular todo en Versales y de tamaño igual a la Secretaría de Estado, impresa en negro sobre una mancheta blanca de dimensiones 1/2 de ancho y 1/2 de alto de la mancheta del Escudo y el nombre del Ministerio, cerrada por una línea gris (12% de negro) de 1 punto de grosor.

En caso de desear su reproducción en color, se deberá consultar con la Subdirección General de Ordenación y Planificación.

Pautas para su utilización.-Se utilizará siempre, en las ampliaciones o reducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de reproducción, sin que sea preciso que figure recuadrado, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a difundir con la misma categoría que el logotipo de la organización o entidad subvencionada

 

 


 

REAL DECRETO 807/2006, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. (BOE de 15 de julio de 2006).

Las relaciones jurídicas previas a la protección de la Seguridad Social, como son la inclusión y afiliación en el sistema y la inscripción, altas y bajas en sus regímenes, así como la cotización de los incluidos en su nivel profesional, son objeto de regulación por diversas disposiciones reglamentarias de carácter general y en especial las aprobadas por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, y del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

Las exigencias de constante mejora de tales normas reglamentarias hacen preciso introducir modificaciones singulares, de mayor o menor entidad, a fin de actualizar y agilizar la gestión mediante las técnicas instrumentales a que aquellas se refieren, con independencia de las modificaciones de las normas con rango de ley que puedan producirse en un plazo más o menos dilatado.

Oídos los interlocutores sociales más afectados y tras los informes preceptivos recibidos, se considera necesario mejorar la regulación de las bajas de los trabajadores agrarios por cuenta propia y por cuenta ajena en función de su inactividad en labores agrarias y no agrarias, que estableciera el artículo primero del Real Decreto 459/2002, de 24 de mayo, por el que se modifican los Reglamentos generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social y sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, respecto del Régimen Especial Agrario. Para ello, se uniforman los plazos de inactividad a efectos de la baja de los trabajadores agrarios por cuenta propia y por cuenta ajena y se facilita la reincorporación al Régimen Especial Agrario de estos trabajadores cuando causaren baja en el citado régimen por el ejercicio de actividades no agrarias determinantes de su inclusión en otro régimen del Sistema.

Este real decreto se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de junio de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

La regla 2.ª del artículo 39.1 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, queda redactada en los términos siguientes:

«2.ª Los trabajadores incluidos en este régimen especial que realicen trabajos que den lugar a su inclusión en otro régimen de la Seguridad Social, por un período superior a seis meses, naturales y consecutivos, aparte de tener que solicitar su baja en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, no tendrán obligación de cotizar a este régimen en aquellas mensualidades naturales y completas que acrediten haber prestado ininterrumpidamente y con carácter exclusivo los servicios determinantes de su inclusión en el otro régimen. Los trabajadores que se encuentren en tal situación no tendrán derecho, mientras ésta subsista, a percibir prestaciones de este régimen.»

Artículo segundo. Modificación del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Las reglas 4.ª y 5.ª del artículo 45.1 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, quedan redactadas en los términos siguientes:

«4.ª La baja en este régimen especial tendrá lugar cuando el trabajador no realice labores agrarias en los términos y condiciones fijados en este artículo o cuando se compruebe que fue dado de alta indebidamente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 60.

La situación de inactividad en las labores agrarias, se realicen o no otras actividades no agrarias, únicamente motivará la baja en este régimen especial cuando ésta no ha sido expresamente solicitada por el trabajador, en los supuestos siguientes:

a) Tanto si se trata de trabajador agrario por cuenta propia como por cuenta ajena, en los casos de inactividad total o en los que se dedique, con carácter exclusivo e ininterrumpidamente, a otras actividades no agrarias, durante los períodos superiores a seis meses naturales consecutivos, contados desde el día de la iniciación de la actividad no agraria o, en el supuesto de inactividad total, desde el momento del cese en la actividad agraria que, respecto de los trabajadores por cuenta ajena, se entenderá producido desde la finalización del último mes en que se hubiere efectuado la última jornada real o, en su caso, desde la finalización de la percepción de la prestación, el subsidio por desempleo o la renta agraria, siempre que se ingresen las cuotas fijas correspondientes relativas a dicho trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena. A esos efectos, se excluirán del cómputo de tales períodos de tiempo aquellos en los que el trabajador se encontrare en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el embarazo, aunque no tuviere derecho al percibo del subsidio correspondiente por falta del período de cotización mínimo exigido.

En estos supuestos, los trabajadores agrarios deberán solicitar la baja en este régimen especial dentro del plazo de los seis días siguientes a aquel en que se sobrepase el indicado límite y la citada baja surtirá efectos a partir del día primero del séptimo mes siguiente a aquel en que se iniciaran las actividades no agrarias o al de la última jornada realizada por el trabajador o de la finalización de la percepción de la prestación, el subsidio por desempleo o la renta agraria.

Transcurrido dicho plazo sin presentación de la solicitud de baja, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordarla de oficio.

b) Cuando no exista comunicación de la realización de jornadas reales respecto de un trabajador por cuenta ajena durante seis meses naturales consecutivos y sin que durante ellos el trabajador ingrese la cuota fija correspondiente a este régimen especial, la Tesorería General de la Seguridad Social dará de baja a dicho trabajador con efectos del último día del mes en que realizara la última jornada real comunicada.

Los trabajadores agrarios por cuenta propia o por cuenta ajena incluidos en este régimen especial que realicen, por un período superior a seis meses, naturales y consecutivos, trabajos en virtud de los cuales hayan quedado encuadrados en un régimen distinto del Agrario de la Seguridad Social causando baja en éste, una vez hayan finalizado los trabajos citados o hubieren agotado las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social, incluidas las prestaciones y subsidios por desempleo a que tuvieran derecho por dichos trabajos, podrán solicitar y obtener su inscripción en el censo agrario de la Seguridad Social, sin necesidad de acreditar nuevamente los requisitos de habitualidad y medio fundamental de vida para la inclusión en el Régimen Especial Agrario, siempre que la solicitud se formule dentro de los tres meses siguientes a la fecha de finalización de los trabajos o de las prestaciones o subsidios indicados.

5.ª En los supuestos a que se refieren las normas anteriores, cuando el trabajador por cuenta ajena inicie o finalice su actividad sin coincidir con el principio o fin de mes natural o no coincida la fecha prevista al respecto con la comunicada por el empresario o el trabajador, la inscripción o la baja en el censo de este régimen especial surtirá efectos, respectivamente, desde el día en que comience la actividad agraria en dicho mes o desde el día en que hubiere dejado de reunir las condiciones para estar incluido en dicho régimen.»

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Facultades de aplicación y desarrollo.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar cuantas disposiciones de carácter general sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 30 de junio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

 

 


 

REAL DECRETO 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios. (BOE de 15 de julio de 2006).

Este real decreto tiene por objeto seguir avanzando en el sistema de protección por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, incorporando las mejoras que forman parte del Acuerdo alcanzado el 15 de diciembre de 2005, con las Organizaciones Sindicales más representativas, referidas a los aspectos siguientes:

En aplicación del artículo 4.3 de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, que faculta al Gobierno para modificar la escala que fija la duración de la prestación contributiva de los trabajadores eventuales agrarios, la escala establecida en dicho artículo se iguala a la del resto de los trabajadores de otros regímenes, lo que mejora la duración de las prestaciones de esos trabajadores y la equipara a la del resto de los colectivos, complementariamente también se establece el cálculo del periodo de ocupación cotizada.

Se eliminan los límites temporales de acceso a la renta agraria, regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, durante, como máximo, seis veces, para permitir que dicha renta se pueda obtener tantas veces como sea necesario, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para ello.

Para promover la reinserción laboral y la estabilidad en el empleo, se facilita el acceso al subsidio por desempleo y a la renta agraria, ambos en favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, de forma que para la obtención de esa protección se puedan computar las jornadas reales cotizadas no solo durante el trabajo eventual agrario, sino también durante el trabajo fijo discontinuo agrario.

Considerando que la reducción del trabajo en el sector agrario motivada por las heladas que se produjeron en el año 2005 aún se mantiene, se amplía a todo el año 2006 la menor exigencia de jornadas reales cotizadas para la obtención del subsidio por desempleo o la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, conforme a lo establecido por la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio.

Además, se incluye en este real decreto una disposición adicional cuyo contenido, de carácter técnico, permite aclarar la normativa de protección por desempleo aplicable a trabajadores fijos discontinuos incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Este real decreto se dicta en aplicación de la disposición final séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de julio de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Cálculo del período de ocupación cotizada.

A efectos de determinar el número de días del período de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, que permite obtener la prestación por desempleo de nivel contributivo y fijar su duración, tanto a los trabajadores agrícolas fijos o fijos discontinuos, como a los eventuales, el número total de jornadas reales cotizadas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social se multiplicará por el coeficiente 1,337, que incluye la parte proporcional de domingos, festivos y vacaciones anuales, con los límites de los días naturales del año, y de los días naturales del período inferior considerado más los que proporcionalmente correspondan a las vacaciones anuales.

Lo previsto en el párrafo anterior también será de aplicación a las jornadas reales cubiertas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por los trabajadores agrícolas fijos o fijos discontinuos, para acceder al subsidio por desempleo establecido en el artículo 215.1.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

El coeficiente establecido en este artículo no se aplicará a las jornadas reales cotizadas que se exigen para obtener el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, establecido por Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, ni para obtener la renta agraria en favor de los citados trabajadores, establecida por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.

Artículo 2. Protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos agrarios y eventuales agrarios.

1. Los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, a efectos de la protección por desempleo tendrán la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales, del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Por ello, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en cada caso podrán optar:

a) Por las prestaciones por desempleo de nivel contributivo, o en su caso, por el subsidio por desempleo que corresponda como trabajador fijo discontinuo conforme lo establecido en el artículo 216.5 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

b) Por el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, establecido por el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, con la excepción del subsidio especial de los trabajadores mayores de 52 años recogido en su articulo 2.2 mientras mantengan el contrato fijo discontinuo, o, en su caso, por la renta agraria, en favor de los mismos trabajadores, establecida por Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, considerando al trabajador como eventual agrario para aplicar lo dispuesto en dichos reales decretos.

2. Cuanto se opte, conforme a lo indicado en el apartado 1.b) anterior:

a) Para acreditar el requisito establecido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o, en su caso, para acreditar el requisito establecido en el artículo 2.1.d) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, se tendrán en cuenta todas las jornadas reales cotizadas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, cualquiera que sea su número, como trabajador fijo discontinuo agrario y como trabajador eventual agrario siempre que no hayan sido computadas para obtener un derecho anterior, a la prestación por desempleo, a los subsidios por desempleo o a la renta agraria, y se hayan cubierto en los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo.

b) No se incluirán en el cómputo de rentas del solicitante o beneficiario las obtenidas por el trabajo agrario como trabajador por cuenta ajena de carácter fijo discontinuo, inferiores a una cuantía equivalente a seis veces el Salario Mínimo Interprofesional mensual, vigente en cada momento.

Disposición adicional primera. Reducción del número mínimo de jornadas reales exigidas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios, de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura afectados por las heladas.

Será de aplicación la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas exigido para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y afectados por las heladas, en los términos establecidos por la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas, para los trabajadores que soliciten el derecho a la protección citada, entre el 21 de junio y el 31 de diciembre de 2006, y estén incluidos en el ámbito de aplicación de dicha disposición adicional sexta.

Disposición adicional segunda. Trabajadores fijos discontinuos agrarios.

A los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo discontinuo incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, les son de aplicación las normas sobre protección por desempleo establecidas para los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo incluidos en dicho régimen, y, siempre que reúnan los requisitos exigidos, tendrán derecho a las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial en las mismas situaciones legales de desempleo y con la misma extensión que se determinan para los trabajadores fijos discontinuos en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en las normas reglamentarias.

Disposición adicional tercera. Modificación de la escala que fija la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

La escala que figura en el primer párrafo del apartado 1.2.b) del artículo cuarto de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, queda sustituida por la escala establecida en el artículo 210.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el artículo 5.3 del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las normas necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien la disposición adicional primera surtirá efectos a partir del 21 de junio de 2006.

Dado en Madrid, el 14 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

 

 


REAL DECRETO 865/2006, de 14 de julio, por el que se establecen las normas reguladoras de las subvenciones públicas a los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la Red de Centros de Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (BOE de 15 de julio de 2006).

El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su artículo 5.1, establece que a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, bajo la superior dirección del Ministro, le corresponde desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería e inmigración.

La Dirección General de Integración de los Inmigrantes, dependiente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, tiene encomendadas, entre otras, las funciones de gestión de las subvenciones destinadas a los programas para la promoción laboral, social, cívica y cultural de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogidas en régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria, según lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio. Igualmente, ha asumido, en virtud del mismo precepto, la gestión, control y seguimiento de los centros de migraciones, en los que se han integrado los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIS), así como de los programas que se ejecuten en estos.

Teniendo en cuenta que un importante número de solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas con algún estatuto de protección internacional, acogidos en estos centros, carecen de los recursos económicos necesarios para atender a sus necesidades y las de su familia, así como con objeto de procurar su futura integración en nuestro país, se dicta la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18 de septiembre de 2001, por la que se regulan las ayudas económicas a los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados del IMSERSO.

La citada Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18 de septiembre de 2001, atribuye al extinto Instituto de Migraciones y Servicios Sociales la tramitación y concesión de las ayudas que regula. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, la Dirección General de Integración de los Inmigrantes ha asumido las competencias que anteriormente ostentaba el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en materia de atención e integración de inmigrantes, refugiados y colectivos asimilados.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, se podrán aprobar mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, los estatutos y normas de funcionamiento interno de los centros de migraciones, las prestaciones que se dispensarán en ellos y el régimen jurídico al que se hallan sujetas.

Esta previsión reglamentaria no se ha desarrollado aún, si bien es necesario adaptar el régimen jurídico y procedimiento de concesión de las ayudas económicas que se prestan a los beneficiarios de los centros de acogida a refugiados, integrados en la red de centros de migraciones, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a la nueva estructura administrativa y competencial prevista en el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio.

La regulación de estas ayudas ha resultado afectada por la entrada en vigor de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que establece el régimen de concurrencia competitiva, como procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones y restringe la posibilidad de concesión directa a los supuestos previstos en su artículo 22.2.

Las especiales características de los beneficiarios de las subvenciones que se regulan en este real decreto, que lo son por encontrarse en una determinada situación de necesidad y acreditar fehacientemente que han efectuado los gastos de emergencia necesarios para resolver sus necesidades urgentes y primarias, llevan a la conclusión de que no es posible aplicar a estos supuestos el procedimiento ordinario de concesión en concurrencia competitiva, sino el régimen de concesión directa previsto con carácter excepcional para las subvenciones reguladas en el artículo 22.2.c), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Teniendo en cuenta las razones de interés público, social y humanitario que dificultan la convocatoria pública de estas subvenciones, cuyo objetivo es cubrir gastos que no admiten demoras, y con el fin de resolver con la mayor rapidez y eficacia las necesidades personales y familiares más perentorias, así como el desarrollo normal de la vida diaria de los beneficiarios de los CAR, se estima necesario aprobar normas especiales reguladoras del procedimiento de concesión y régimen de justificación de las citadas ayudas económicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, con el informe del Ministro de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de julio de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones públicas a los beneficiarios de los centros de acogida a refugiados (CAR), regulados por la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales, de 13 de enero de 1989, y que están integrados en la red de centros de migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Estas subvenciones tienen carácter complementario respecto de los servicios desarrollados en los centros de acogida a refugiados y su finalidad es permitir a los beneficiarios de estos centros resolver las necesidades personales y familiares más perentorias y de desarrollo normal de la vida diaria, así como facilitarles los medios adecuados para procurar su mayor autonomía personal y su futura integración social.

Artículo 2. Procedimiento de concesión directa y razones justificativas.

Estas subvenciones públicas se concederán en régimen de concesión directa, atendiendo a su carácter singular, derivado de las especiales circunstancias personales de necesidad de sus beneficiarios, por concurrir razones de interés público, social y humanitario que determinan la improcedencia de su convocatoria pública y al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido con el artículo 28.2 y 3 de dicha Ley.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones públicas las personas que residan en los Centros de Acogida a Refugiados o bien se encuentren viviendo fuera de ellos, pero siguiendo un programa de atención iniciado como residentes, siempre que carezcan de recursos económicos y que sus necesidades no tengan cobertura por parte de los servicios sociales generales de otras Administraciones públicas u organismos privados.

2. Se considerará que se cumple el requisito de carencia de recursos económicos cuando los ingresos de la unidad familiar en el ejercicio anterior a la solicitud de la subvención sean inferiores a la cuantía anual del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y, en el supuesto de familias numerosas, cuando dichos ingresos no superen el importe del 125 por ciento del IPREM.

Artículo 4. Criterios y condiciones para la concesión de las ayudas.

1. Tendrán carácter prioritario los solicitantes que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

a) Parejas con hijos menores.

b) Familias monoparentales con hijos menores.

c) Personas con discapacidades.

d) Personas de edad avanzada.

e) Mujeres embarazadas.

f) Personas o familias que hayan padecido torturas, violaciones, u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.

g) Personas o familias con alto riesgo por motivos sociopolíticos de su país de origen o en situación de especial vulnerabilidad psicosocial.

h) Personas que formen parte de programas especiales aprobados por el gobierno español.

2. No podrán ser beneficiarios de estas subvenciones aquellos residentes que incumplan de forma muy grave las normas de convivencia y el programa de actuación personal establecido en los reglamentos de régimen interior de cada centro, lleven a cabo agresiones físicas a otros residentes o al personal del centro, pongan en peligro la seguridad de las instalaciones o sustraigan bienes u objetos de gran valor.

Artículo 5. Modalidad de las ayudas y cuantías.

1. Las subvenciones previstas en este real decreto van destinadas a costear gastos personales de primera necesidad y enseres de uso personal, transporte, adquisición de vestuario adecuado para adultos y niños, actividades educativas, formación en habilidades sociales y culturales, aprendizaje del idioma, formación ocupacional y reciclaje profesional, de ocio y tiempo libre, de guardería y otras complementarias de tipo educativo, así como ayudas para facilitar la autonomía de los beneficiarios a la salida del centro y otros de carácter extraordinario. También se podrán conceder a través de este procedimiento aquellas ayudas que sean cofinanciadas mediante proyectos europeos destinadas a semejantes objetivos.

2. Las cuantías máximas y mínimas de cada tipo de ayuda para el año 2007 se establecerán mediante resolución de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que tal determinación supere las disponibilidades presupuestarias existentes. Estas cuantías se actualizarán cada año mediante resolución de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, en función de la evolución del índice de precios de consumo previsto para el ejercicio de que se trate. Esta actualización quedará, en todo caso, supeditada a la existencia de crédito presupuestario.

3. Las cuantías mínimas de las subvenciones reflejadas en el apartado 1 de este artículo no serán inferiores al 70 por ciento de las cuantías máximas. En el caso de las ayudas para formación, actividades culturales, material educativo y guardería, el tope máximo será el coste real; y el mínimo, el 50 por ciento del coste.

Artículo 6. Financiación.

Las subvenciones públicas objeto de este real decreto se financiarán con cargo a los créditos que se consignen en el Presupuesto anual del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

Artículo 7. Iniciación e instrucción del procedimiento.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada durante el tiempo que dure su estancia en el centro, mediante solicitud dirigida a la persona titular de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes. En dicha solicitud se reflejarán los datos personales del solicitante y de los familiares que conviven con él y a su cargo, la descripción de la finalidad y necesidades que se pretenden cubrir, así como la declaración expresa de carecer de medios económicos. La solicitud se acompañará de copia compulsada de la documentación acreditativa de la identidad del solicitante y de las personas que integran la unidad familiar, así como de los requisitos y condiciones a que se refieren los artículos 3 y 4 de este real decreto.

2. Si la solicitud no reúne los documentos y requisitos que señala el punto anterior, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se entenderá que ha desistido de su petición, archivándose sin más trámite.

3. La instrucción de los expedientes se llevará a cabo por el personal del área asistencial residencial del centro, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de las solicitudes y de la documentación aportada. La información obtenida servirá de base para la elaboración por el equipo técnico del centro de un informe-propuesta de concesión de la ayuda solicitada.

Artículo 8. Resolución y recursos.

1. La persona titular de la Dirección del centro, a la vista del informe-propuesta, dictará resolución, por delegación de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, sobre la concesión de la ayuda solicitada y determinará su cuantía dentro de los límites que se establezcan, en función de la situación personal, familiar y social de los beneficiarios y el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en su programa de integración.

2. Su concesión estará condicionada a la existencia de crédito suficiente en el Presupuesto de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el ejercicio de que se trate. La Dirección General de Integración de los Inmigrantes determinará los criterios de reparto interno de los créditos disponibles con el objeto de evitar la posible superación conjunta de los límites presupuestarios.

3. En el caso de no haberse dictado resolución expresa ni haberse notificado en el plazo de cuarenta días hábiles desde la fecha de recepción de la solicitud por el órgano competente para su tramitación, ésta se entenderá estimada.

4. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la forma y plazos determinados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 9. Pago de las ayudas y régimen de justificación.

1. Estas ayudas se harán efectivas a través del sistema de libramientos a justificar, siempre ajustándose a las disponibilidades de los mismos y a la periodicidad de los pagos propuestos y aprobados.

2. Su justificación se realizará mediante la acreditación por el posible beneficiario de la concurrencia de las circunstancias necesarias para su concesión establecidas en el artículo 3 de este real decreto a través de cualquier medio disponible en derecho de dicha situación previamente a su concesión, según se regula en el artículo 30.7 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 10. Reducción de la cuantía y reintegros.

1. Los beneficiarios estarán obligados al reintegro del importe de la ayuda en los casos contemplados por los artículos 36 y 37 de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre.

2. Los beneficiarios podrán ver denegada la ayuda o reducida la cuantía de la misma o, en su caso, exigírseles el reintegro de las ayudas establecidas para gastos personales en el caso de incurrir en los supuestos de alteración grave de la convivencia que se contemplan en los correspondientes reglamentos de régimen interior de cada centro, así como en el supuesto de incumplimiento de su programa de integración aceptado. A estos efectos, el beneficiario está obligado a cumplir en todo momento lo establecido en el artículo 4.2 de este real decreto.

3. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.

4. En el caso de acordarse el reintegro de cantidades percibidas, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en el título II, capítulo II de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Disposición transitoria única. Cuantías de las ayudas para el ejercicio 2006.

Durante el año 2006 se mantendrán las cuantías máximas y mínimas para cada tipo de ayuda contempladas en la Resolución de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, de 23 de enero de 2006, por la que se actualizan las cuantías máximas de las ayudas económicas para los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados de la citada Dirección General.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 18 de septiembre de 2001, por la que se regulan las ayudas económicas a los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados del IMSERSO.

Disposición final primera. Régimen jurídico.

Estas subvenciones públicas se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como por lo establecido en las demás normas que resulten de su aplicación.

Disposición final segunda. Habilitación.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

 

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