Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Texto de Normas

Reseñas CCAA Julio 2006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

ORDEN de 17 de julio de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan ayudas especificas para la realización de acciones y proyectos formativos que se integran en el Plan de Formación e Inserción Profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2006. (BOA de 31 de julio de 2006) .

FINALIDAD

Las acciones y proyectos formativos objeto de financiación en esta convocatoria, tendrán como finalidad reforzar la estabilidad en el empleo, la inserción laboral de los desempleados, el desarrollo socioeconómico del medio rural a través de la formación profesional, la atención a personas con especiales dificultades de inserción y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

ACCIONES Y PROYECTOS FORMATIVOS SUBVENCIONABLES

Las acciones y proyectos formativos objeto de esta convocatoria deberán ir dirigidas a desarrollar proyectos innovadores y/o a atender necesidades formativas no cubiertas por otros sistemas formativos. En el marco del Programa General II, contemplado en el Decreto 51/2000, de 14 de marzo, se podrán solicitar las siguientes categorías de acciones:

A) ACCIONES DIRIGIDAS AL REFUERZO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y A LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE DESEMPLEADOS.

Estas acciones irán dirigidas a la especialización profesional de los trabajadores ocupados, así como a la cualificación de los trabajadores desempleados, para proporcionarles la formación requerida por el sistema productivo en la actualidad y se concretará en:

- Acciones especificas para atender las necesidades formativas que existen en la Comunidad Autónoma de Aragón con motivo de la celebración en la ciudad de Zaragoza de la EXPO 2008.

- Acciones o proyectos formativos con contenidos innovadores y/o que cubran necesidades formativas no contemplados en otros sistemas formativos.

B) ACCIONES DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL EN LA ZONA RURAL.

Las acciones formativas integrantes de este programa serán todas aquellas que redunden en el desarrollo socioeconómico del medio rural, irán dirigidas a atender las necesidades formativas de una localidad o comarca y estarán fundamentadas en un análisis previo del grado de necesidad de las mismas y su repercusión en el empleo local y comarcal.

C) ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON ESPECIALES DIFICULTADES.

Las acciones formativas a desarrollar en este apartado incluirán proyectos formativos encaminados a mejorar la ocupabilidad de colectivos con especiales dificultades de inserción, contemplados en el artículo 2, apartado 2.2.5 del Decreto 51/2000 de 14 de Marzo. En dichas acciones de formación se considerará igualmente elegible el gasto, de aquellas medidas de orientación, asesoramiento e inserción, que separándose de la acción formativa en sí, complementen y mejoren la inserción profesional de los alumnos.

D) ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA MUJER.

Las acciones de formación se corresponderán con aquellas en las que, no habiendo oferta formativa en otros programas, aportan una especificidad manifiesta, claramente valorable y que justifique este tipo de discriminación positiva. Los cursos se centrarán fundamentalmente en acciones de formación incardinadas en proyectos de inserción ya existentes y en fomento del autoempleo.

Los cursos objeto de convocatoria, incluidos en las dos últimas categorías, precisan para su garantía de funcionamiento, determinadas medidas de acompañamiento externas a la formación, que den la suficiente cobertura y garantías de éxito posterior a la actividad subvencionada

FINANCIACIÓN

La financiación para la realización de las acciones y proyectos formativos objeto de esta convocatoria asciende a 3.200.000,00 euros.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Dentro de las acciones y proyectos que configuran el Plan de Formación e Inserción Profesional para 2006, podrán ser objeto de las ayudas contempladas en esta Orden los gastos realizados por las Entidades colaboradoras en los términos previstos en el artículo 11 del Decreto 51/2000, de 14 de marzo.

La subvención compensará los costes de profesorado; medios y materiales didácticos; amortización de instalaciones y equipos; gastos generales de gestión efectivamente realizados y justificados; gastos de energía, mantenimiento y comunicaciones directamente imputables al curso así como los gastos derivados de la publicidad previamente autorizada cuando se considere necesaria. Los gastos derivados del seguro de accidentes de los alumnos participantes, serán asumidos por el Instituto Aragonés de Empleo que cubrirá estas necesidades institucionalmente. 


 

ORDEN de 18 julio de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca la participación de entidades y centros colaboradores en la programación de cursos a distancia del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional correspondiente al año 2006 en Aragón. (BOA de 31 de julio de 2006) .

OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS

La presente Orden tiene como objeto convocar, a las Entidades y Centros Colaboradores para la impartición a distancia, mediante teleformación, de acciones de Formación Profesional Ocupacional en especialidades homologadas, a fin de que presenten las solicitudes de inclusión de sus cursos en la programación correspondiente del año 2006, de acuerdo con las bases reguladoras contenidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994 por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo (BOE. de 4 de mayo) y sus modificaciones.

PRESUPUESTO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

La financiación para la realización de las acciones formativas objeto de esta convocatoria asciende 2.000.000 euros.

SUBVENCIONES DE CURSOS

Según el Anexo II de la citada Orden de 13 de abril de 1994, las subvenciones económicas para compensar los diferentes costes de los cursos de formación a distancia se calcularán con arreglo a un módulo económico conformado por dos partes: A y B.

Modulo A

Compensación de los gastos de tutorías: En concepto de tutorías se subvencionaran los costes en función del nivel formativo de los cursos y grado de dificultad de la técnica impartida, según los valores que se recogen en el siguiente cuadro.

Niveles Grado de dificultad

Bajo Normal Alto

Euros

Básico 0,17 0,23 0,28

Medio 0,23 0,31 0,39

Superior 0,34 0,46 0,55

Alto 0,44 0,55 0,66

El importe de esta parte del módulo se obtendrá aplicando la formula: valor económico por número de alumnos por tutor por horas de duración de las tutorías. Cuando la atención permanente a los alumnos con respuesta a sus preguntas y dudas sea en menos de 24 horas, la duración de las tutorías se considerará las horas totales del curso.

Modulo B

1.-Gastos de gestión, administración y otros gastos generales: Para facilitar el mantenimiento del sistema a distancia se subvencionarán los costes con arreglo a la cantidad de 0,72 euros por hora de curso y alumno.

2.-Producción y suministro de medios didácticos.

En este apartado se contemplan los costes para compensar los materiales originales creados, producidos y suministrados a los alumnos para su autoformación.

El módulo establecido para la enseñanza asistida por ordenador oscila entre 3,61 euros y 4,81 euros por hora de pantalla y número de alumnos.

3.-Reproducción de material para el aprendizaje a distancia y equipo para prácticas.

El material no original, así como material para prácticas entregado o puesto a disposición de los alumnos se subvencionará en función del tipo, cantidad y calidad del mismo entre 0,60 euros y 1,20 euros por alumno y hora de prácticas o tipo de material. 


 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

ORDEN de 17-07-2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de garantía social, a iniciarse durante el año 2006. (DOCM de 25 de julio de 2006) .

FINANCIACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a las partidas presupuestarias 118020000G422134600 y 1802000OG422B48714, destinando la cantidad de 744.197.-euros y 1.395.869.-euros, respectivamente, correspondientes a los ejercicios presupuestarlos 2006, 2007 y 2008.

DESTINATARIOS DE LOS PROGRAMAS

Podrán acceder a estos programas los jóvenes que no hayan alcanzado los objetivos de la Educación Secundada Obligatoria ni posean titulación alguna de Formación Profesional y que, además, cumplan los siguientes requisitos de edad:

a) Para las modalidades de Iniciación Profesional, Talleres Profesionales y Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, los jóvenes menores de veintiún años que al menos cumplan dieciséis años en el año natural en que se inicie el programa.

b) Para la modalidad de Formación-Empleo, los jóvenes menores de veintiún años que al menos cumplan dieciocho años en el momento de realización del contrato de trabajo, correspondiente a la segunda fase en la que organiza esta modalidad, establecido en la base séptima. B) .2. b) . Podrán acceder también los jóvenes que al menos cumplan dieciséis años en el año natural en que se inicie el programa, siempre que se trate de un perfil profesional que no contemple ninguna de las actividades prohibidas por el Decreto de 26 de julio de 1957 (BOE de 26 de agosto) , por el que se fijan los trabajos prohibidos a menores. En todo caso, la entidad beneficiaria de la ayuda será la responsable del cumplimiento de las acciones derivadas del citado Decreto.

MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS

Los programas de Garantía Social objeto de la presente convocatoria se podrán desarrollar en las siguientes modalidades:

A) Iniciación Profesional.

1. Solicitantes: podrán solicitar la subvención para programas de esta modalidad los centros docentes privados, ubicados en Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Formación Profesional Específica, siempre y cuando tengan un concierto educativo con la Consejería de Educación y Ciencia para impartir enseñanzas y este no se refiera a programas de garantía social.

2. Duración: en esta modalidad la duración de los programas será, como mínimo, de 990 horas.

B) Formación y empleo.

1. Solicitantes: podrán solicitar la subvención para el desarrollo de programas objeto de esta modalidad:

a) Los Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Diputaciones Provinciales incluidas en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. Las Diputaciones Provinciales podrán solicitar y gestionar los programas a desarrollar cuando los municipios de donde proceda el alumnado carezcan de los recursos necesarios para su realización y tengan menos de 5.000 habitantes.

b) Asociaciones empresariales sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, siempre que su domicilio fiscal se encuentre en Castilla-La Mancha.

2. Duración: en esta modalidad la duración mínima de los programas será de un año o 1.100 horas de formación y constarán de dos fases:

a) La primera será de formación inicial en el perfil profesional subvencionado. La distribución horaria se ajustará a lo dispuesto en el apartado séptimo de la Orden de 20 de junio de 2001 de la Consejera de Educación y Cultura.

b) La segunda fase será de formación en alternancia con el trabajo en un puesto productivo de la rama profesional, en la que los alumnos se estén formando. Se tendrá en cuenta lo siguiente:

b. l. Tiempo de formación:

Estará en correspondencia con el de trabajo efectivo, no siendo nunca inferior al 15 por 100 de la jornada máxima fijada en el convenio colectivo correspondiente, según lo señalado en el articulo 1 de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Contratación Indefinida, y el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo (BOE de 30 de diciembre de 1997 y 9 de abril de 1998, respectivamente) sobre los contratos para la formación.

El horario de cada uno de los cinco componentes formativos, se concretará según las necesidades del grupo y de los objetivos alcanzados en la primera fase.

La formación estará organizada para ser impartida fuera del puesto de trabajo.

b.2. Tiempo de trabajo en un puesto productivo:

Los alumnos y alumnas serán contratados, preferentemente mediante la modalidad de contrato para la formación, por las entidades beneficiadas de la subvención (entidades locales o asociaciones empresariales sin ánimo de lucro) o por las empresas que colaboren en los programas, por un mínimo del 50 por 100 de la jornada máxima fijada, señalada en el punto b.l. anterior, durante un período no inferior a seis meses, percibiendo las retribuciones salariales que les correspondan de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

La entidad beneficiaria estará obligada a realizar la contratación cuando no haya empresas que puedan llevarla a cabo. En todo caso, esta fase de prácticas deberá realizarse lo más cerca posible del lugar donde se imparte la primera.

A fin de rentabilizar los recursos, si la organización del programa lo permite y existen plazas vacantes, la formación en alternancia con el trabajo podrá abrirse a otros jóvenes con contrato para la formación, en trabajos de la misma familia profesional del perfil que se esté impartiendo.

C) Talleres profesionales.

1. Solicitantes: podrán solicitar la subvención para el desarrollo de los programas objeto de esta modalidad, las asociaciones o entidades privadas sin animo de lucro, legalmente constituidas y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, que no impartan Formación Profesional Reglada y con experiencia en la atención a jóvenes socialmente desfavorecidos.

2. Duración: en esta modalidad la duración de los programas será como mínimo de 11 meses, asegurando 1.100 horas de formación. Se autorizará la reducción de horas semanales cuando el desarrollo del programa tenga una duración mayor de la exigida.

D) Alumnos con necesidades educativas especiales:

1. Solicitantes: podrán solicitar la subvención para el desarrollo de programas objeto de esta modalidad las asociaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, dedicadas a la atención de jóvenes con discapacidad, que presenten proyectos viables y dispongan de la infraestructura y experiencia necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa.

2. Duración: los programas de esta modalidad tendrán una duración de 1.800 horas, que pueden ser distribuidas en dos cursos académicos.

3. Destinatarios: podrán acceder a esta modalidad aquellos alumnos y alumnas cuyo dictamen de escolarización determine la existencia de necesidades educativas especiales y que cumplan los requisitos determinados en el apartado cuarto.

CUANTÍA Y DESTINO DE LAS SUBVENCIONES

1. El importe de la subvención por cada programa alcanzará como máximo 49.000 euros para los perfiles profesionales que se conceden por primera vez a la entidad solicitante y de 36.000 euros para aquellos perfiles en los que la entidad solicitante ha recibido subvención en años anteriores. Para Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, el importe máximo de la subvención será de 96.000 euros y de 66.000 euros respectivamente.

2. En todas las modalidades, las cuantías estarán destinadas a sufragar los gastos originados en los conceptos que se detallan en el Anexo X. 


 

ORDEN de 17-07-2006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se establece las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la permanencia o retorno de jóvenes cualificados en el medio rural en colaboración con los municipios de Castilla-La Mancha para 2006. (DOCM de 31 de julio de 2006) .

OBJETO

La presente Orden tiene por objeto regular las subvenciones para la contratación temporal, por parte de los municipios de Castilla-La Mancha, de personas cualificadas y desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social, que mantengan a jóvenes cualificados en el territorio y favorezcan el desarrollo local, industrial, comercial, medioambiental y de bienestar social del municipio.

PROYECTOS SUBVENCIONABLES

Serán subvencionables los proyectos relacionados con:

- La promoción del turismo.

- El desarrollo cultural local.

- Apoyo educativo.

- Promoción del deporte.

- Ocio y tiempo libre.

- La atención a la Infancia.

- Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

- Los jóvenes en dificultad y la inserción.

- La gestión de la energía.

- Los servicios del medio ambiente.

- Cualquier otro proyecto que posibilite el diseño y la ejecución de estrategias que generen empleo y/o mejoren las condiciones de vida en el medio rural.

SALARIO

Las personas beneficiarias percibirán, como mínimo, un salario bruto mensual de 1.300 Euros, más dos pagas extraordinarias del mismo importe.

SUBVENCIÓN Y CUANTÍA DE LA MISMA

Se establece una subvención de hasta el 90% del coste bruto anual del trabajador (salarios más seguridad social) , con un máximo de 21.555 Euros para un año de contrato.

Ningún otro gasto que se pueda derivar del pago de un mayor salario o del coste de los materiales para la ejecución de los proyectos, será financiable con cargo a este programa.

El importe de la subvención concedida de forma individual o en concurrencia con otras, no podrá superar el 100% del coste bruto anual de la contratación financiada. 


 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

ORDEN TRI/378/2006, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir el programa de inserción laboral de personas con disminución y personas con dificultades de inserción laboral. (DOGC de 27 de julio de 2006) .

TIPO DE ACCIONES SUBVENCIONABLES

Para conseguir el objetivo que describe el artículo 1 se llevarán a cabo las acciones siguientes:

a) Acción 1:

Acciones de promoción y difusión del programa de inserción laboral de personas con disminución y personas con dificultades de inserción laboral que recoge esta Orden.

b) Acción 2:

Aplicación de medidas de acompañamiento laboral consistentes en el apoyo a la contratación de un prospector o de una prospectora laboral.

Se entiende como prospector laboral la persona que tiene como funciones la difusión, asesoramiento, búsqueda activa, selección, entrevista e información a los potenciales empleadores y la preparación de cara a su inserción y posterior acompañamiento a la empresa de las personas definidas en el artículo 1 en relación con el artículo 34.

c) Acción 3:

Ayudas para la efectiva contratación de personas con disminución y/o con dificultades de inserción laboral en proceso de inserción.

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISMINUCIÓN Y PERSONAS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL (ACCIÓN 1)

1º.- Objeto

Subvencionar los costes derivados de la promoción y difusión, por las federaciones y agrupaciones a qué hace referencia el artículo 25, de las acciones realizadas por las mismas, destinadas a la implementación, desarrollo y consolidación del programa de inserción laboral de personas con disminución y personas con dificultades de inserción laboral que recoge esta Orden.

Las actuaciones a subvencionar son: seminarios, jornadas, edición de publicaciones y campañas de difusión en medios de comunicación.

2º.- Beneficiarios

Pueden ser beneficiarios de las subvenciones las federaciones y agrupaciones con personalidad jurídica propia de las entidades legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, domiciliadas en Cataluña, que lleven a cabo su actividad principalmente en territorio catalán, y que tengan como finalidad principal la inserción laboral de personas con disminución; igualmente pueden ser beneficiarios de las subvenciones las federaciones y agrupaciones con personalidad jurídica propia de las empresas de inserción.

3º.- Cuantía

La subvención consistirá como máximo en un 75% del coste total de las jornadas, seminarios, publicidad y campañas de difusión de las acciones del programa de inserción laboral de personas con disminución y personas con dificultades de inserción laboral que recoge esta Orden realizadas por las entidades o empresas de inserción beneficiarias, con un límite máximo de 9.000 euros.

SUBVENCIONES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO LABORAL CONSISTENTES EN LA CONTRATACIÓN DE UN PROSPECTOR O UNA PROSPECTORA LABORAL (ACCIÓN 2)

1º.- Objeto

El objeto de esta subvención es subvencionar los costes derivados de la contratación de un prospector o prospectora laboral que lleve a cabo medidas de prospección y acompañamiento para la inserción laboral de los colectivos establecidos en el artículo 1 en relación al artículo 34.

2º.- Destinatarios

1 Personas con disminución que se encuentren en situación de paro y que en el mismo periodo no realicen ninguna otra medida de fomento de la ocupación.

Trabajadores en proceso de inserción contratados por un Centro Especial de Trabajo.

Personas en situación de exclusión definidas al artículo 1 que se encuentren en situación de paro y no realicen ninguna otra medida de fomento de la ocupación.

Trabajadores en proceso de inserción contratados por una Empresa de Inserción pertenecientes a los colectivos definidos al artículo 1.

El número máximo de trabajadoras y de trabajadores contratados en calidad de prospector o prospectora laboral es de dos por cada entidad o empresa de inserción, siempre y cuando la primera persona contratada en calidad de prospector o prospectora laboral asuma un mínimo de 15 personas.

3º.- Beneficiarios

1.- El beneficiario de las subvenciones puede ser cualquier entidad legalmente constituida, sin ánimo de lucro, domiciliada en Cataluña, que lleve a cabo su actividad principalmente en territorio catalán, y que tenga como finalidad principal la inserción laboral de personas con disminución.

2.- Pueden ser también beneficiarios de las subvenciones las sociedades cooperativas, las sociedades laborales y las mercantiles que sean calificadas como empresa de inserción y estén inscritas en el Registro administrativo de empresas de inserción de Cataluña que crea la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral.

3º.- Cuantía

La subvención consistirá en una cuantía máxima de 18.000,00 euros correspondientes a 12 mensualidades a tiempo completo derivadas del contrato de trabajo del prospector o prospectora laboral. En cualquier caso, la retribución final que perciba el trabajador o la trabajadora no puede ser inferior a la cuantía mínima que prevé el convenio colectivo.

El proyecto tendrá una duración máxima de 12 meses continuados.

AYUDAS POR LA EFECTIVA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISMINUCIÓN Y/O CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL EN PROCESO DE INSERCIÓN.

1º.- Objeto

1 El Departamento de Trabajo e Industria subvencionará por una única vez la efectiva contratación de personas incluidas en los colectivos definidos en el capítulo 3 que, al finalizar el proceso, sean efectivamente insertadas en la empresa ordinaria.

2 Esta subvención se otorgará a partir del cuarto contrato que se acredite subscrito entre la empresa ordinaria y la persona con disminución y/o con dificultades de inserción en proceso de inserción.

2º.- Cuantía de la ayuda

La cuantía que se otorgará será un único pago de 400,00 euros por la acreditación de cada contrato de duración, como mínimo de 3 meses, en los supuestos de contratos de 6 meses o duración superior la subvención a otorgar será de 800,00 euros para cada contratación efectivamente acreditada. 


 

ORDEN TRI/380/2006, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir las ayudas destinadas a la promoción de la ocupación autónoma y se determina el importe máximo destinado a estas ayudas para el año 2006. (DOGC de 28 de julio de 2006) .

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarias de las ayudas que prevé la presente Orden las personas físicas en situación de desempleo que se quieran constituir como trabajadores autónomos, o que se hayan constituido en trabajadores autónomos en el ejercicio presupuestario en el cual solicitan la ayuda, para llevar a cabo su propio negocio, y que cumplan los requisitos que establece la presente Orden.

TIPOS DE AYUDAS

a) Subvención financiera para la reducción de las cuotas de los préstamos concedidos con el fin de financiar los proyectos mencionados en el artículo 2, regulada en la sección primera del capítulo 2 de la presente Orden.

b) Subvención a fondo perdido o renta de subsistencia, por una sola vez, que contribuya a garantizar unos ingresos mínimos al inicio de la actividad, regulada en la sección segunda del capítulo 2 de la presente Orden.

c) Ayuda para asistencia técnica, regulada en la sección tercera del capítulo 2 de la presente Orden.

TIPOS DE SUBVENCIONES

1º.- Subvención financiera

La subvención financiera establecida en el artículo 20 será, como máximo, de seis puntos del tipo de interés fijado por la entidad financiera que conceda el préstamo al solicitante, y se pagará de una sola vez en cuantía calculada, como si la subvención se devengase cada año de su duración, incluido el posible periodo de carencia.

Esta subvención no podrá superar la cantidad de 5.108,60 euros.

2º.- Subvención a fondo perdido o renta de subsistencia

Se podrán conceder subvenciones por una sola vez de hasta 3.005,06 euros que contribuyan a garantizar, durante el inicio de la actividad por cuenta propia, unos ingresos mínimos a las personas que cumplan los requisitos que establece la presente Orden.

Las subvenciones en concepto de rentas de subsistencia son incompatibles con cualquier otra ayuda pública concedida para la misma finalidad.

3º.- Ayuda para asistencia técnica

La ayuda para asistencia técnica se concederá a petición de la persona interesada. Se podrá subvencionar hasta un máximo de 50% del coste de la actuación.

El importe máximo a otorgar por el concepto de asistencia técnica no podrá superar la cuantía de 20.000,00 euros.

IMPORTES MÁXIMOS Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2006

El importe máximo destinado a la promoción de ocupación autónoma para el ejercicio presupuestario 2006 es de 8.568.423,88 euros.

El importe mencionado en el apartado anterior podrá ser objeto de modificación como consecuencia de la efectiva transferencia por parte del Estado del crédito correspondiente. 


 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

ORDEN de 20 de julio de 2006 por la que se hace pública la ampliación del importe existente para la concesión de subvenciones para la realización de actividades de información, orientación y búsqueda de empleo convocadas por la Orden de 23 de febrero de 2006.(DOG de 31 de julio de 2006) .

Se amplía el importe de la cuantía establecida para la aplicación 16.03.241B.461.0 de la Orden de 23 de febrero de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la realización de actividades de información, orientación y búsqueda de empleo en los importes de 472.484 euros para el año 2006 y de 200.000 euros para 2007.

La cuantía total de la orden en la aplicación 16 .03 .241B .461 .0 será por importe de 639.463,05 euros para el año 2006 y de 261.397,18 euros para el año 2007. 


 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo y Formación, de día 24 de julio de 2006, por la cual se abre la convocatoria para el periodo 2006-2007 para la concesión de subvenciones de acciones de orientación laboral para la ocupación y asistencia para el autoempleo (OLOA) . (BOIB de 27 de julio de 2006) .

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Esta resolución tiene por objeto abrir la convocatoria para el periodo 2006- 2007 para presentar solicitudes para la concesión de subvenciones a entidades colaboradoras que realicen acciones de orientación profesional para la ocupación y asistencia para el autoempleo (OLOA) , articuladas en itinerarios de inserción ocupacional y dirigidas a la mejora de las posibilidades de ocupación de los demandantes de ocupación inscritos en el SOIB, y relacionadas en el apartado 4

FINANCIACIÓN

El crédito asignado inicialmente a esta convocatoria para el periodo 2006 - 2007 es de 1.369.902,97 euros.

ACCIONES SUBVENCIONABLES

Son objeto de subvención las acciones OLOA relacionadas a continuación, siempre que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo II de esta Resolución:

- Entrevista personal inicial (EPI)

- Tutorías individuales (TI)

- Desarrollo de aspectos personales para la ocupación (DAPO)

- Búsqueda activa de ocupación (RAO) - Taller entrevista

- Búsqueda activa de ocupación (RAO) - Informativas de orientación

- Información y motivación para el autoempleo (INMA)

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN

El SOIB subvencionará las retribuciones salariales totales, a excepción de las indemnizaciones por finalización del contrato, y la cotización empresarial

a la Seguridad Social, por todos los conceptos del personal necesario para ejecutar las acciones, siempre que sea contratado por cuenta de otro, en función de las normas legales y reglamentarias, o del Convenio Colectivo aplicable, o de acuerdo con la normativa de aplicación a las administraciones públicas para funcionarios, en las cuantías siguientes, de acuerdo con lo que establece la Resolución de la Dirección general del Servicio Público de Ocupación Estatal, de 26 de enero de 2006:

a) Para los técnicos, de acuerdo con las retribuciones establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta un máximo de 29.321,50 euros por año.

b) Para el personal de apoyo, de acuerdo con las retribuciones establecidas en la respectiva normativa de aplicación para cada categoría, nivel o grupo profesional, hasta un máximo de 20.525,05 euros por año.

Las retribuciones hacen referencia a la prestación de servicios a jornada completa; se tienen que calcular proporcionalmente a la jornada que se desarrolle en el supuesto de que la prestación de servicios sea a tiempo parcial.

El SOIB subvenciona un 25 % más de la cuantía que corresponda del importe de subvención por retribuciones recogidas en el apartado 1 en concepto de:

a) Gastos generales, materiales y técnicos, que se generen en la ejecución de las acciones.

b) Gastos que originen las dietas y desplazamientos necesarios para desarrollar las acciones, hasta el máximo establecido en ambos conceptos en la

Administración autonómica, o en las normas legales y reglamentarias, en los convenios colectivos correspondientes de aplicación, o contrato de trabajo, en el supuesto que estos establezcan cuantías inferiores. 


 RESOLUCIÓN del Consejero de Trabajo y Formación de 24 de julio de 2006, mediante la cual se abre la convocatoria para conceder subvenciones para poner en práctica los programas experimentales en materia de empleo. (BOIB de 27 de julio de 2006) .

OBJETO

Abrir la convocatoria para presentar las solicitudes de subvenciones para programas experimentales de empleo que tengan como objetivo desarrollar planes integrales de empleo que combinen acciones de diferente naturaleza, así como información, orientación y asesoramiento; formación; práctica laboral y movilidad geográfica, con la finalidad de lograr la inserción laboral de los desempleados, de acuerdo con lo que dispone la Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, que establece las bases reguladoras de estos programas, modificada por la Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, que adecua estas bases a la Ley general de subvenciones.

Las acciones a las que se refiere esta resolución se deben orientar, con carácter general, a mejorar la ocupabilidad y la integración de los desempleados señalados como prioritarios en la definición anual del Plan Nacional de Acción para el Empleo, entre los que se encuentran: discapacitados, inmigrantes, mujeres con problemas de integración laboral y trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión social, así como perceptores de prestaciones, subsidios por desempleo o de la renta activa de inserción.

FINANCIACIÓN

El crédito inicialmente asignado para esta convocatoria para el período 2006 es de 612.000 euros.

CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES

Para desarrollar los programas experimentales de empleo previstos en esta norma, la financiación total se determina en el convenio de colaboración correspondiente, según el número de personas que se deben atender y los objetivos previstos de inserción, sin que la cantidad a percibir pueda ser superior a 1.200 euros por persona atendida y 3.500 euros por persona atendida e insertada en el mercado de trabajo. En ningún caso, teniendo en cuenta ambos parámetros, no se puede percibir una cantidad superior a 2.100 euros de promedio por persona desempleada objeto del programa.

En el convenio se debe establecer una reducción del importe total de la subvención si no se logran los objetivos previstos. Esta reducción se calculará según los demandantes de empleo insertados, teniendo en cuenta, no obstante,

los demandantes atendidos. Las cuantías por persona atendida o insertada se deben determinar, con los límites señalados anteriormente, en el convenio de colaboración, según las características de los desempleados que se deben atender e insertar y su dificultad para integrarse en el mercado de trabajo.

La subvención que se determine en el convenio se debe destinar a cubrir los gastos de la entidad relativos a:

a) Los costes salariales y de Seguridad Social del personal necesario para apoyo y/o formación de los demandantes de empleo, incluyendo el que preste servicios a la entidad beneficiaria, y de otros que puedan contratarse con esta finalidad, hasta un límite de 42.000 euros anuales por trabajador. En el primer caso, se deben imputar al programa las partes proporcionales del tiempo efectivamente dedicado al proyecto.

b) Gastos de dietas y de desplazamientos de este personal, y de los demandantes que participan en el plan.

c) Gastos derivados de contratar medios externos dirigidos a formar a los desempleados participantes en el plan, así como las pólizas de seguros para formar técnicamente y en prácticas ocupacionales a estos desempleados, si es necesario.

d) Gastos de amortización de materiales y de equipos técnicos necesarios para impartir la formación.

e) Gastos generales, material técnico y material de oficina, con el límite del 25% del coste total del proyecto. En estos gastos se incluyen:

1º. Gastos de ejecución de material técnico (guías, documentación para el participante, etc.) y de ejecución de material de oficina.

2º. Gastos generales necesarios para ejecutar las acciones en la parte correspondiente a esta ejecución:

Arrendamientos (excluido «leasing») : edificios, mobiliario, herramientas y equipos de arrendamiento.

Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento) .

Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para calefacción (si no está incluido en el arrendamiento) .

Comunicaciones (teléfono, correos, etc.) .

Limpieza.

Seguridad, vigilancia.

Seguros de responsabilidad civil.

Otros gastos de funcionamiento necesarios.

 


 UNIÓN EUROPEA - LEGISLACIÓN

DIRECTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) . (DOUE de 26 de julio de 2006, L 204) .

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 141,apartado 3, Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado,

Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, y la Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986,relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social, han sido modificadas de forma sustancial. La Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975,relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos ,y la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997,relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, contienen también disposiciones cuya finalidad es la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Dado que en dichas Directivas se han hecho modificaciones, conviene, en aras de la claridad, refundir las disposiciones correspondientes, reuniendo en un único texto las principales disposiciones existentes en este ámbito, así como ciertas novedades que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo denominado «el Tribunal de Justicia ») .

(2) La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental del Derecho comunitario en virtud del artículo 2 y del artículo 3,apartado 2,del Tratado, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Dichas disposiciones del Tratado proclaman la igualdad entre hombres y mujeres como una «misión »y un «objetivo »de la Comunidad e imponen una obligación positiva de promover dicha igualdad en todas sus actividades.

(3) El Tribunal de Justicia ha sostenido que el ámbito de aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres no puede reducirse únicamente a la prohibición de las discriminaciones que se derivan de la pertenencia a uno u otro sexo. En atención a su objeto y a los derechos que pretende proteger, debe aplicarse igualmente a las discriminaciones que tienen lugar a consecuencia del cambio de sexo de una persona.

(4) El artículo 141,apartado 3,del Tratado proporciona ahora una base jurídica específica para la adopción de medidas comunitarias destinadas a garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

(5) En los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se prohíbe también toda discriminación por razón de sexo y se consagra el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.

(6) El acoso y el acoso sexual son contrarios al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y constituyen discriminación por razón de sexo a efectos de la presente Directiva. Dichas formas de discriminación se producen no solo en el lugar de trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo, a la formación profesional y a la promoción. Por consiguiente, se deben prohibir estas formas de discriminación y deben estar sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(7) En este contexto, debe alentarse a los empresarios y a los responsables de la formación profesional a tomar medidas para combatir toda clase de discriminación por razón de sexo y, en particular, a tomar medidas preventivas contra el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo y en el acceso al empleo, a la formación profesional y a la promoción, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

(8) El principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor establecido en el artículo 141 del Tratado y sostenido reiteradamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia constituye un aspecto importante del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y una parte esencial e indispensable del acervo comunitario, incluida la jurisprudencia del Tribunal, en lo que se refiere a la discriminación en razón de sexo, por lo que conviene adoptar disposiciones complementarias para su aplicación.

(9) De conformidad con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, para apreciar si unos trabajadores realizan un mismo trabajo o un trabajo al que se puede atribuir un mismo valor, debe comprobarse si, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las condiciones de formación y las condiciones laborales, puede considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable.

(10) El Tribunal de Justicia ha establecido que, en determinadas circunstancias, el principio de la igualdad de retribución no se limita a las situaciones en las que hombres y mujeres trabajan para un mismo empleador.

(11) Los Estados miembros deben seguir luchando, junto con los interlocutores sociales, contra el hecho de que las mujeres sigan percibiendo una retribución inferior a la de los hombres y de que exista una clara línea divisoria entre los sexos en el mercado laboral, por medios tales como reglamentaciones flexibles sobre la jornada laboral que permitan, tanto a hombres como a mujeres, una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. Ello podría incluir también reglamentaciones adecuadas sobre permiso parental, que puedan solicitar tanto los padres como las madres, y la creación de instalaciones accesibles y asequibles para el cuidado de los niños y la asistencia a personas dependientes.

(12) Conviene adoptar medidas específicas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social y precisar su alcance.

(13) En su sentencia de 17 de mayo de 1990,en el asunto C-262/88, el Tribunal de Justicia determinó que todas las formas de pensiones de empresa constituyen un elemento de retribución a efectos del artículo 141 del Tratado.

(14) Aunque el concepto de retribución, según la definición que figura en el artículo 141 del Tratado, no incluya las prestaciones de seguridad social, está ya claramente establecido que el principio de igualdad de retribución es aplicable a un régimen de pensiones para los funcionarios públicos si las prestaciones devengadas en virtud de dicho régimen se abonan al trabajador en razón de su relación laboral con el empleador público, con independencia de que el régimen en cuestión forme parte de un régimen general obligatorio. De acuerdo con las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los asuntos C-7/93 y C-351/00,esta condición se cumplirá si la pensión solo afecta a una categoría particular de trabajadores y sus prestaciones están directamente en función de los años de servicio y se calculan basándose en el último sueldo del funcionario. En consecuencia, por razones de claridad conviene adoptar disposiciones específicas a dicho efecto.

(15) El Tribunal de Justicia ha confirmado que, si bien las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena a un régimen de jubilación que consiste en garantizar una prestación final determinada están amparadas por el artículo 141 del Tratado, toda desigualdad de las cotizaciones patronales abonadas en el marco de los regímenes de prestaciones definidas financiadas por capitalización a causa de la utilización de factores actuariales distintos según el sexo no podría tenerse en cuenta en relación con la misma disposición.

(16) A título de ejemplo, en el caso de regímenes de prestaciones definidas, financiadas por capitalización, algunos elementos, tales como la conversión en capital de una parte de la pensión periódica, la transferencia de los derechos de pensión, la pensión de supervivencia reversible y pagadera a un derechohabiente, a cambio de la renuncia a una parte de la pensión o la pensión reducida si el trabajador opta por una jubilación anticipada, pueden ser desiguales en la medida en que la desigualdad de los importes se deba a las consecuencias de la utilización de factores actuariales diferentes según el sexo en el momento de la puesta en práctica de la financiación del régimen.

(17) Está ya bien establecido que las prestaciones devengadas en virtud de un régimen profesional de seguridad social no se considerarán retribución en la medida en que puedan asignarse a los períodos de empleo anteriores al 17 de mayo de 1990,excepto en el caso de los trabajadores o sus derechohabientes que hubieran incoado una acción ante los tribunales o presentado una reclamación equivalente según el Derecho nacional de aplicación antes de esa fecha. Por consiguiente, es necesario limitar la aplicación del principio de igualdad de trato en consecuencia.

(18) El Tribunal de Justicia ha mantenido de forma reiterada que el Protocolo de Barber no tiene ninguna incidencia sobre el derecho a la participación en un plan de pensiones de empresa, y que la limitación de los efectos en el tiempo de la sentencia en el asunto C-262/88 no se aplica al derecho a la participación en un plan de pensiones de empresa. El Tribunal de Justicia ha decidido asimismo que las normas nacionales relativas a los plazos de recurso de Derecho interno son oponibles en el caso de los trabajadores que invoquen su derecho a afiliación a un plan de pensiones de empresa, a condición de que no sean menos favorables a dicho tipo de acción que a acciones semejantes de carácter nacional y no imposibiliten en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho comunitario. Además, el Tribunal de Justicia ha decidido que el hecho de que un trabajador pueda pretender la afiliación retroactiva a un plan de pensiones de empresa no le permite sustraerse al pago de las cotizaciones relativas al período de afiliación de que se trate.

(19) Garantizar la igualdad de acceso al empleo y a la formación profesional capacitadora es esencial para la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, por lo que toda excepción a este principio debe limitarse a las actividades profesionales que requieren el empleo de una persona de un sexo determinado por su naturaleza o el contexto en que se realicen, siempre que el objetivo buscado sea legítimo y se respete el principio de proporcionalidad.

(20) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otros, sindicatos y a afiliarse a estos en defensa de sus intereses. Las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 141, apartado 4,del Tratado podrán incluir la pertenencia o la continuación de la actividad de organizaciones o sindicatos cuyo objetivo principal sea la promoción, en la práctica, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

(21) La prohibición de la discriminación debe entenderse sin perjuicio del mantenimiento o la adopción de medidas destinadas a evitar o compensar situaciones de desventaja sufridas por un grupo de personas del mismo sexo. Tales medidas permiten la existencia de organizaciones de personas del mismo sexo cuando su objetivo principal sea promover las necesidades especiales de tales personas y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

(22) De conformidad con el artículo 141,apartado 4,del Tratado, y con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impide a los Estados miembros mantener o adoptar medidas que prevean ventajas específicas para facilitar a las personas del sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o para evitar o compensar las desventajas que sufran en sus carreras profesionales. Dada la situación actual, y teniendo en cuenta la Declaración n o 28 del Tratado de Amsterdam, los Estados miembros deben, en primer lugar, aspirar a mejorar la situación de la mujer en la vida laboral.

(23) De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el trato desfavorable a una mujer relacionado con el embarazo o la maternidad constituye discriminación directa por razón de sexo. Dicho trato debe por lo tanto figurar expresamente en la presente Directiva.

(24) El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente que, en lo que respecta al principio de igualdad de trato, es legítimo proteger la condición biológica de una mujer durante el embarazo y la maternidad, así como prever medidas de protección de la maternidad con el fin de lograr una verdadera igualdad. Por consiguiente, la presente Directiva no debe afectar a lo dispuesto en la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992,relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la persona embarazada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia .La presente Directiva tampoco debe afectar a lo dispuesto en la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES.

(25) Por razones de claridad, conviene asimismo adoptar expresamente disposiciones para la protección del derecho al trabajo de las mujeres en permiso de maternidad, en particular su derecho a reincorporarse al mismo puesto o a un puesto equivalente, a que sus condiciones laborales no se deterioren como resultado de dicho permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

(26) En la Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, reunidos en el seno del Consejo, de 29 de junio de 2000,relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar, se alienta a los Estados miembros a evaluar la posibilidad de que los respectivos ordenamientos jurídicos reconozcan a los hombres trabajadores un derecho individual e intransferible al permiso de paternidad, manteniendo al mismo tiempo sus derechos laborales.

(27) Deben aplicarse consideraciones análogas al reconocimiento por los Estados miembros a hombres y mujeres de un derecho individual e intransferible al permiso por adopción de hijos. Corresponde a los Estados miembros determinar la oportunidad de conceder tal derecho al permiso parental y al permiso por adopción, así como las condiciones, distintas del despido y la reincorporación laboral, que queden fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(28) La aplicación efectiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres requiere que los Estados miembros establezcan procedimientos adecuados.

(29) La introducción de procedimientos judiciales o administrativos adecuados para el cumplimiento de las obligaciones que impone la presente Directiva es fundamental para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato.

(30) La adopción de normas sobre la carga de la prueba tiene una gran importancia para garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad de trato. Por consiguiente, tal como sostiene el Tribunal de Justicia, deben adoptarse disposiciones para garantizar que la carga de la prueba recaiga en la parte demandada cuando a primera vista haya un caso de discriminación, excepto en relación con los procedimientos en que sea el Tribunal o el órgano nacional competente quien deba instruir los hechos. Sin embargo, es necesario precisar que la apreciación de los hechos de los que pueda resultar la presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta sigue correspondiendo al órgano nacional competente, con arreglo al Derecho nacional o a las prácticas nacionales. Más aún, los Estados miembros están facultados para introducir, en todas las fases de los procedimientos, un régimen probatorio que resulte más favorable a la parte demandante.

(31) Con el fin de aumentar el nivel de protección que ofrece la presente Directiva, también se debe facultar a las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas para que puedan iniciar procedimientos, con arreglo a lo que dispongan los Estados miembros, en nombre o en apoyo de un demandante, sin perjuicio de la normativa procesal nacional en materia de representación y defensa.

(32) Dado el carácter fundamental del derecho a una tutela jurídica efectiva, conviene garantizar que los trabajadores continúen gozando de dicha protección incluso tras la extinción de la relación que haya dado lugar a la supuesta vulneración del principio de igualdad de trato. Un empleado que defienda o testifique a favor de una persona amparada por la presente Directiva debe tener derecho a idéntica protección.

(33) El Tribunal de Justicia ha establecido ya claramente que la eficacia del principio de igualdad de trato exige que la compensación reconocida por cualquier vulneración del mismo ha de ser adecuada al perjuicio sufrido. Por tanto, conviene excluir la fijación previa de un tope máximo para dicha compensación, excepto cuando el empresario pueda probar que el único perjuicio sufrido por el demandante como resultado de la discriminación en el sentido de la presente Directiva haya sido la negativa a tomar en consideración su solicitud de trabajo.

(34) Con el fin de impulsar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, los Estados miembros deben fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales y, en el marco de las prácticas nacionales, con las organizaciones no gubernamentales.

(35) Los Estados miembros deben establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

(36) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(37) Para una mejor comprensión de las diferencias de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al empleo y la ocupación, se deben seguir elaborando, analizando y facilitando a los niveles adecuados estadísticas comparables, específicas para cada sexo.

(38) La igualdad de trato de hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación no puede limitarse a medidas de carácter legislativo. La Unión Europea y los Estados miembros deben seguir fomentando el proceso de toma de conciencia del problema de la desigualdad en la retribución así como un cambio en la forma de enfocarlo, haciendo participar en ello, en la medida de lo posible, a todos los sectores afectados tanto públicos como privados. En este sentido, el diálogo entre los interlocutores sociales puede aportar una contribución importante.

(39) La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación sustancial en relación con las anteriores Directivas. La obligación de incorporar al Derecho nacional las disposiciones apenas modificadas se deriva de las anteriores Directivas.

(40) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de incorporación al Derecho nacional y la aplicación de las directivas tal como se contempla en el anexo 1,parte B.

(41) De acuerdo con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor », se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Finalidad

La presente Directiva tiene por objeto garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

A tal fin, contiene disposiciones destinadas a aplicar el principio de igualdad de trato en lo que se refiere a:

a) el acceso al empleo, incluida la promoción, y a la formación profesional;

b) las condiciones de trabajo, incluida la retribución;

c) los regímenes profesionales de seguridad social.

Contiene, además, disposiciones para garantizar que dicha aplicación sea más eficaz mediante el establecimiento de los procedimientos adecuados.

Artículo 2

Definiciones

1.A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

a) «discriminación directa »:la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable;

b) «discriminación indirecta »:la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios;

c) «acoso »:la situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo;

d) «acoso sexual »:la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo;

e) «retribución »:el salario o sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras gratificaciones abonadas directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo;

f) «regímenes profesionales de seguridad social »:los regímenes no regulados por la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978,sobre la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de seguridad social, cuya finalidad sea proporcionar a los trabajadores, por cuenta ajena o autónomos, agrupados en el marco de una empresa o de un grupo de empresas, de una rama económica o de un sector profesional o interprofesional, prestaciones destinadas a completar las prestaciones de los regímenes legales de seguridad social o a sustituirlas, tanto si la adscripción a dichos regímenes fuere obligatoria como si fuere facultativa.

2.A efectos de la presente Directiva, el concepto de discriminación incluirá:

a) el acoso y el acoso sexual, así como cualquier trato menos favorable basado en el rechazo de tal comportamiento por parte de una persona o su sumisión al mismo;

b) la orden de discriminar a personas por razón de su sexo;

c) el trato menos favorable a una mujer en relación con el embarazo o el permiso por maternidad en el sentido de la Directiva 92/85/CEE.

Artículo 3

Acción positiva

Los Estados miembros podrán mantener o adoptar las medidas indicadas en el artículo 141,apartado 4,del Tratado con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral.

TÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO 1

Igualdad de retribución

Artículo 4

Prohibición de la discriminación

Para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye un mismo valor, se eliminará la discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución.

En particular, cuando se utilice un sistema de clasificación profesional para la determinación de las retribuciones, este sistema se basará en criterios comunes a los trabajadores de ambos sexos, y se establecerá de forma que excluya las discriminaciones por razón de sexo.

CAPÍTULO 2

Igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social

Artículo 5

Prohibición de la discriminación

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4,en los regímenes profesionales de seguridad social no se ejercerá ninguna discriminación directa ni indirecta por razón de sexo, en particular en lo relativo a:

a) el ámbito de aplicación de dichos regímenes y las condiciones de acceso a los mismos;

b) la obligación de cotizar y el cálculo de las cotizaciones;

c) el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.

Artículo 6

Ámbito de aplicación personal

El presente capítulo se aplicará a la población activa, incluidos los trabajadores autónomos, los trabajadores cuya actividad se vea interrumpida por enfermedad, maternidad, accidente o paro involuntario, y a las personas que busquen empleo, a los trabajadores jubilados y a los trabajadores inválidos, así como a los derechohabientes de dichos trabajadores, de conformidad con la legislación y/o a las prácticas nacionales.

Artículo 7

Ámbito de aplicación material

1.El presente capítulo se aplicará a:

a) los regímenes profesionales de seguridad social que aseguren una protección contra los siguientes riesgos:

i) enfermedad,

ii) invalidez,

iii) vejez, incluido el caso de jubilaciones anticipadas,

iv) accidente laboral y enfermedad profesional,

v) desempleo;

 b) los regímenes profesionales de seguridad social que prevean otras prestaciones sociales, en dinero o en especie, y, en particular, prestaciones de supervivientes y prestaciones familiares, si dichas prestaciones constituyeran gratificaciones pagadas por el empresario al trabajador en razón del empleo de este último.

2.El presente capítulo se aplicará también a los regímenes de pensión para una categoría particular de trabajadores, como los funcionarios públicos, si las prestaciones devengadas en virtud de dicho régimen se abonan al trabajador en razón de su relación laboral con el empleador público. El hecho de que el régimen en cuestión forme parte de un régimen general obligatorio no tendrá ningún efecto a este respecto.

Artículo 8

Exclusiones del ámbito de aplicación material

1.El presente capítulo no se aplicará:

a) a los contratos individuales de los trabajadores autónomos;

b) a los regímenes de los trabajadores autónomos de un solo miembro;

c) en el caso de trabajadores por cuenta ajena, a los contratos de seguro en los que no participe el empresario;

d) a las disposiciones opcionales de los regímenes profesionales de seguridad social que se ofrezcan individualmente a los participantes con el fin de garantizarles:

i) bien prestaciones complementarias,

ii) bien la elección de la fecha inicial de percepción de las prestaciones normales de los trabajadores autónomos, o la elección entre varias prestaciones;

e) a los regímenes profesionales de seguridad social en la medida en que las prestaciones se financien a partir de las contribuciones abonadas por los trabajadores con carácter voluntario.

2.El presente capítulo no se opone a que un empresario conceda a personas que ya hayan alcanzado la edad de la jubilación para la obtención de una pensión con arreglo a un régimen profesional de seguridad social, pero que aún no hubieren alcanzado la edad de la jubilación para la obtención de una pensión de jubilación legal, un complemento de pensión con objeto de igualar o acercarse al importe de las prestaciones globales con relación a las personas del sexo opuesto en la misma situación que hubieren ya alcanzado la edad de la jubilación legal, hasta que los beneficiarios del complemento alcanzaren la edad de jubilación legal.

Artículo 9

Ejemplos de discriminación

1.Deberán considerarse entre las disposiciones contrarias al principio de igualdad de trato las que se basen en el sexo, directa o indirectamente, para:

a) definir a las personas admitidas a participar en un régimen profesional de seguridad social;

b) establecer el carácter obligatorio o facultativo de la participación en un régimen profesional de seguridad social;

c) establecer normas diferentes en lo que se refiere a la edad de entrada en un régimen o a la duración mínima de empleo o de afiliación al régimen para la obtención de las prestaciones correspondientes;

d) prever normas diferentes, salvo en la medida prevista en las letras h) y j) ,para el reembolso de las cotizaciones cuando el trabajador abandone el régimen sin haber cumplido las condiciones que le garanticen un derecho diferido a las prestaciones a largo plazo;

e) establecer condiciones diferentes de concesión de prestaciones o reservar estas a los trabajadores de uno de los sexos;

f) imponer edades diferentes de jubilación;

g) interrumpir el mantenimiento o la adquisición de derechos durante los períodos de permiso por maternidad o por razones familiares, legal o convencionalmente prescritos y remunerados por el empresario;

h) establecer niveles diferentes para las prestaciones, salvo en la medida necesaria para tener en cuenta elementos de cálculo actuarial que sean diferentes según el sexo en el caso de los regímenes de cotización definida; en el caso de regímenes de prestaciones definidas, financiadas por capitalización, ciertos elementos pueden ser desiguales en la medida que la desigualdad de los importes se deba a las consecuencias de la utilización de factores actuariales diferentes según el sexo en el momento de la puesta en práctica de la financiación del régimen;

i) establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los trabajadores;

j) establecer niveles diferentes para las cotizaciones de los empresarios, salvo:

i) en el caso de regímenes de cotización definida, si lo que se pretende es igualar o aproximar los importes de las prestaciones de pensión para ambos sexos,

ii) en el caso de regímenes de prestaciones definidas, financiadas por capitalización, cuando las cotizaciones patronales estén destinadas a completar la asignación financiera indispensable para cubrir los costes de dichas prestaciones definidas;

k) prever normas diferentes o normas aplicables solamente a los trabajadores de un sexo determinado, salvo en la medida prevista en las letras h) y j) ,en lo que se refiera a la garantía o al mantenimiento del derecho a prestaciones diferidas cuando el trabajador abandone el régimen.

2.Cuando la concesión de prestaciones dependientes del presente capítulo se deje a la discreción de los órganos de gestión del régimen, estos respetarán el principio de igualdad de trato.

Artículo 10

Aplicación en lo que se refiere a los trabajadores autónomos

1.Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las disposiciones de los regímenes profesionales de seguridad social de los trabajadores autónomos contrarias al principio de igualdad de trato sean revisadas con efecto anterior al 1 de enero de 1993,a más tardar, o, por lo que se refiere a los Estados miembros cuya adhesión tuvo lugar posteriormente, en

la fecha en que la Directiva 86/378/CEE empezara a ser aplicable en su territorio.

2.El presente capítulo no será obstáculo para que los derechos y obligaciones correspondientes a un período de afiliación a un régimen profesional de seguridad social de los trabajadores autónomos anterior a la revisión de este régimen permanezcan regidos por las disposiciones del régimen en vigor a lo largo de dicho período.

Artículo 11

Posibilidad de aplazamiento en el caso de los trabajadores autónomos

En cuanto al régimen profesional de seguridad social de los trabajadores autónomos, los Estados miembros podrán aplazar la aplicación obligatoria del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a:

a) la fijación de la edad de jubilación para la concesión de pensiones de vejez y de jubilación, así como las consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras prestaciones, a su criterio:

i) bien hasta la fecha en la que dicha igualdad se realiza en los regímenes legales,

ii) bien, como máximo, hasta que una directiva imponga dicha igualdad;

b) las pensiones de supervivencia hasta que el Derecho comunitario imponga el principio de igualdad de trato en los regímenes legales de seguridad social al respecto;

c) la aplicación del artículo 9,apartado 1,letra i) ,en relación con el uso de elementos de cálculo actuarial hasta el 1 de enero de 1999 o, en el caso de Estados miembros cuya adhesión tuvo lugar después de esta fecha, hasta la fecha en que la Directiva 86/378/CEE empezara a ser aplicable en su territorio.

Artículo 12

Efecto retroactivo

1.Toda medida de aplicación del presente capítulo, en lo que se refiere a los trabajadores, cubrirá todas las prestaciones correspondientes a regímenes profesionales de seguridad social derivadas de períodos de trabajo a partir del 17 de mayo de 1990 y se aplicará retroactivamente hasta esa fecha, sin perjuicio de los trabajadores o sus derechohabientes que, antes de esa fecha, hubieren incoado una acción ante los tribunales o presentado una reclamación equivalente según el Derecho nacional. En ese caso, las medidas de aplicación se aplicarán retroactivamente hasta el 8 de abril de 1976 y cubrirán todas las prestaciones derivadas de períodos de trabajo después de esa fecha. Para los Estados miembros que se hayan adherido a la Comunidad después del 8 de abril de 1976 y antes del 17 de mayo de 1990, la fecha se sustituirá por la fecha en la que empezara a ser aplicable en su territorio el artículo 141 del Tratado.

2.La segunda frase del apartado 1 no obsta a que las normas nacionales relativas a los plazos de recurso de Derecho interno se opongan a los trabajadores o sus derechohabientes que hubieren incoado una acción ante los tribunales en virtud del Derecho interno antes del 17 de mayo de 1990,a condición de que no sean menos favorables a dicho tipo de acción que a acciones semejantes de carácter nacional y no imposibiliten en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho comunitario.

3.Para los Estados miembros cuya adhesión haya tenido lugar después del 17 de mayo de 1990,y que a 1 de enero de 1994 fueran Partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la fecha de 17 de mayo de 1990 de la primera frase del apartado 1 se sustituirá por la de 1 de enero de 1994.

4.Para otros Estados miembros, cuya adhesión haya tenido lugar después del 17 de mayo de 1990,la fecha de 17 de mayo de 1990 que figura en los apartados 1 y 2 se sustituirá por la fecha en la que empezara a ser aplicable en su territorio el artículo 141 del Tratado.

Artículo 13

Flexibilidad de la edad de jubilación

El hecho de que hombres y mujeres puedan exigir una edad de jubilación flexible según las mismas condiciones no deberá considerarse incompatible con el presente capítulo.

CAPÍTULO 3

Igualdad de trato en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación profesional, a la promoción y a las condiciones de trabajo

Artículo 14

Prohibición de discriminación

1.No se ejercerá ninguna discriminación directa ni indirecta por razón de sexo en los sectores público o privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:

a) las condiciones de acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia o a la ocupación, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación, cualquiera que sea el sector de actividad y en todos los niveles de la jerarquía profesional, incluida la promoción;

b) el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje profesional, incluida la experiencia laboral práctica;

c) las condiciones de empleo y de trabajo, incluidas las de despido, así como las de retribución de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Tratado;

d) la afiliación y la participación en una organización de trabajadores o empresarios, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

2.Los Estados miembros podrán disponer, por lo que respecta al acceso al empleo, incluida la formación pertinente, que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo no constituirá discriminación cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando su objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Artículo 15

Reintegración tras un permiso de maternidad

La mujer en permiso de maternidad tendrá derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, en términos y condiciones que no le resulten menos favorables y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que hubiera podido tener derecho durante su ausencia.

Artículo 16

Permiso de paternidad y de adopción

La presente Directiva no afectará al derecho de los Estados miembros a reconocer derechos específicos al permiso de paternidad y/o de adopción. Los Estados miembros que reconozcan tales derechos tomarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores —hombres y mujeres —del despido motivado por el ejercicio de dichos derechos y garantizarán que, al término de dicho permiso, tengan derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo o a uno equivalente, en condiciones que no les resulten menos favorables, y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

TÍTULO III

DISPOSICIONES HORIZONTALES

CAPÍTULO 1

Recursos y cumplimiento

Sección 1

Recursos

Artículo 17

Defensa de los derechos

1.Los Estados miembros velarán por que, tras el posible recurso a otras autoridades competentes, incluidos, cuando lo consideren oportuno, procedimientos de conciliación, existan procedimientos judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas con arreglo a la presente Directiva en favor de toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiera, del principio de igualdad de trato, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se haya producido la discriminación.

2.Los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en el Derecho nacional, tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre o en apoyo del demandante, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial y/o administrativo establecido para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

3.Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de las normas nacionales en materia de plazos de interposición de recursos en relación con el principio de igualdad de trato.

Artículo 18

Indemnización o reparación

Los Estados miembros introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las medidas necesarias para garantizar la indemnización o la reparación, según determinen los Estados miembros, real y efectiva del perjuicio sufrido por una persona a causa de una discriminación por razón de su sexo, de manera disuasoria y proporcional al perjuicio sufrido. Dicha indemnización o reparación no podrá estar limitada por un tope máximo fijado a priori ,excepto en aquellos casos en que el empresario pueda probar que el único perjuicio sufrido por el demandante como resultado de la discriminación en el sentido de la presente Directiva sea la negativa a tomar en consideración su solicitud de trabajo.

Sección 2

Carga de la prueba

Artículo 19

Carga de la prueba

1.Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

2.El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.

3.Los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar el apartado 1 a los procedimientos en los que la instrucción de los hechos corresponda a los órganos jurisdiccionales o al órgano competente.

4.Los apartados 1,2 y 3 se aplicarán también:

a) a las situaciones cubiertas por el artículo 141 del Tratado y, en la medida en que exista discriminación por razón de sexo, por las Directivas 92/85/CEE y 96/34/CE;

b) a cualquier procedimiento civil o administrativo relativo a los sectores público o privado que prevea un recurso con arreglo al Derecho nacional en aplicación de las disposiciones contempladas en la letra a), con excepción de los procedimientos extrajudiciales de carácter voluntario o previstos en el Derecho nacional.

5.El presente artículo no se aplicará a los procesos penales, salvo que los Estados miembros así lo dispusieren.

CAPÍTULO 2

Promoción de la igualdad de trato: diálogo

Artículo 20

Organismos de fomento de la igualdad

1.Cada Estado miembro designará uno o más organismos responsables de la promoción, el análisis, el seguimiento y el apoyo de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por razón de sexo, y adoptará en este sentido las disposiciones necesarias. Dichos organismos podrán formar parte de los órganos responsables a nivel nacional de la defensa de los derechos humanos o de la salvaguardia de los derechos individuales.

2.Los Estados miembros velarán por que entre las competencias de estos organismos figuren las siguientes:

a) sin perjuicio del derecho de víctimas y asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas contempladas en el artículo 17,apartado 2,prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones por discriminación;

b) realizar estudios independientes sobre la discriminación;

c) publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con dicha discriminación;

d) intercambiar, al nivel adecuado, la información disponible con organismos europeos equivalentes, como el futuro Instituto europeo de igualdad de género.

Artículo 21

Diálogo social

1.Los Estados miembros, con arreglo a sus respectivas tradiciones y prácticas nacionales, adoptarán las medidas adecuadas para fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales a fin de promover la igualdad de trato, incluido, por ejemplo, el seguimiento de las prácticas desarrolladas en el lugar

de trabajo, en materia de acceso al empleo, de formación profesional y de promoción, así como mediante el seguimiento de los convenios colectivos, los códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

2.Siempre que ello sea coherente con sus tradiciones y prácticas nacionales, los Estados miembros alentarán a los interlocutores sociales, sin perjuicio de su autonomía, a promover la igualdad entre hombres y mujeres, a fomentar normativas laborales flexibles con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y a celebrar, en el nivel adecuado, convenios que establezcan normas antidiscriminatorias en los ámbitos mencionados en el artículo 1 que entren en el marco de la negociación colectiva. Dichos convenios respetarán las disposiciones de la presente Directiva y las correspondientes medidas nacionales de desarrollo.

3.Los Estados miembros, de conformidad con la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales, alentarán a los empresarios a que fomenten la igualdad de trato de hombres y mujeres de forma planificada y sistemática en el lugar de trabajo, en materia de acceso al empleo, en la formación profesional y la promoción.

4.A tal fin, deberá alentarse a los empresarios a presentar con una periodicidad adecuada a los empleados y/o a sus representantes información adecuada sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres en la empresa. Esta información podrá incluir un inventario sobre la proporción de hombres y mujeres en los diferentes niveles de la organización, los salarios y las diferencias salariales entre hombres y mujeres, así como posibles medidas para mejorar la situación, determinadas en cooperación con los representantes de los trabajadores.

Artículo 22

Diálogo con organizaciones no gubernamentales

Los Estados miembros fomentarán el diálogo con las correspondientes organizaciones no gubernamentales que tengan, con arreglo a las prácticas y a las legislaciones nacionales, un interés legítimo en contribuir a la lucha contra la discriminación por razón de sexo con el fin de promover el principio de igualdad de trato.

CAPÍTULO 3

Disposiciones horizontales generales

Artículo 23

Cumplimiento

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que:

a) se derogue cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa contraria al principio de igualdad de trato;

b) se declare o pueda declararse nula o se modifique cualquier disposición contraria al principio de igualdad de trato en contratos o convenios individuales o colectivos, estatutos del personal, reglamentos internos de empresas, estatutos de profesiones independientes y de organizaciones sindicales y empresariales, en cualquier otro acuerdo;

c) los regímenes profesionales de seguridad social que contengan tales disposiciones no puedan ser objeto de medidas administrativas de aprobación o de extensión.

Artículo 24

Victimización

Los Estados miembros introducirán en sus ordenamientos jurídicos nacionales las medidas que resulten necesarias para proteger a los trabajadores, incluidos los que sean representantes de los trabajadores según las leyes y/o prácticas nacionales, contra el despido o cualquier otro trato desfavorable del empresario como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Artículo 25

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones, que podrán incluir la indemnización a la víctima, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones adoptadas a más tardar el 5 de octubre de 2005 y comunicarán lo antes posible cualesquiera modificaciones ulteriores.

Artículo 26

Prevención de la discriminación

Los Estados miembros, de conformidad con la legislación, los convenios colectivos o las prácticas nacionales, alentarán a los empresarios y a los responsables del acceso a la formación a adoptar medidas eficaces para prevenir todas las formas de discriminación por razón de sexo y, en particular, el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en el acceso al empleo, en la formación profesional y en la promoción.

Artículo 27

Exigencias mínimas

1.Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones más favorables para la protección del principio de igualdad de trato que las establecidas en la presente Directiva.

2.La aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo suficiente para justificar la reducción del nivel de protección de los trabajadores en el ámbito regulado por ella, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar, habida cuenta de la evolución de la situación, disposiciones legales, reglamentarias o administrativas diferentes de las existentes en el momento de la notificación de la presente Directiva, siempre y cuando se respeten las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 28

Relación con las disposiciones comunitarias y nacionales

1.La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular referida al embarazo y la maternidad.

2.La presente Directiva no afectará a lo dispuesto en la Directiva 96/34/CE y en la Directiva 92/85/CEE.

Artículo 29

Transversalidad de la perspectiva de género

Los Estados miembros tendrán en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres al elaborar y aplicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como políticas y actividades, en los ámbitos contemplados en la presente Directiva.

Artículo 30

Difusión de la información

Los Estados miembros velarán por que las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva y las disposiciones ya en vigor en la materia se pongan en conocimiento de todos los interesados por todos los medios apropiados, y, en su caso, en el lugar de trabajo.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31

Informes

1.A más tardar el 15 de febrero de 2011,los Estados miembros transmitirán a la Comisión toda la información necesaria con el fin de que esta pueda elaborar un informe, dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la aplicación de la presente Directiva.

2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1,los Estados miembros notificarán cada cuatro años a la Comisión los textos de las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 141, apartado 4,del Tratado, así como la información sobre estas medidas y su aplicación. Basándose en esa información, la Comisión aprobará y publicará cada cuatro años un informe en

el que se establezca una evaluación comparativa de dichas medidas a la luz de la Declaración n o 28 anexa al Acta final del Tratado de Amsterdam.

3.Los Estados miembros procederán a un examen de las actividades profesionales indicadas en el artículo 14,apartado 2, con el fin de comprobar, teniendo en cuenta la evolución social, si está justificado mantener las exclusiones de que se trata. Deberán comunicar a la Comisión el resultado de tal examen periódicamente, pero como mínimo cada ocho años.

Artículo 32

Revisión

A más tardar el 15 de febrero de 2013,la Comisión revisará el funcionamiento de la presente Directiva y, en su caso, propondrá las modificaciones que considere necesarias.

Artículo 33

Aplicación

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 15 de agosto de 2008 o garantizarán que, a más tardar en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan introducido las disposiciones requeridas mediante acuerdos. En caso de que resulte necesario para tener en cuenta dificultades específicas, los Estados miembros podrán disponer de un año adicional, como máximo, para cumplir la presente Directiva. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para poder garantizar los resultados que exige la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y el modo en que se formule la mención.

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación sustancial en relación con las anteriores Directivas. La obligación de incorporar las disposiciones apenas modificadas se deriva de las anteriores Directivas.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 34

Derogación

1.Con efecto a partir del 15 de agosto de 2009, las Directivas 75/117/CEE,76/207/CEE,86/378/CEE y 97/80/CE quedarán derogadas sin perjuicio de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en lo relativo a las fechas de incorporación a su Derecho interno y de aplicación de las directivas que figuran en el anexo I, parte B.

2.Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 35

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .

Artículo 36

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 5 de julio de 2006.

De interés...

  • Programa Nacional de Reformas. Estrategia de Lisboa
  • administracion.gob.es

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