Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Normativa sobre Políticas de Empleo

Reseñas MTIN Enero 2007

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 22 de diciembre de 2006, por el que se regula el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España para el año 2007. (BOE de 9 de enero de 2007).

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de diciembre de 2006, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, adoptó el Acuerdo por el que se regula el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España para el año 2007.

Para general conocimiento, se dispone la publicación de dicho Acuerdo como anejo a la presente Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-La Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí Ibáñez.

ACUERDO POR EL QUE SE REGULA EL CONTINGENTE DE TRABAJADORES EXTRANJEROS DE RÉGIMEN NO COMUNITARIO EN ESPAÑA PARA EL AÑO 2007

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, establecen la posibilidad de otorgar autorizaciones de residencia y trabajo a extranjeros que no se hallen ni residan en España, a través de distintos procedimientos, tomando en consideración, entre otras circunstancias, lascaracterísticas del puesto de trabajo que vayan a desempeñar o la situación nacional de empleo, todo ello con el fin de ordenar, a través de la gestión de las ofertas de empleo existentes, la llegada legal a nuestro país de trabajadores extranjeros en razón a nuestra capacidad de acogida, determinada preferentemente, a su vez, por el exceso de oferta de empleo no cubierta por el mercado de trabajo nacional, para facilitar su integración y su desarrollo personal y profesional.

Dentro de esas diversas alternativas que ofrece la normativa vigente, el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece la posibilidad de aprobación de un contingente anual de trabajadores extranjeros teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, y al que sólo tendrán acceso aquéllos que no se hallen ni residan en España.

A estos efectos, establece que el Gobierno, en la determinación del número y características de las ofertas de empleo, tendrá en cuenta las propuestas que eleven las Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como el correspondiente informe del Consejo Superior de Política de Inmigración.

A su vez, el Reglamento de la referida Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, desarrolla el contingente de trabajadores extranjeros en sus artículos 77 a 83, estableciendo asimismo que el Gobierno podrá aprobar con carácter anual, por acuerdo del Consejo de Ministros, un contingente de trabajadores extranjeros que permitirá la contratación programada de trabajadores que no se hallan ni residen en España, llamados a desempeñar empleos con vocación de estabilidad y que serán seleccionados en sus países de origen a partir de las ofertas genéricas presentadas por los empresarios, debiendo establecer igualmente los supuestos en los que será posible tramitar ofertas nominativas a través del contingente.

El Acuerdo por el que se apruebe el contingente ha de comprender una cifra provisional, así como las características de las ofertas de empleo de carácter estable para un año natural que puedan ser cubiertas a través de este procedimiento por trabajadores extranjeros que no se hallen ni residan en España, y puede establecer un número de visados para búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen, así como un número de visados para búsqueda de empleo limitados a determinados sectores de actividad u ocupaciones en un ámbito territorial concreto, según prevé la propia Ley Orgánica 4/2000 en su artículo 39.3, 4 y 5.

El Reglamento prevé asimismo que, a lo largo del año, se pueda revisar el número y la distribución de las ofertas de empleo admisibles en el marco del contingente, para adaptarlo a la evolución del mercado de trabajo.

Así, según lo previsto en el artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ha elaborado una propuesta de contingente, previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que ha tenido en cuenta la información sobre la situación nacional de empleo suministrada por el Servicio Público de Empleo Estatal y las propuestas elevadas por las Comunidades Autónomas.

Dicha propuesta elaborada por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ha sido presentada ante la Comisión Interministerial de Extranjería, informando ésta la procedencia de elevarla al Gobierno para su aprobación mediante el correspondiente Acuerdo de Consejo de Ministros.

Sin perjuicio de todo lo anterior, dado que el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 regula, junto al Contingente, otros procedimientos de contratación en origen de trabajadores extranjeros a través de los cuales podrán tramitarse autorizaciones de residencia y trabajo a lo largo de 2007, en aras a realizar una previsión de conjunto que intente aproximarse a la cifra global de llegadas de inmigrantes a lo largo del año, se ha considerado conveniente que los anexos del presente Acuerdo contemplen una estimación de contrataciones a través de los procedimientos que han acumulado la mayor parte de contrataciones legales en los últimos años.

En consecuencia, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa cumplimentación de los trámites y consultas establecidos en la normativa vigente, el Consejo de Ministros en su reunión de 22 de diciembre de 2006, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero. Contingente para 2007.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en los artículos 77 al 83 del Reglamento de la referida Ley Orgánica, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, previa propuesta de las comunidades autónomas, recibida la información oportuna del Servicio Público de Empleo Estatal, previa consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración y visto el informe del Consejo Superior de Política de Inmigración, se establece para el año 2007 el siguiente contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios:

Anexo I.A: contingente de trabajadores extranjeros estables.

Anexo I.B: contingente para búsqueda de empleo distribuido por sectores de actividad y ocupaciones.

Se establece asimismo, de acuerdo con el artículo 82 del citado Reglamento, un contingente de 500 visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de español de origen.

2. Las cifras contenidas en los anexos relacionados en el apartado anterior y la referida a visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de español de origen tienen carácter provisional. Con el fin de adaptar las previsiones de contratación de trabajadores extranjeros a lo largo del año a las necesidades reales de mano de obra, la Dirección General de Inmigración podrá reasignar puestos a escala nacional dentro de cada uno de los contingentes. Podrá también disponer su modificación, que requerirá informe de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, que deberá emitirlo en un plazo de cinco días hábiles, a solicitud de las organizaciones empresariales o de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.

La Dirección General de Inmigración informará a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración de las reasignaciones y modificaciones que experimente el Contingente.

3. La Dirección General de Inmigración mantendrá relaciones de información y colaboración con las autoridades competentes de los países con los que existe acuerdo sobre regulación y coordinación de flujos migratorios, con el fin de facilitar la disponibilidad de trabajadores que se ajusten al perfil profesional de las ocupaciones requeridas por el mercado de trabajo y, en el marco de colaboración establecido en estos acuerdos, promoverá la creación en los países de origen de bases de datos de demandantes de empleo que simplifiquen la realización y mejoren la calidad de los procesos selectivos.

Segundo. Gestión de ofertas de empleo para trabajadores extranjeros.

A) Disposiciones generales:

1. Características de las ofertas de empleo.

Las ofertas de empleo de carácter estable se refieren a puestos de trabajo recogidos en el anexo I A y tendrán una duración no inferior a un año.

Las ofertas de empleo de carácter temporal podrán formularse para atender las actividades siguientes:

a) De temporada o campaña, con una duración máxima de nueve meses dentro de un periodo de doce meses consecutivos. La oferta podrá formularse por un mismo o, conjuntamente, para atender campañas concatenadas o desarrollar una misma actividad, por varios empresarios. En ambos casos, las ofertas podrán presentarse directamente o a través de las organizaciones empresariales que, en estos supuestos tendrán a atribuida la representación legal empresarial.

b) De obra o servicio, cuando su duración prevista no exceda de un año, para el montaje de plantas industriales o eléctricas, construcción de infraestructuras, edificaciones y redes de suministro eléctrico, gas, ferrocarriles y telefónicos, instalaciones y mantenimiento de equipos productivos, así como su puesta en marcha y reparaciones, entre otros.

Las ofertas de empleo, tanto de carácter estable como temporal, pueden ser formuladas de forma genérica o nominativa, de acuerdo con los requisitos establecidos para cada una de estas modalidades.

2. Sujetos legitimados.

Las organizaciones empresariales, que para estos supuestos ostentarán la representación legal empresarial o, directamente a su elección, las empresas, podrán solicitar la gestión de ofertas de empleo genéricas dirigidas a trabajadores extranjeros que no se encuentren ni sean residentes en España.

3. Garantía de actividad continuada.

Las ofertas de empleo de carácter estable garantizarán al trabajador contratado una actividad continuada durante un periodo de tiempo no inferior a un año.

Las ofertas de empleo de carácter temporal garantizarán al trabajador contratado una actividad continuada durante todo el periodo de vigencia de la autorización solicitada. En el sector agrario se considera actividad continuada la que no es inferior a un 75 por 100 del tiempo de trabajo habitual en el sector, por lo que el número de jornadas y/o horas de trabajo cotizadas por el trabajador se corresponderá con este límite mínimo.

La Administración podrá verificar en todos los casos el cumplimiento por parte de la empresa del deber de garantizar la actividad continuada de los trabajadores durante el periodo de vigencia de la autorización solicitada. En caso contrario, y conocidas las razones que en su caso se aleguen por el empresario, si éstas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de gestión de ofertas de trabajo presentadas al amparo de la normativa anual del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios, durante los tres años inmediatamente siguientes al momento en que hayan sido constatadas tales circunstancias.

4. Garantía de cumplimiento de las condiciones de trabajo.

El incumplimiento por parte del empresario de las cláusulas contenidas en los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores como consecuencia de las autorizaciones de residencia y trabajo emitidas, o la comprobación de que no se han respetado las condiciones reflejadas en las ofertas de empleo de las que tales autorizaciones traen causa, podrá ser causa de denegación de ulteriores solicitudes de gestión de ofertas de empleo presentadas al amparo de la normativa anual del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios, durante los tres años inmediatamente siguientes al momento en que hayan sido constatadas tales circunstancias a través de las correspondientes actuaciones de la autoridad laboral o judicial competente.

Igualmente podrá ser causa de denegación de ulteriores solicitudes de gestión de ofertas de empleo, durante el mismo periodo de tiempo, el desistimiento empresarial manifestado con posterioridad a la autorización por parte de la Dirección General de Inmigración del proceso selectivo en el país de origen sin que medie causa suficiente que lo justifique.

En el caso de ofertas de empleo de carácter temporal, además de los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, también podrán ser causa de denegación de ulteriores solicitudes de gestión de ofertas de trabajo presentadas al amparo de la normativa anual del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios, durante los tres años inmediatamente siguientes, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones empresariales siguientes: disponer y proporcionar al trabajador un alojamiento adecuado y organizar los viajes de llegada a España y de regreso al país de origen, asumiendo, como mínimo, el coste del primero de tales viajes y los gastos de traslado de ida y vuelta entre el puesto de entrada a España y el lugar de alojamiento, actuando diligentemente en orden a garantizar el retorno de los trabajadores a su país de origen una vez concluida la relación laboral.

5. Prórroga de las autorizaciones de trabajo.

Obtenida la autorización temporal de trabajo y de estancia o residencia por un periodo determinado de tiempo, la empresa u organización empresarial podrá solicitar la ampliación temporal de la misma para continuar con el desarrollo de la misma obra, servicio o actividad, teniendo en cuenta lo establecido a este respecto en el artículo 57.8 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Las autorizaciones de trabajo de carácter temporal para actividades de temporada o campaña podrán ser prorrogadas cuando los trabajadores de temporada finalicen su relación con las empresas que los contrataron en sus países de origen por un periodo inferior a nueve meses, no hayan incumplido la obligación de retorno en los tres años anteriores y siempre y cuando no se produzca interrupción alguna entre la finalización de la primera y el inicio de la segunda o sucesivas contrataciones. Esta prórroga podrá ser solicitada por el mismo o por distinto empresario, para el mismo o distinto ámbito geográfico, pero referida siempre al mismo sector de actividad y su periodo de vigencia, sumado al de las anteriores de las que será continuación, no podrá superar el periodo de seis o de nueve meses, en función del tipo de visado expedido. Los gastos de traslado de localidad que, en su caso, se produzcan, deberán ser asumidos por las empresas que hayan solicitado la prórroga.

6. Garantía de inscripción como demandante de empleo.

Los trabajadores seleccionados en el extranjero al amparo de los procedimientos establecidos en este Acuerdo que perdiesen su empleo antes de la finalización del periodo de validez de la autorización de residencia y trabajo, podrán inscribirse como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, en los términos que establezca la Orden reguladora de la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios, y acceder a un puesto de trabajo, en la ocupación y ámbito geográfico autorizados, formalizando un nuevo contrato de trabajo con una duración coincidente con el periodo que reste para la finalización del periodo de validez que deberá ser diligenciado por el Área de Trabajo y Asuntos Sociales competente.

B) Ofertas genéricas:

1. Modelos de solicitud y documentación.

La solicitud de gestión de ofertas de empleo de carácter estable se formularán en el modelo recogido como anexo II A, al que se acompañará la oferta de empleo genérica, formalizada en el modelo anexo II B.

La solicitud de gestión de ofertas de empleo de carácter temporal se formularán en el modelo recogido como anexo III A, al que se acompañará la oferta de empleo genérica, formalizada en el modelo anexo III B.

Se presentarán tantas ofertas de empleo como empresas, ocupaciones y provincias distintas sean solicitadas. Las ofertas describirán con precisión las condiciones ofertadas, sin que puedan sustituirse por referencias genéricas al convenio colectivo o a otras normas laborales.

Junto con las solicitudes se adjuntará la siguiente documentación:

- La establecida en el artículo 51.2 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (BOE de 7 de enero de 2005), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

- La tarjeta de identificación fiscal de la o las empresas ofertantes.

- En el caso de que se trate de ofertas que, bajo un mismo código nacional de ocupación (CNO), incluyan puestos de trabajo de distintas categorías que impliquen diferentes condiciones laborales, tales como el salario, jornada, horario u otras, junto con el anexo II (B) de oferta de empleo aportarán una relación con el desglose de las distintas categorías de puestos, su número y la concreción de las distintas condiciones laborales de aplicación a cada una de ellas.

- En el caso de ofertas de empleo de carácter temporal se acompañará además la acreditación de que los Servicios Públicos de Empleo han tramitado previamente tales ofertas, a fin de asegurar que trabajadores que residen en España puedan concurrir a su cobertura. La presentación de tales ofertas se realizará en el Servicio Público de Empleo competente por razón del territorio donde vaya a desarrollarse la actividad laboral, que emitirá la certificación que corresponda. Cuando la actividad vaya a desarrollarse en distintas provincias, se presentarán certificados del Servicio o Servicios Públicos de Empleo correspondientes a todos los territorios afectados.

- En el caso de ofertas de empleo de carácter temporal para atender campañas concatenadas o desarrollar una misma actividad, las empresas ofertantes también presentarán, junto a la oferta u ofertas, un plan de campañas indicando la localización y duración de las mismas, el plan de alojamiento y manutención de los trabajadores durante su permanencia en España y el acuerdo relativo a la organización y financiación de los desplazamientos de los trabajadores desde su entrada en territorio español hasta su retorno al país de origen. Los gastos que, en su caso, deban ser atendidos por más de un empresario serán asumidos por cada uno de ellos en proporción a la duración de las sucesivas campañas.

- En el caso de que el solicitante proponga la realización de acciones de formación en el país de origen, presentará además una Memoria explicativa de dicha propuesta.

2. Presentación de solicitudes y órgano de tramitación.

2.1 Las solicitudes se presentarán y serán tramitadas en las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales de la provincia donde vaya a realizarse la actividad laboral con una antelación mínima de un mes al inicio de la relación laboral si se trata de una oferta de empleo de carácter estable y de tres meses si es de carácter temporal. Estos plazos mínimos no impedirán la presentación de la solicitud con una antelación mayor respecto a la fecha prevista de incorporación del trabajador.

Las solicitudes de gestión de ofertas de empleo de carácter temporal para atender campañas concatenadas que tengan lugar en distintas provincias, se presentarán y tramitarán en el Área o Dependencia de la provincia donde vaya a iniciarse la actividad.

Las solicitudes de gestión de ofertas de empleo de carácter estable se podrán presentar y serán tramitadas en la Dirección General de Inmigración, en los mismos plazos señalados en el punto anterior, en los siguientes supuestos:

a) cuando se trate de empresas que pretendan contratar trabajadores estables, siempre que cuenten con una plantilla de más de 500 trabajadores y tengan centros de trabajo en distintas provincias.

b) cuando se trate de empresas de más de 100 trabajadores, que cuenten con centros de trabajo en varias provincias, vayan a contratar más de veinte trabajadores extranjeros y dichos trabajadores vayan a prestar servicios en distintas provincias.

c) También podrán ser objeto de gestión centralizada por la Dirección General de Inmigración aquellas ofertas genéricas que, pese a estar formuladas por empresas en que no se den todos los condicionamientos anteriores, sin embargo se presenten todas ellas formando parte de una misma solicitud de gestión de oferta suscrita por otra empresa que sí los reúna, o por una organización empresarial de ámbito nacional, y en ambos casos para ser cubiertas en un mismo y único proceso selectivo. Esta última posibilidad de gestión centralizada exigirá que, con carácter previo, la Dirección General de Inmigración aprecie, tanto la existencia de vínculos jurídicos o relaciones mercantiles entre todas las empresas ofertantes, como que concurre un grado de homogeneidad entre las ocupaciones, requisitos de los candidatos y condiciones de todas las ofertas, suficiente para permitir su tramitación acumulada. En todo caso, deberá quedar constancia expresa en el expediente administrativo de que todas y cada una de las empresas aceptan ser representadas en la selección de los trabajadores por las personas designadas a tal efecto por la empresa u organización empresarial firmante del modelo oficial de solicitud de gestión de oferta.

2.2 Las ofertas contendrán un número mínimo de diez puestos de trabajo salvo que, tratándose de puestos de trabajo incluidos en el anexo I.A, la dotación establecida para la provincia y ocupación de que se trate sea inferior a dicha cifra. Las organizaciones empresariales podrán formular solicitudes con un mínimo de diez puestos, acumulando ofertas de dos o más empresas. Lo mismo podrán hacer distintas empresas formulando, en su conjunto, ofertas simultáneas para un mínimo de diez puestos.

Los puestos ofertados deberán reunir características homogéneas, de forma que permitan su tramitación acumulada.

En todos los casos se formulará una oferta por cada ocupación y provincia.

Excepcionalmente, la Dirección General de Inmigración podrá autorizar la gestión de ofertas que contengan un número mínimo de cinco puestos de trabajo.

3. Tramitación de las solicitudes.

3.1 Presentadas las ofertas, el órgano de tramitación verificará si las condiciones fijadas en las mismas son las establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría y ámbito territorial así como el cumplimiento, por parte de las empresas, de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Esta verificación se efectuará de oficio o, en su defecto, se solicitará al interesado la acreditación pertinente en los supuestos en que tal circunstancia no quede acreditada, respectivamente, mediante consulta directa con la Administración tributaria competente o al efectuar la consulta de situación de cotización de la empresa en el Fichero General de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el caso de ofertas de empleo de carácter estable se verificará previamente si corresponden a ocupaciones recogidas en el Anexo I A de este Acuerdo, y si existe dotación de puestos suficiente.

En el caso de ofertas de empleo de carácter temporal se verificará que la oferta tramitada en el Servicio Público de Empleo coincide plenamente con la de la solicitud presentada.

3.2 Si no se cumplen tales condiciones, o concurre algún otro de los supuestos de denegación de las autorizaciones de trabajo o de inadmisión a trámite, se emitirá la correspondiente resolución, que será notificada al solicitante.

4. Gestión del proceso de selección de los trabajadores en el exterior.

4.1 Valorado favorablemente el expediente por el órgano de tramitación, las ofertas se comunicarán, con el informe favorable del Área o Dependencia, de manera inmediata, a la Dirección General de Inmigración. Esta comunicación se producirá en el plazo máximo de los cinco días siguientes al de presentación completa de la documentación necesaria.

4.2 La Dirección General de Inmigración, teniendo en cuenta las características de las ofertas presentadas y la propuesta motivada del empleador, remitirá las ofertas en un plazo de cinco días al órgano encargado de la preselección en el país que corresponda, a través de la Misión Diplomática u Oficina Consular, y acordará con sus autoridades competentes, previo acuerdo con el ofertante, la fecha, el lugar y la metodología para la selección de los trabajadores.

4.3 Las ofertas se cursarán preferentemente a los países con los que España tiene suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios.

La Dirección General de Inmigración podrá autorizar la tramitación de ofertas a países con los que España no tenga suscrito acuerdo sobre regulación y ordenación de flujos migratorios, cuando no sea posible obtener en aquéllos candidatos adecuados o concurran otras circunstancias que lo justifiquen. En estos casos, la Dirección General de Inmigración establecerá los procedimientos más adecuados para llevar a cabo los procesos selectivos, garantizando la aplicación de los principios referidos a la igualdad de oportunidades, no discriminación y gratuidad de la participación de los trabajadores en el proceso de selección.

4.4 Fijados los términos de la selección, la Dirección General de Inmigración resolverá autorizando la realización del proceso selectivo en el país de origen y lo notificará a las organizaciones o empresas solicitantes y a las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales afectadas, con copia a la Misión Diplomática u Oficina Consular y a la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares.

4.5 La selección se llevará a cabo en la forma prevista en los acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios aplicables, o en los procedimientos establecidos cuando se trate de países con los que no exista acuerdo, con la participación, en su caso, de representantes de la Dirección General de Inmigración y/o de la correspondiente misión diplomática. Se favorecerá la participación en la selección de los empresarios ofertantes, directamente o a través de organizaciones empresariales u otros representantes acreditados.

A los efectos de quedar acreditado como representante en el concreto proceso de selección de trabajadores de que se trate, la empresa ofertante u organización empresarial deberá acompañar a la solicitud de gestión de oferta la designación expresa de la persona que vaya a actuar como representante de aquélla en dicha selección, formalizada por duplicado en el modelo anexo VII, que será diligenciado por la unidad administrativa receptora de la solicitud.

Cuando se considere adecuado, a propuesta de la empresa u organización empresarial solicitante, la selección podrá realizarse de manera no presencial, mediante el análisis de los currículos de los trabajadores y/o mediante entrevistas telefónicas o video conferencia.

Las empresas ofertantes podrán proponer que el proceso de selección incorpore acciones de formación en el país de origen. En este caso se realizará una preselección de candidatos a la acción formativa, concluida la cual se efectuará entre los participantes la selección definitiva.

En todo caso, la participación de los trabajadores en cualquier fase del proceso de selección será gratuita y los miembros de la comisión de selección velarán porque éste se desarrolle conforme a principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y máxima transparencia, facilitando que todos los candidatos conozcan con precisión las condiciones de la oferta de trabajo y el ámbito geográfico y de actividad de la correspondiente autorización de trabajo.

4.6 La comisión de selección elaborará y firmará el acta de la selección realizada, que incluirá la relación nominal de las personas seleccionadas y sus datos identificativos recogidos en el formato establecido como anexo IV de este Acuerdo, y la remitirá en la misma jornada a la Dirección General de Inmigración.

5. Gestión de las autorizaciones de residencia y trabajo.

5.1 La Dirección General de Inmigración trasladará de inmediato a la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil el acta de la selección realizada, para que informe de la posible concurrencia de causas de denegación de la autorización previstas por la normativa aplicable y asigne, en su caso, el número de identidad de extranjero (NIE) a los trabajadores.

5.2 La Comisaría General de Extranjería y Documentación devolverá a la Dirección General de Inmigración, en el plazo máximo de dos días hábiles, la relación de los trabajadores con el NIE asignado. Este plazo podrá excepcionalmente ampliarse hasta cinco días hábiles cuando el elevado número de trabajadores lo haga imprescindible. Dicha circunstancia será, en su caso, comunicada por la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a la Dirección General de Inmigración.

5.3 La Dirección General de Inmigración o la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente resolverán la autorización de residencia temporal y trabajo en la que se indicará el ámbito geográfico y sector de actividad autorizados, así como la duración de la misma, que en el caso de empleos de carácter estable será de un año y en el de empleos de carácter temporal coincidirá con la duración del contrato.

Sin perjuicio del ámbito geográfico definitivo de destino solicitado por la empresa, la Dirección General de Inmigración podrá autorizar que el trabajador preste temporalmente su trabajo en un ámbito territorial distinto, por tiempo cierto, cuando se justifique su necesidad para el proceso de integración laboral del trabajador en la empresa.

5.4 La resolución se notificará de inmediato a la organización o empresa solicitante, acompañando, en su caso, los impresos de las tasas a ingresar devengadas en concepto de concesión de la autorización de trabajo.

La Dirección General de Inmigración o la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente remitirá asimismo copia de las resoluciones al Consulado correspondiente, a la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares y, cuando se trate de resoluciones dictadas por la Dirección General de Inmigración como consecuencia de ofertas gestionadas centralizadamente, también se notificarán a todas las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales afectadas por las mismas por razón del ámbito geográfico de la autorización.

Asimismo, el Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales que haya dictado resolución de autorización de trabajo de carácter temporal para atender campañas concatenadas que tengan lugar en distintas provincias, remitirá copia de la misma a las Áreas o Dependencias de las provincias afectadas por el ámbito geográfico de la autorización.

Estos trámites deberán realizarse en el plazo máximo de un mes, computado desde la presentación completa del expediente, salvo causa imputable al solicitante.

5.5 Una vez recibida la notificación de la resolución de concesión de las autorizaciones, la empresa, la organización empresarial o sus representantes acreditados expresamente para este trámite, presentarán los contratos en los modelos que se incluyen como anexos V, si se trata de contratos estables, o VI, si se trata de contratos temporales de duración no superior a un año, junto con la demás documentación, de forma agrupada, ante la Oficina consular, a efectos de la tramitación de los visados.

C) Ofertas nominativas:

1. Ámbito de aplicación.

Podrán formularse ofertas de empleo nominativas en los siguientes supuestos:

a) Cuando la selección se realice en el exterior por empresa que pertenezca al mismo grupo que la empresa contratante.

b) Cuando los trabajadores hayan sido titulares de una autorización de trabajo previa en España, y hayan acreditado ante la autoridad consular española el retorno a su país de origen y se encuentren en el mismo.

c) En el caso del servicio doméstico, para ofertas de carácter estable y con independencia del número de trabajadores cuya contratación se pretenda, cuando el empleador, habiendo residido temporalmente en un país extranjero distinto al de su nacionalidad, acredite haber tenido una relación laboral previa en dicho país con el trabajador que solicita contratar.

d) En otros supuestos de carácter excepcional que sean autorizados expresamente por la Dirección General de Inmigración.

2. Modelos de solicitud y documentación.

2.1 Las solicitudes de gestión de ofertas nominativas de carácter estable se formularán en el modelo que se recoge como anexo II A al que se acompañará la oferta de empleo nominativa formalizada en el modelo anexo II C y las de carácter temporal en el modelo que se recoge como anexo III A al que se acompañará la oferta de empleo nominativa formalizada en el modelo anexo III C.

2.2 Las solicitudes se acompañarán de los documentos establecidos en el artículo 51.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, excepto la contemplada en la letra e) del mismo, y de los que acrediten que se trata de los supuestos recogidos en el ámbito de aplicación de este tipo de ofertas:

a) En el supuesto previsto en el apartado 1.a): la documentación que acredite la pertenencia de la empresa de selección y de la empresa solicitante al mismo grupo de empresas.

b) En el supuesto del apartado 1.b): la documentación que acredite el retorno al país de origen.

b) En el supuesto del apartado 1.c): la documentación acreditativa de la residencia del empleador en país extranjero, así como de la relación laboral mantenida en dicho país con el trabajador que pretende contratar.

c) En el supuesto del apartado 1.d), cuando el carácter nominativo de la oferta responda a circunstancias excepcionales, el solicitante aportará, para su valoración por la Dirección General de Inmigración, un informe que describa pormenorizadamente tales circunstancias, acompañado de la documentación acreditativa que considere adecuada.

Además de los documentos señalados en los párrafos precedentes, cuando se trate de solicitudes de gestión de ofertas nominativas de carácter temporal, se acompañará a la solicitud la siguiente documentación:

- La certificación del Servicio Público de Empleo competente por razón del territorio donde vaya a desarrollarse la actividad laboral, que acredite que se ha tramitado previamente la oferta de empleo, a fin de asegurar que trabajadores que residen en España puedan concurrir a su cobertura. Cuando la actividad vaya a desarrollarse en distintas provincias, se presentarán certificados del Servicio o Servicios Públicos de Empleo correspondientes a todos los territorios afectados.

- En el caso de que las ofertas de empleo de carácter temporal tengan por finalidad atender campañas concatenadas, las empresas ofertantes también presentarán un plan de campañas, indicando la localización y duración de las mismas, el plan de alojamiento y manutención de los trabajadores durante su permanencia en España y el acuerdo relativo a la organización y financiación de los desplazamientos de los trabajadores desde su entrada en territorio español hasta su retorno al país de origen. Los gastos que, en su caso, deban ser atendidos por más de un empresario serán asumidos por cada uno de ellos en proporción a la duración de las sucesivas campañas.

3. Presentación de solicitudes y órgano de tramitación.

Las solicitudes se presentarán y serán tramitarán en el Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia donde vaya a realizarse la actividad laboral. En el caso de que la actividad vaya a desarrollarse en varias provincias, se presentarán y serán tramitadas en aquélla donde vaya a iniciarse la prestación de servicios.

La presentación de solicitudes se realizará con una antelación mínima de un mes al inicio de la relación laboral si se trata de una oferta de empleo de carácter estable y de tres meses si es de carácter temporal. Estos plazos mínimos no impedirán la presentación de la solicitud con una antelación mayor respecto a la fecha prevista de incorporación del trabajador.

4. Tramitación de las solicitudes.

4.1 Las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales tramitarán las solicitudes conforme a lo establecido en el apartado Segundo. B). 3.

4.2 Valorado favorablemente el expediente, incluida la documentación específica establecida en el apartado 2 precedente, el órgano de tramitación solicitará directamente a la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil informe de la posible concurrencia de causas de denegación de la autorización previstas por la normativa aplicable y la asignación, en su caso, del número de identidad de extranjero (NIE) a los trabajadores.

4.3 Seguidamente se emitirá la resolución favorable o desfavorable que proceda, con indicación de la ocupación y ámbito geográfico autorizados. Cuando la solicitud haya contemplado que un mismo trabajador preste servicios en varias provincias, el ámbito geográfico autorizado comprenderá todas las provincias previstas. Esta resolución se notificará a la empresa solicitante, informando, si es estimatoria, al Consulado correspondiente y a la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares.

4.4 Cuando el carácter nominativo de la oferta responda a circunstancias excepcionales, el órgano de tramitación remitirá la oferta, acompañada de la documentación prevista en la letra d) del apartado 2 de esta instrucción, a la Dirección General de Inmigración. La Dirección General de Inmigración valorará las circunstancias alegadas y autorizará o denegará la tramitación de la oferta, que proseguirá en el órgano de tramitación.

Tercero. Contingente para búsqueda de empleo.

A) Contingente de búsqueda de empleo para determinados sectores de actividad u ocupaciones:

1. Los Servicios Públicos de Empleo podrán solicitar a la Dirección General de Inmigración, a través de las Áreas o Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno correspondientes, la asignación de un número determinado de los visados aprobados en el contingente para búsqueda de empleo, para los sectores de actividad y ocupaciones previstos en el anexo I.B.

2. La solicitud acompañará el compromiso del Servicio Público de Empleo de desarrollar un programa específico de intermediación dirigido a facilitar la contratación de los titulares de visados de búsqueda de empleo.

3. Asimismo podrán solicitar trabajadores con visado de búsqueda de empleo, para los sectores de actividad y ocupaciones previstos en el anexo I.B, las organizaciones empresariales de tales sectores de actividad. Dicha solicitud acompañará un plan concreto de búsqueda de empleo e inserción laboral dirigido a los trabajadores solicitados.

4. La Dirección General de Inmigración, teniendo en cuenta los acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios, remitirá la solicitud, en un plazo de diez días al órgano encargado de la preselección en el país que corresponda, a través de la Misión Diplomática u Oficina Consular en dicho país, y acordará con las autoridades competentes la fecha y el lugar para la selección.

5. La selección de los trabajadores se realizará en la forma prevista en el acuerdo aplicable. La comisión de selección facilitará a los trabajadores seleccionados la acreditación de su selección para acceder a una plaza del contingente de búsqueda de empleo de 2007 en la ocupación de que se trate, cumplimentándose a tal efecto por duplicado ejemplar el modelo anexo X (A).

6. Cuando la selección se lleve a cabo en países con los que España no tenga suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios, la Dirección General de Inmigración establecerá los procedimientos más adecuados para llevar a cabo los procesos selectivos.

7. La comisión o entidad responsable de la selección remitirá en la misma jornada el acta de la selección realizada, con la relación nominal de las personas seleccionadas y sus datos identificativos, a la Dirección General de Inmigración, que la trasladará de inmediato a la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, para que informe de la posible concurrencia de causas de denegación de la autorización previstas por la normativa aplicable y asigne, en su caso, el número de identidad de extranjero (NIE) a los trabajadores.

La Comisaría General de Extranjería y Documentación devolverá a la Dirección General de Inmigración la relación de los trabajadores con el NIE asignado, para su remisión inmediata al consulado correspondiente, con copia a la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares.

Estos trámites deberán realizarse en el plazo máximo de un mes.

B) Contingente de búsqueda de empleo para hijos o nietos de español de origen:

1. La Dirección General de Inmigración regulará los procedimientos para la selección de candidatos para la obtención de visados de búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen previstos en el apartado Primero 1 de este Acuerdo.

2. Dicha regulación contemplará el desarrollo de los procesos de selección de candidatos, que responderán a los principios de igualdad de oportunidades, idoneidad y gratuidad para los candidatos.

3. La Dirección General de Inmigración informará a la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares de los lugares en los que vayan a seleccionarse candidatos para este tipo de visados. Estos visados no contemplarán restricción alguna en cuanto a ámbito geográfico ni sector de actividad u ocupación.

4. Realizada la valoración de las solicitudes y seleccionados los candidatos a la obtención de los correspondientes visados, la comisión de selección facilitará a los trabajadores seleccionados la acreditación de su selección para acceder a una plaza del contingente de búsqueda de empleo de 2007 para hijos y nietos de español de origen, cumplimentándose a tal efecto por duplicado ejemplar el modelo anexo X (B), y la Embajada de España remitirá la relación nominativa de los mismos a la Dirección General de Inmigración para su traslado a la Comisaría General de Extranjería y Documentación de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, para que ésta informe sobre la posible concurrencia de causas de denegación del visado previstas por la normativa aplicable y, en su caso, asigne el NIE a los trabajadores. La Comisaría General de Extranjería y Documentación devolverá a la Dirección General de Inmigración la relación de los trabajadores con el NIE asignado.

5. El Servicio Público de Empleo Estatal y la Dirección General de Inmigración, teniendo en consideración la situación del mercado de trabajo de las diferentes Comunidades Autónomas, podrán acordar con los respectivos Servicios Públicos de Empleo la puesta en marcha, a lo largo de 2007, de programas específicos de intermediación laboral dirigidos a un número determinado de titulares de estos visados de búsqueda de empleo. Dichos programas comprenderán acciones de diagnóstico y orientación ocupacional y técnicas de búsqueda de empleo, así como búsqueda de empleo asistida.

C) Proceso de búsqueda de empleo:

1. Una vez que los trabajadores lleguen a España se inscribirán en el Servicio Público de Empleo competente y desarrollarán las acciones diseñadas en el programa de intermediación establecido al efecto con el fin de conseguir el objetivo de inserción laboral de los trabajadores.

2. Cuando se trate de visados de búsqueda de empleo con ámbito territorial u ocupacional determinado la Dirección General de Inmigración, dentro del plazo de tres meses desde la entrada del trabajador en España, facilitará la contratación en un ámbito geográfico o en ocupación distinta de los inicialmente previstos, siempre que la nueva ocupación se encuentre incluida en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en vigor o se acredite, mediante certificado del servicio público de empleo, la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles para aceptar la oferta.

3. Transcurridos tres meses sin que el extranjero haya formalizado un contrato de trabajo, quedará obligado a salir del territorio español, incurriendo en caso contrario en la infracción contemplada en el artículo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

D) Procedimiento de gestión de las autorizaciones de trabajo:

1. El empleador que pretenda la contratación de un trabajador extranjero titular de un visado de búsqueda de empleo, presentará la solicitud de autorización en el modelo anexo IX y el contrato de trabajo estable (anexo V), firmado por ambas partes, así como los documentos previstos en el artículo 51.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, en la Oficina de Extranjeros o en el Área o Dependencia de Trabajo de la Delegación o Subdelegación del Gobierno donde vaya a realizarse la actividad laboral.

2. La autoridad competente deberá resolver en el plazo máximo de diez días sobre la concesión de la autorización de trabajo, notificando al solicitante y al trabajador la resolución, que contemplará el ámbito geográfico y sector u ocupación autorizados, de manera inmediata.

3. La eficacia de la autorización concedida estará condicionada a la posterior afiliación y/o alta del trabajador en la seguridad social, en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución favorable. Cumplida esta condición, la autorización adquirirá vigencia y tendrá la consideración de autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Cuarto. Visados y documentación.

A) Visados de trabajo:

1. En el plazo máximo de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución de concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo, y a los efectos de la solicitud de visado, se presentará en la oficina consular dicha resolución, junto con los contratos de los trabajadores incluidos en la misma, de forma agrupada, además de la documentación exigible por cada trabajador para su expedición. Los contratos habrán sido firmados previamente por ambas partes y se cumplimentarán por triplicado ejemplar en los modelos que se incluyen como anexos V, si se trata de contratos estables, o VI, si se trata de contratos temporales de duración no superior a un año.

Dicha presentación agrupada se efectuará por la empresa, la organización empresarial o sus representantes acreditados.

La acreditación del representante para este trámite, cuando sea distinto del representante legal de la empresa u organización empresarial, se efectuará por designación de éste mediante la presentación por duplicado ejemplar del modelo anexo VIII en el Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, en la Dirección General de Inmigración, o en la Consejería o Sección de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su defecto, en la Oficina Consular. El órgano ante el que se presente dicho documento diligenciará de conformidad el mismo.

2. El visado será emitido por la autoridad consular en un plazo máximo de cinco días e incorporará la autorización de trabajo por cuenta ajena y estancia o residencia, haciendo referencia al contingente de 2007. Su vigencia comenzará desde la fecha en que se efectúe la entrada en España, siempre que conste en el pasaporte o titulo de viaje, si dicha entrada se realiza a través de un puesto habilitado para ello, o desde la fecha en que se declare dicha entrada si se ha accedido a territorio español desde un Estado miembro del espacio Schengen. Esta declaración deberá efectuarse en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la entrada en España, en cualquier Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía u Oficina de Extranjeros, todo ello según lo previsto en el Título I del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

El plazo máximo establecido para la emisión del visado podrá excepcionalmente duplicar su duración cuando el elevado número de solicitudes agrupadas presentadas lo haga imprescindible. Dicha circunstancia será, en su caso, comunicada por la Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares a la Dirección General de Inmigración.

3. Los visados para empleos de carácter estable autorizarán para residir y trabajar por cuenta ajena en un ámbito geográfico y sector de actividad determinados durante un año a contar desde que se efectúe o declare la entrada en España.

4. Los visados para empleos de carácter temporal autorizarán el trabajo por cuenta ajena, en un ámbito geográfico y sector de actividad determinados, y la estancia o residencia durante la duración del contrato.

5. La autorización permitirá la incorporación inmediata del trabajador a la empresa y su afiliación y alta en la Seguridad Social. Si transcurrido un mes desde la entrada o declaración de entrada en España el trabajador no hubiera sido afiliado y/o dado de alta en la Seguridad Social, la autoridad competente podrá resolver la extinción de la autorización.

6. En el plazo de un mes desde la entrada o declaración de entrada del trabajador en España, estará obligado a solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero siempre que la autorización tenga una duración superior a seis meses. La misma obligación tendrán los trabajadores cuya autorización inicial, concedida por tiempo inferior a seis meses, se prorrogue por encima de este periodo; la solicitud de tarjeta se formulará en este caso dentro del mes siguiente a haberse autorizado la ampliación temporal de la autorización.

7. No precisarán visado a partir de 1 de enero de 2007 los trabajadores nacionales de Bulgaria y Rumania cuando sean contratados para trabajos de carácter temporal por periodos no superiores a 180 días. En este caso los contratos de trabajo se presentarán, una vez firmados en el país de origen por ambas partes, antes del inicio de la relación laboral y acompañados por copia de la resolución de concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo, por la empresa solicitante en el Área o Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales competente, que los diligenciará.

B) Visados de búsqueda de empleo:

1. Los visados de búsqueda de empleo serán emitidos por la oficina consular y documentarán la permanencia en España durante tres meses de sus titulares. El periodo de tres meses de búsqueda de empleo empezará a contar desde la fecha en que se efectúe la entrada o declaración de entrada en España.

2. El visado hará constar que el trabajador forma parte del contingente de búsqueda de empleo 2007 y, en su caso, el ámbito geográfico y el sector de actividad u ocupación.

3. Transcurrido un mes desde la entrada en vigor de la autorización el trabajador estará obligado a solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero.

Quinto. Coordinación y seguimiento.

1. La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración será informada mensualmente por la Dirección General de Inmigración de:

Las reasignaciones y modificaciones autorizadas.

Los procesos de selección autorizados.

El número, ocupación y provincia de las autorizaciones de residencia y trabajo estables concedidas.

Las ofertas de empleo de carácter temporal de más de 300 puestos de trabajo autorizadas.

2. La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración evaluará trimestralmente el desarrollo de este acuerdo, así como la evolución de los factores que mayor incidencia han tenido para la determinación del contingente.

3. La Dirección General de Inmigración establecerá los sistemas de seguimiento y el contenido y periodicidad de los informes que corresponda elaborar a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para el seguimiento y evaluación de la gestión objeto de este Acuerdo.

4. Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno convocarán a los representantes empresariales y sindicales de ámbito provincial que designen las organizaciones miembros de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración con el fin de informar de la gestión objeto de este Acuerdo. Esta información se proporcionará sin perjuicio de la que corresponda facilitar a los servicios públicos de empleo en relación con la gestión objeto de su competencia.

Sexto. Ejecución y desarrollo.

Se autoriza a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de este acuerdo y a dictar las instrucciones de desarrollo que considere necesarias.

Séptimo. Vigencia.

El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2007 y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2007.

Octavo. Régimen jurídico aplicable.

En lo no previsto en el presente acuerdo será de aplicación lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el Reglamento de la referida Ley Orgánica, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

Noveno. Contingente de trabajadores extranjeros 2008.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el Gobierno podrá adoptar la decisión de aprobar un contingente de trabajadores extranjeros para 2008.

En este caso, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración pondrá en marcha, con antelación suficiente, el proceso para su elaboración, recabando los informes pertinentes y la presentación por las Comunidades Autónomas de sus propuestas, que deberán elaborarse tras recibir las solicitudes de contratación formuladas por las organizaciones empresariales en el ámbito provincial y las consideraciones de las organizaciones sindicales del mismo ámbito, mediante la correspondiente convocatoria.

 

 


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. (BOE de 11 de enero de 2007).

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano

En Madrid, a uno de diciembre de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la Excelentísima Señora Doña M.ª Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad, nombrada por Decreto del Presidente núm. 79, de fecha 19 de junio de 2003 (BOME núm. 9, extraordinario, del 20), en nombre y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad de Melilla (BOME núm. 3, extraordinario, de 15 de enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgá­nica 2/1995 de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artícu­lo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Ciudad de Melilla, dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (B.O.E. n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que se relacionan en el anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de quince mil trescientos veinticinco euros con ochenta céntimos (15.325,80 €) que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Ciudad de Melilla, se compromete a aportar la cantidad de diez mil doscientos diecisiete euros con veinte céntimos (10.217,20 €) según el anexo que se acompaña, cantidad que es igual, al menos, a dos tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Ciudad de Melilla la cantidad prevista en la cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ciudad de Melilla, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Ciudad de Melilla en la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-La Ciudad de Melilla deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Ciudad de Melilla la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla.

Sexta. Información.-La Ciudad de Melilla remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Ciudad por el/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso‑administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consejera de Bienestar Social y Sanidad, M.ª Antonia Garbín Espigares.

Plan de desarrollo gitano

 


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. (BOE de 11 de enero de 2007).

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano

En Madrid, a uno de diciembre de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la Honorable Señora Doña María Rosa Puig Oliver, como Consejera de Presidencia y Deportes del Gobierno de las Illes Balears, nombrada por Decreto 7/2003, de 30 de junio, del Presidente del Gobierno de las Illes Balears, por el que se dispone el nombramiento de los miembros del Gobierno de las Illes Balears, y en virtud del Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del Presidente de las Illes Balears mediante el cual se delega en los titulares de las consejerías la firma de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996 de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/1983, de 25 de febrero (BOE de 1 de marzo) que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artícu­lo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE. n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que se relacionan en el anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de setenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco euros con ochenta y seis céntimos (76.245,86 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, directamente o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de setenta y seis mil doscientos cuarenta y seis euros con catorce céntimos (76.246,14 €), según el anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, dos tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la cantidad prevista en la cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de Evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de las Illes Balears, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Sexta. Información.-El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por el/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consejera de Presidencia y Deportes, María Rosa Puig Oliver

Plan de desarrollo gitano


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunitat Valenciana para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. (BOE de 11 de enero de 2007).

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunitat Valenciana para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunitat Valenciana para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano

En Madrid, a 11 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la Honorable Señora Consellera de Bienestar Social Doña Alicia de Miguel García, nombrada por Decreto 5/2003, de 20 de junio (D.O.G.V. n.º 4527 de 21 de junio de 2003), del Presidente de la Comunitat Valenciana, en nombre y representación de la Generalitat Valenciana, autorizada para este acto por acuerdo del Consell de fecha 27 de octubre de 2006, en nombre y representación de la Comunitat Valenciana.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunitat Valenciana, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril (DOGV n.º 86, del 11), de Reforma de la Ley 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Comunitat Valenciana dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que se relacionan en el Anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de trescientos veintinueve mil trescientos ochenta y dos euros con nueve céntimos (329.382,09 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunitat Valenciana, directamente, o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de doscientos diecinueve mil quinientos ochenta y ocho euros con seis céntimos (219.588,06 €), con cargo a la aplicación económica 16.02.02.313.10.4, línea T0228 del presupuesto para el 2006, según el Anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, dos tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha de 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunitat Valenciana la cantidad prevista en la cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunitat Valenciana, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunitat Valenciana en la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunitat Valenciana.

Sexta. Información.-La Comunitat Valenciana remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Comunidad Autónoma por el/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel García.

Plan de desarrollo gitano

 


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para la realización de programas de intervención social integral para la erradicación de la pobreza

En Madrid, a 5 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la Excelentísima Señora Doña M.ª Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad, nombrada por Decreto del Presidente núm. 79, de 19 de junio de 2003 (BOME n.º 9, extraordinario, de 20 de junio), en nombre y representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad de Melilla (BOME extraordinario n.º 3, de 15 de enero de 1996).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para personas en situación de exclusión social.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.02 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la erradicación de la pobreza.

V. Que la Ciudad de Melilla dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la erradicación de la pobreza y la exclusión, que se relacionan en el Anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de quince mil cuatrocientos cincuenta y un euros con treinta y un céntimos (15.451,31 €) que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Ciudad de Melilla, se compromete a aportar la cantidad de diecisiete mil sesenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos (17.069,39 €) según el Anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, igual a la que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Ciudad de Melilla la cantidad prevista en la Cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ciudad de Melilla, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Ciudad de Melilla en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-La Ciudad de Melilla deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Ciudad de Melilla la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla.

Sexta. Información.-La Ciudad de Melilla remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Ciudad de Melilla por el/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consejera de Bienestar Social y Sanidad, M.ª Antonia Garbín Espigares

Programa la erradicación de la pobreza

 


 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral.(BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad y Bienestar Social) para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social) para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral

En Madrid, a 10 de noviembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado número 94, de 18 de abril de 2004), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 12, del día 14 de enero de 1999), y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (B.O.E. de 16 de marzo de 1990), modificado por el Acuerdo de 3 de julio de 1998 (B.O.E. de 16 de julio de 1998), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, la Sra. D.ª Micaela Navarro Garzón, Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, nombrada por Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril, en nombre y representación de la Junta de Andalucía, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

Primero: Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, reconoce en el artículo 19 el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, el derecho a la asistencia social integral incluye el derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, y la organización de dichos servicios responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

La atención multidisciplinar implicará especialmente:

a) Información a las víctimas.

b) Atención psicológica.

c) Apoyo social.

d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

Segundo: Que en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, se establece que, con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios establecidos en el artículo 19 y garantizar la equidad interterritorial en su implantación, se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial.

Por su parte, las Comunidades Autónomas realizarán un diagnóstico conjuntamente con las Administraciones Locales sobre el impacto de la violencia de género en su Comunidad, así como una valoración de necesidades, recursos y servicios necesarios, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral.

Tercero: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene entre sus competencias el impulso de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en general, así como, la planificación, dirección, coordinación y evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado en la materia, relacionadas con la violencia ejercida sobre las mujeres. Por ello, el Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, figura en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 2006.

Cuarto: Que la Junta de Andalucía tiene asumidas competencias en materia de asistencia social a víctimas de violencia de género y está interesada en acceder al Fondo dotado en los Presupuestos Generales del Estado para coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios que garanticen a las víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, de acuerdo con los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Mujer celebrada el día 6 de abril de 2006.

Quinto: Que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta colaboración puede articularse a través de la suscripción del correspondiente convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para el desarrollo de las actuaciones que se relacionan en el Anexo que a este Convenio se acompaña, con objeto de poner en funcionamiento los servicios que garanticen a las víctimas de violencia de género el derecho a la Asistencia Social Integral, reconocido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004.

Estas actuaciones han sido acordadas en base al Diagnóstico elaborado por la Junta de Andalucía sobre el impacto de la violencia de género en su territorio, y en el que se contempla, además, una valoración de las necesidades recursos y servicios necesarios para garantizar el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Segunda.-La Junta de Andalucía desarrollará las actuaciones a que hace referencia la cláusula anterior, por sí sola o en colaboración con otras entidades públicas y privadas, o mediante la contratación de la prestación de los servicios con terceras personas, de conformidad con lo establecido en el citado Anexo.

Tercera.-En aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a sus aplicaciones presupuestarias 19.08.232B.450 y 19.08.232B.750 para el ejercicio 2006, aportará la cantidad de 727.118,41 euros, con cargo a la primera aplicación, y la cantidad de 1.350.362,77 euros, con cargo a la segunda, como participación en la realización de actuaciones recogidas en el citado Anexo.

Cuarta.-La Junta de Andalucía aportará, al menos, una dotación económica de igual cuantía que la aportada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para hacer frente a los costes derivados del desarrollo del conjunto de actuaciones objeto del presente Convenio de Colaboración y que se relacionan en su Anexo. La Junta de Andalucía cofinanciará cada una de las actuaciones que se relacionan en el Anexo que a este Convenio se acompaña, con una aportación mínima del quince por ciento y máxima del ochenta y cinco por ciento del coste de su puesta en marcha.

La aportación de la Junta de Andalucía, se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones:

Aplicación presupuestaria: 19.31.01 78000 32G: 846.120 euros.

Aplicación presupuestaria: 19.31.01 48004 32G: 220.000 euros.

Aplicación presupuestaria: 19.31.01 22709 32G: 1.011.361,18 euros.

Quinta.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Junta de Andalucía la cantidad prevista en la cláusula tercera de este convenio o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004 (B.O.E. 29 de diciembre de 2006).

Sexta.-La Comunidad Autónoma deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de las actuaciones previstas en el Anexo a este Convenio de Colaboración.

b) Informar sobre el contenido y las características de las mismas y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información que recabe en relación con el presente Convenio.

c) Elaborar un informe final de evaluación en el que se describan las actuaciones realizadas y se contemplen para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.

Grado de consecución de los objetivos previstos.

Datos estadísticos sobre las usuarias de los servicios.

Información económica.

Grado de ejecución del presupuesto.

Otras colaboraciones obtenidas.

Dificultades y propuestas.

Valoración.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2007, un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de las actuaciones, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc, con el fin de acordar conjuntamente con el Ministerio, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de las mismas.

Séptima.-Para el seguimiento del presente Convenio, se creará una Comisión de Seguimiento formada por una persona en representación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y otra en representación de la citada Comunidad.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las Administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades.

La persona en representación del Ministerio será designada por la Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y la persona en representación de la Comunidad Autónoma por el Director General o Directora General competente.

Octava.-En toda la publicidad y difusión que se realice sobre las actuaciones derivadas del presente Convenio se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía, incluyéndose además el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

Novena.-La duración del convenio de colaboración se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación, sin perjuicio de la extensión de sus efectos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente para dar cumplimiento a la cláusula sexta sobre justificación.

No obstante la vigencia establecida en el párrafo anterior, será causa de extinción el incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes con los efectos legales que ello comporta, en función de la que haya incumplido y del momento en que se produzca éste.

En caso de resolución del convenio de colaboración por incumplimiento total o parcial de sus obligaciones por parte de la Junta de Andalucía, ésta deberá reintegrar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales las cantidades que hubiera percibido como aportación económica del mismo, siendo a cargo de la citada administración la financiación de las actividades que, en su caso, se hallen en curso.

Décima.-Si los gastos efectivamente realizados (presupuesto final ejecutado) excedieren del presupuesto previsto en este convenio de colaboración (presupuesto inicial), dicho exceso correrá a cargo de la Junta de Andalucía. Por el contrario, los remanentes de fondos resultantes al finalizar el ejercicio 2006, que se encuentren en poder de la Junta de Andalucía, se destinarán a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio 2006 y el sobrante que no estuviera comprometido se reintegrará al Estado.

Undécima.-El presente convenio de colaboración se halla excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal. No obstante, los principios de dicha Ley sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como establece el artículo 3.2 del mencionado texto legal.

Duodécima.-Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colaboración, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo.

Diligencia: Para hacer constar que este Convenio se ajusta al modelo informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha 17 de febrero de 2006 y por la Asesoría Jurídica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, con fecha 7 de septiembre de 2006.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración en duplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.-La Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro Garzón.

Actuaciones/servicios para mujeres víctimas de violencia de género

 

 


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de programas de intervención social integral para la erradicación de la pobreza

En Madrid, a cinco de diciembre de dos mil seis

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la Excelentísima Señora doña M.ª Luisa Zamora Rodríguez, como Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, nombrada por Decreto 60/2005 de 20 de mayo, del Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 99, del 21), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, por Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1 de agosto).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para personas en situación de exclusión social.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1982, de 10 de agosto (BOE de 16 de agosto), que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.02 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la erradicación de la pobreza.

V. Que la Comunidad Autónoma de Canarias dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines en la aplicación presupuestaria 23.07.313I. L.A. 23439602.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la erradicación de la pobreza y la exclusión, que se relacionan en el Anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de ciento treinta y cinco mil ciento ochenta y siete euros con setenta y dos céntimos (135.187,72 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de Canarias, directamente o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de doscientos catorce mil cuatrocientos sesenta y siete euros con setenta y cuatro céntimos (214.467,74 €), según el anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, la misma que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad prevista en la Cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Canarias, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Canarias en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo del proyecto.-La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexta. Información.-La Comunidad Autónoma de Canarias remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Comunidad Autónoma por el/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, María Luisa Zamora Rodríguez.

Actuaciones/servicios para mujeres víctimas de violencia de género


 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar y Familia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar y Familia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza

En Madrid, a 27 de noviembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, del 18), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado n.º 12, del 14), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la Honorable Señora Doña Carme Figueras Siñol como Consejera de Bienestar y Familia, nombrada por Decreto 147/2006, de 13 de mayo (DOGC n.º 4633A, del 15), en nombre y representación de la Generalidad de Cataluña, en uso de las competencias que le son atribuidas en el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para personas en situación de exclusión social.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre (BOE del 22) que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma y la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de Reforma del Estatuto de Autonomía (BOE del 20), tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.02 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la erradicación de la pobreza.

V. Que la Comunidad Autónoma de Cataluña dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la erradicación de la pobreza y la exclusión, que se relacionan en el Anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y un euros con cuarenta céntimos (439.491,40 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de Cataluña, directamente, o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y un euros con cuarenta céntimos (439.491,40 €) según el Anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos la misma que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Aragón la cantidad prevista en la Cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Cataluña, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Cataluña en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Sexta. Información.-La Comunidad Autónoma de Cataluña remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Comunidad Autónoma por el/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consejera de Bienestar y Familia, Carme Figueras Siñol.

Programa para la erradicación de la pobreza


 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano

En Madrid, a 27 de noviembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, del 18), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado n.º 12, del 14), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, Doña Carme Figueras Siñol, como Consejera de Bienestar y Familia, nombrada por Decreto 147/2006, de 13 de mayo (DOGC n.º 4633A, del 15), en nombre y representación de la Generalidad de Cataluña, en uso de las competencias que le son atribuidas en el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE del 20), tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Comunidad Autónoma de Cataluña, dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n. º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.-Objeto del Convenio.

Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que se relacionan en el Anexo.

Segunda.-Aportaciones económicas de las partes.

La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de doscientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos (286.684,41 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de Cataluña, directamente o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de doscientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y un céntimos (286.684,41 €), según el anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, dos tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera.-Pago y justificación de la subvención.

Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Cataluña la cantidad que le corresponde de acuerdo con los proyectos seleccionados y la normativa vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Cataluña, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación, cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta.-Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta.-Publicidad.

En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Sexta.-Información.

La Comunidad Autónoma de Cataluña remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima.-Seguimiento de los proyectos.

Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Comunidad Autónoma por el/la Director/a General competente.

Octava.-Duración del Convenio.

La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena.-Cuestiones litigiosas.

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente Convenio, dada su naturaleza jurídico-administrativa, serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consejera de Bienestar y Familia, Carme Figueras Siñol.

Plan de desarrollo gitano

 


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de programas de intervención social integral para la erradicación de la pobreza

En Madrid, a 11 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la excelentísima señora doña Leonor Flores Rabazo, como Consejera de Bienestar Social, nombrada por Decreto del Presidente 22/2003, de 27 de junio (DOE Extraordinario n.º 75, de 28 de junio), por delegación del Presidente de la Junta de Extremadura, según Acuerdo de 26 de noviembre de 2004, a quien corresponde la firma de los convenios que se celebren con la Administración General del Estado según lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con la autorización del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 31 de octubre de 2006.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para personas en situación de exclusión social.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1983 de 25 de febrero (BOE de 26 de febrero), que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.02 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la erradicación de la pobreza.

V. Que la Comunidad Autónoma de Extremadura dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para erradicación de la pobreza y la exclusión, que se relacionan en el Anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de ciento seis mil ochocientos cincuenta y dos euros con treinta y siete céntimos (106.852,37 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, directamente o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de ciento seis mil ochocientos cincuenta y dos euros con sesenta y tres céntimos (106.852,63 €), según el Anexo que se acompaña, cantidad que es al menos la misma que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad prevista en la Cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Extremadura, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Extremadura en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexta. Información.-La Comunidad Autónoma de Extremadura remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Comunidad Autónoma por el/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-Por la Comunidad Autónoma de Extremadura (P.D. del Presidente de la Junta de Extremadura, según Acuerdo de 26 de noviembre de 2004), la Consejera de Bienestar Social, Leonor Flores Rabazo.

Programa para la erradicación de la pobreza

 


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano

En Madrid, a once de diciembre de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la Excelentísima Señora Doña Leonor Flores Rabazo, como Consejera de Bienestar Social, nombrada por Decreto del Presidente 22/2003, de 27 de junio (DOE Extraordinario n.º 75, del 28), por delegación del Presidente de la Junta de Extremadura, según Acuerdo de 26 de noviembre de 2004, a quien corresponde la firma de los convenios que se celebren con la Administración General del Estado, según lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con la autorización del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el 31 de octubre de 2006.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1983 de 25 de febrero (BOE del 26), que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Comunidad Autónoma de Extremadura dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122 de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.-Objeto del Convenio.

Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que se relacionan en el Anexo.

Segunda.-Aportaciones económicas de las partes.

La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa y un euros con treinta y ocho céntimos (158.591,38 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, directamente o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de ciento veinte mil cuarenta euros con sesenta y dos céntimos (120.040,62 €), según el Anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, dos tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera.-Pago y justificación de la subvención.

Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Extremadura la cantidad prevista en la Cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Extremadura, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Así mismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Extremadura en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta.-Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta.-Publicidad.

En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sexta.-Información.

La Comunidad Autónoma de Extremadura remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima.-Seguimiento de los proyectos.

Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Comunidad Autónoma por el/la Director/a General competente.

Octava.-Duración del Convenio.

La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena.-Cuestiones litigiosas.

Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-Por la Comunidad Autónoma de Extremadura (P.D. del Presidente de la Junta de Extremadura, según Acuerdo de 26 de noviembre de 2004), la Consejera de Bienestar Social, Leonor Flores Rabazo.

Plan de desarrollo gitano

 


 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza

En Madrid, a 4 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, del 18), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado n.º 12, del 14), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra parte, don Anxo Manuel Quintana González, Vicepresidente de la Igualdad y del Bienestar, nombrado por Decreto 213/2005, de 3 de agosto, por el que se nombra a los titulares de los departamentos de la Xunta de Galicia, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con la autorización conferida por la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y su Presidente (artículo 34).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para personas en situación de exclusión social.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1993, de 14 de abril de Servicios Sociales, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.02 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la erradicación de la pobreza.

V. Que la Comunidad Autónoma de Galicia dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines, consignada en la aplicación presupuestaria 05.31.212D.480.0.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la erradicación de la pobreza y la exclusión, que se relacionan en el Anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho euros con noventa y un céntimos (258.478,91 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de Galicia, directamente o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho euros con noventa y un céntimos (258.478,91 €), según el Anexo que se acompaña, cantidad que es la misma que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia la cantidad prevista en la Cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Galicia, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de Evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Galicia en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia.

Sexta. Información.-La Comunidad Autónoma de Galicia remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y los representantes de la Comunidad Autónoma por la Secretaria General de la Igualdad y por la Secretaria General del Bienestar.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-El Vicepresidente de la Igualdad y del Bienestar, Anxo Manuel Quintana González.

Programa para la erradicación de la pobreza

 


 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral

En Madrid, a 12 de diciembre de 2006

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado número 94, de 18 de abril de 2004), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 12, del día 14 de enero de 1999), y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (B.O.E. de 16 de marzo de 1990), modificado por el Acuerdo de 3 de julio de 1998 (B.O.E. de 16 de julio de 1998), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, El Sr. D. Anxo Manuel Quintana González, Vicepresidente da Igualdade e do Benestar de la Xunta de Galicia, nombrado por Decreto 213/2005, de 3 de agosto, publicado en el Diario Oficial de Galicia n.º 149, de 4 de agosto -corrección de errores del 5 de agosto-, en nombre y representación de la Xunta de Galicia y en el ejercicio de las competencias atribuidas en los artículos 33 y 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

Primero.-Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, reconoce en el artículo 19 el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, el derecho a la asistencia social integral incluye el derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, y la organización de dichos servicios responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

La atención multidisciplinar implicará especialmente:

a) Información a las víctimas.

b) Atención psicológica.

c) Apoyo social.

d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

Segundo.-Que en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, se establece que, con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios establecidos en el artículo 19 y garantizar la equidad interterritorial en su implantación, se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial.

Por su parte, las Comunidades Autónomas realizarán un diagnóstico conjuntamente con las Administraciones Locales sobre el impacto de la violencia de género en su Comunidad, así como una valoración de necesidades, recursos y servicios necesarios, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral.

Tercero.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene entre sus competencias el impulso de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en general, así como, la planificación, dirección, coordinación y evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado en la materia, relacionadas con la violencia ejercida sobre las mujeres. Por ello, el Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, figura en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 2006.

Cuarto.-Que la Xunta de Galicia, a través de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar tiene asumidas competencias en materia de políticas autonómicas, de igualdad y género y las de bienestar y está interesada en acceder al Fondo dotado en los Presupuestos Generales del Estado para coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios que garanticen a las víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, de acuerdo con los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Mujer celebrada el día 6 de abril de 2006.

Quinto.-Que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del ar-tículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta colaboración puede articularse a través de la suscripción del correspondiente convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con lo dispuesto en el ar-tículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Xunta de Galicia, a través de la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (que ejecutará sus actuaciones por medio del Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, de acuerdo con las funciones previstas en su ley de creación, ley 3/1991, de 14 de enero) para el desarrollo de las actuaciones que se relacionan en el Anexo que a este Convenio se acompaña, con objeto de poner en funcionamiento los servicios que garanticen a las víctimas de violencia de género el derecho a la Asistencia Social Integral, reconocido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004.

Estas actuaciones han sido acordadas en base al Diagnóstico elaborado por la Xunta de Galicia sobre el impacto de la violencia de género en su territorio, y en el que se contempla, además, una valoración de las necesidades recursos y servicios necesarios para garantizar el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Segunda.-La Xunta de Galicia desarrollará las actuaciones a que hace referencia la cláusula anterior, por sí sola o en colaboración con otras entidades públicas y privadas, o mediante la contratación de la prestación de los servicios con terceras personas, de conformidad con lo establecido en el citado Anexo.

Tercera.-En aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a sus aplicaciones presupuestarias 19.08.232B.450 y 19.08.232B.750 para el ejercicio 2006, aportará la cantidad de 282.076,55 euros, con cargo a la primera aplicación, y la cantidad de 523.856,44 euros, con cargo a la segunda, como participación en la realización de actuaciones recogidas en el citado Anexo.

Cuarta.-La Xunta de Galicia aportará, al menos, una dotación económica de igual cuantía que la aportada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para hacer frente a los costes derivados del desarrollo del conjunto de actuaciones objeto del presente Convenio de Colaboración y que se relacionan en su Anexo. La Xunta de Galicia cofinanciará cada una de las actuaciones que se relacionan en el Anexo que a este Convenio se acompaña, con una aportación mínima del quince por ciento y máxima del ochenta y cinco por ciento del coste de su puesta en marcha.

La aportación de la Xunta de Galicia, se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones:

Aplicación presupuestaria: 05.80.211A 120: 16.056,96 euros.

Aplicación presupuestaria: 05.80.211A 130: 48.221,20 euros.

Aplicación presupuestaria: 05.80.211A 131: 446.90 euros.

Aplicación presupuestaria: 05.80.211A 160: 26.481.94 euros.

Aplicación presupuestaria: 05.80.212A 460.0: 549.726,00 euros.

Aplicación presupuestaria: 05.80.212A 480.3: 105.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria: 05.80.212A 622.0: 60.000,00 euros.

Quinta.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Xunta de Galicia la cantidad prevista en la cláusula tercera de este convenio o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004 (B.O.E. 29 de diciembre de 2004).

Sexta.-La Comunidad Autónoma deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de las actuaciones previstas en el Anexo a este Convenio de Colaboración.

b) Informar sobre el contenido y las características de las mismas y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información que recabe en relación con el presente Convenio.

c) Elaborar un informe final de evaluación en el que se describan las actuaciones realizadas y se contemplen para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.

Grado de consecución de los objetivos previstos.

Datos estadísticos sobre las usuarias de los servicios.

Información económica.

Grado de ejecución del presupuesto.

Otras colaboraciones obtenidas.

Dificultades y propuestas.

Valoración.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2007, un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de las actuaciones, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc, con el fin de acordar conjuntamente con el Ministerio, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de las mismas.

Séptima.-Para el seguimiento del presente Convenio, se creará una Comisión de Seguimiento formada por una persona en representación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y otra en representación de la citada Comunidad.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las Administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades.

La persona en representación del Ministerio será designada por la Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y la persona en representación de la Comunidad Autónoma por el Director General o Directora General competente.

Octava.-En toda la publicidad y difusión que se realice sobre las actuaciones derivadas del presente Convenio se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Xunta de Galicia, incluyéndose además el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

Novena.-La duración del convenio de colaboración se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación, sin perjuicio de la extensión de sus efectos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente para dar cumplimiento a la cláusula sexta sobre justificación.

No obstante la vigencia establecida en el párrafo anterior, será causa de extinción el incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes con los efectos legales que ello comporta, en función de la que haya incumplido y del momento en que se produzca éste.

En caso de resolución del convenio de colaboración por incumplimiento total o parcial de sus obligaciones por parte de la Xunta de Galicia, ésta deberá reintegrar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales las cantidades que hubiera percibido como aportación económica del mismo, siendo a cargo de la citada administración la financiación de las actividades que, en su caso, se hallen en curso.

Décima.-Si los gastos efectivamente realizados (presupuesto final ejecutado) excedieren del presupuesto previsto en este convenio de colaboración (presupuesto inicial), dicho exceso correrá a cargo de la Xunta de Galicia. Por el contrario, los remanentes de fondos resultantes al finalizar el ejercicio 2006, que se encuentren en poder de la Xunta de Galicia, se destinarán a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio 2006 y el sobrante que no estuviera comprometido se reintegrará al Estado.

Undécima.-El presente convenio de colaboración se halla excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal. No obstante, los principios de dicha Ley sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como establece el artículo 3.2 del mencionado texto legal.

Duodécima.-Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colaboración, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo.

Diligencia: Para hacer constar que este Convenio se ajusta al modelo informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha 17 de febrero de 2006 y por el Servicio Jurídico de la Xunta de Galicia, con fecha 1 de septiembre de 2006.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración en duplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.-El Vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Manuel Quintana González.

Actuaciones/servicios para las mujeres víctimas de violencia de género

 


 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral.(BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja (Consejería Juventud, Familia y Servicios Sociales) para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja (Consejería Juventud, Familia y Servicios Sociales) para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral

En Madrid, a 20 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado número 94, de 18 de abril de 2004), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 12, del día 14 de enero de 1999), y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (B.O.E. de 16 de marzo de 1990), modificado por el Acuerdo de 3 de julio de 1998 (B.O.E. de 16 de julio de 1998), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Sra. D.ª Sagrario Loza Sierra, Consejera de Juventud, Familia y Servicios Sociales, nombrada por Decreto 14/2003, de 7 de julio, (publicado en BOR n.º84 de 8 de julio), en nombre y representación del Gobierno de La Rioja, y facultada para aprobar y firmar el presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de abril de 2004 (BOR n.º 45, de 8 de abril de 2004).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

Primero: Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, reconoce en el artículo 19 el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, el derecho a la asistencia social integral incluye el derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, y la organización de dichos servicios responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

La atención multidisciplinar implicará especialmente:

a) Información a las víctimas.

b) Atención psicológica.

c) Apoyo social.

d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

Segundo: Que en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, se establece que, con el fin de coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios establecidos en el artículo 19 y garantizar la equidad interterritorial en su implantación, se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial.

Por su parte, las Comunidades Autónomas realizarán un diagnóstico conjuntamente con las Administraciones Locales sobre el impacto de la violencia de género en su Comunidad, así como una valoración de necesidades, recursos y servicios necesarios, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral.

Tercero: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene entre sus competencias el impulso de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en general, así como, la planificación, dirección, coordinación y evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado en la materia, relacionadas con la violencia ejercida sobre las mujeres. Por ello, el Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, figura en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 2006.

Cuarto: Que la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene asumidas competencias en materia de asistencia social a víctimas de violencia de género y está interesada en acceder al Fondo dotado en los Presupuestos Generales del Estado para coadyuvar a la puesta en funcionamiento de los servicios que garanticen a las víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, de acuerdo con los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Mujer celebrada el día 6 de abril de 2006.

Quinto: Que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta colaboración puede articularse a través de la suscripción del correspondiente convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales, para el desarrollo de las actuaciones que se relacionan en el Anexo que a este Convenio se acompaña, con objeto de poner en funcionamiento los servicios que garanticen a las víctimas de violencia de género el derecho a la Asistencia Social Integral, reconocido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004.

Estas actuaciones han sido acordadas en base al Diagnóstico elaborado por la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre el impacto de la violencia de género en su territorio, y en el que se contempla, además, una valoración de las necesidades recursos y servicios necesarios para garantizar el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Segunda.-La Comunidad Autónoma de La Rioja desarrollará las actuaciones a que hace referencia la cláusula anterior, por sí sola o en colaboración con otras entidades públicas y privadas, o mediante la contratación de la prestación de los servicios con terceras personas, de conformidad con lo establecido en el citado Anexo.

Tercera.-En aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a sus aplicaciones presupuestarias 19.08.232B.450 y 19.08.232B.750 para el ejercicio 2006, aportará la cantidad de 63.000 euros, con cargo a la primera aplicación, y la cantidad de 117.000 euros, con cargo a la segunda, como participación en la realización de actuaciones recogidas en el citado Anexo.

Cuarta.-La Comunidad Autónoma de La Rioja aportará, al menos, una dotación económica de igual cuantía que la aportada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para hacer frente a los costes derivados del desarrollo del conjunto de actuaciones objeto del presente Convenio de Colaboración y que se relacionan en su Anexo. La Comunidad Autónoma de La Rioja cofinanciará cada una de las actuaciones que se relacionan en el Anexo que a este Convenio se acompaña, con una aportación mínima del quince por ciento y máxima del ochenta y cinco por ciento del coste de su puesta en marcha.

La aportación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones: 10.03.01.3113.480, 10.03.01.3113.221, 10.03.01.3113.625, 10.03.01.3113.632, 10.02.01.3112.625, 10.02.01.3112.626.

Quinta.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de La Rioja la cantidad prevista en la cláusula tercera de este convenio o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para el año 2006, los criterios de distribución, así como los compromisos financieros resultantes, del Fondo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004 (B.O.E. 29 de diciembre de 2006).

Sexta.-La Comunidad Autónoma deberá:

a) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de las actuaciones previstas en el Anexo a este Convenio de Colaboración.

b) Informar sobre el contenido y las características de las mismas y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información que recabe en relación con el presente Convenio.

c) Elaborar un informe final de evaluación en el que se describan las actuaciones realizadas y se contemplen para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos:

Fecha de puesta en marcha y de realización.

Grado de consecución de los objetivos previstos.

Datos estadísticos sobre las usuarias de los servicios.

Información económica.

Grado de ejecución del presupuesto.

Otras colaboraciones obtenidas.

Dificultades y propuestas.

Valoración.

d) Remitir, antes del 31 de marzo de 2007, un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de créditos, las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de las actuaciones, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc, con el fin de acordar conjuntamente con el Ministerio, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de las mismas.

Séptima.-Para el seguimiento del presente Convenio, la Comunidad Autónoma de La Rioja designará una persona en la Comisión de Seguimiento formada por una persona en representación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y otra en representación de la citada Comunidad.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las Administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades.

La persona en representación del Ministerio será designada por la Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y la persona en representación de la Comunidad Autónoma por el Director General o Directora General competente.

Octava-En toda la publicidad y difusión que se realice sobre las actuaciones derivadas del presente Convenio se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja, incluyéndose además el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

Novena.-La duración del convenio de colaboración se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación, sin perjuicio de la extensión de sus efectos hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente para dar cumplimiento a la cláusula sexta sobre justificación.

No obstante la vigencia establecida en el párrafo anterior, será causa de extinción el incumplimiento del convenio por cualquiera de las partes con los efectos legales que ello comporta, en función de la que haya incumplido y del momento en que se produzca éste.

En caso de resolución del convenio de colaboración por incumplimiento total o parcial de sus obligaciones por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ésta deberá reintegrar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales las cantidades que hubiera percibido como aportación económica del mismo, siendo a cargo de la citada administración la financiación de las actividades que, en su caso, se hallen en curso.

Décima.-Si los gastos efectivamente realizados (presupuesto final ejecutado) excedieren del presupuesto previsto en este convenio de colaboración (presupuesto inicial), dicho exceso correrá a cargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por el contrario, los remanentes de fondos resultantes al finalizar el ejercicio 2006, que se encuentren en poder de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se destinarán a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio 2006 y el sobrante que no estuviera comprometido se reintegrará al Estado.

Undécima.-El presente convenio de colaboración se halla excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto legal. No obstante, los principios de dicha Ley sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y como establece el artículo 3.2 del mencionado texto legal.

Duodécima.-Dada la naturaleza administrativa de este convenio de colaboración, el orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo.

Diligencia: Para hacer constar que este Convenio se ajusta al modelo informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha 17 de febrero de 2006 y por el Servicio Jurídico de la de Comunidad Autónoma de La Rioja, con fecha 3 de noviembre de 2006.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración en duplicado ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.-La Consejera de Juventud, Familia y Servicios Sociales, Sagrario Loza Sierra.

Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de La Rioja (Consejería Juventud, Familia y Servicios Sociales) para la realización de actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral

Actuaciones/servicios para las mujeres víctimas de violencia de género

 


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano

En Madrid, a uno de diciembre de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, el Excelentísimo Señor Don Ramón Luís Valcárcel Siso, Presidente de la Región de Murcia, nombrado por Real Decreto 222/2003, de 27 de junio, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, y autorizada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha de 10 de noviembre de 2006.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1982 de 9 de junio (BOE n.º 146, del 19), que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-Objeto del Convenio.

Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que se relacionan en el Anexo.

Segunda.-Aportaciones económicas de las partes.

La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de doscientos diecinueve mil quinientos ochenta y ocho euros con seis céntimos (219.588,06 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, directamente o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de cuatrocientos trece mil novecientos setenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos (413.979,95 €) según el Anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, dos tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera.-Pago y justificación de la subvención.

Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cantidad prevista en la Cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo se presentará Memoria de evaluación, cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta.-Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta.-Publicidad.

En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Sexta.-Información.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima.-Seguimiento de los proyectos.

Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Comunidad Autónoma por el/la Director/a General competente.

Octava.-Duración del Convenio.

La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena.-Cuestiones litigiosas.

Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (P.D. Decreto de Presidencia n.º 26/2006, de 13 de noviembre de 2006), la Consejera de Trabajo y Política Social, Cristina Rubio Peiró.

Plan de desarrollo gitano


 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza. (BOE de 12 de enero de 2007)

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la realización de programas de intervención social integral para erradicación de la pobreza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la realización de programas de intervención social integral para la erradicación de la pobreza

En Madrid, a cinco de diciembre de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra parte, la Honorable Señora Doña María Rosa Puig Oliver, como Consejera de Presidencia y Deportes del Gobierno de las Illes Balears, nombrada por Decreto 7/2003, de 30 de junio, del Presidente del Gobierno de las Illes Balears, por el que se dispone el nombramiento de los miembros del Gobierno de las Illes Balears, y en virtud del Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del Presidente de las Illes Balears mediante el cual se delega en los titulares de las consejerías la firma de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para personas en situación de exclusión social.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/1983, de 25 de febrero (BOE de 1 de marzo), que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artícu­lo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.02 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la erradicación de la pobreza.

V. Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la erradicación de la pobreza y la exclusión, que se relacionan en el anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete euros con noventa y nueve céntimos (59.667,99 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos un euros con siete céntimos (154.601,07 €) según el anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, la misma que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de las Illes Ballears la cantidad prevista en la cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de las Illes Balears, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Sexta. Información.-El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones, velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Consejería de Presidencia y Deportes del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por el/la Director/a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consejera de Presidencia y Deportes, María Rosa Puig Oliver.

Programa para la erradicación de la pobreza

 


 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. (BOE de 15 de enero de 2007).

Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.-El Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano

En Madrid, a 18 de diciembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, de 18 de abril), en nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 12, de 14 de enero), sobre competencia para celebrar convenios de colaboración con las comunidades autónomas.

Y de otra, la excelentísima señora doña Micaela Navarro Garzón, como Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, nombrada por Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril (BOJA Extraordinario n.º 3, de 25 de abril), en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA, ext. n.º 3, de 25 de abril) y Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA n.º 60, de 29 de julio).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligar y convenir, y

MANIFIESTAN

I. Que la finalidad del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía para financiar conjuntamente proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, y el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales y la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1981, de 30 de diciembre (BOE del 11 de enero de 1982), que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma, tienen competencia en materia de asistencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de colaboración.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece consignado con la clasificación orgánico-económica 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas para proyectos propios o concertados con las corporaciones locales para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone, asimismo, de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de acuerdo con los criterios objetivos de distribución del crédito que, de conformidad con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 (BOE. n.º 122, de 23 de mayo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anteriormente manifestado, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio la cooperación entre ambas partes y la regulación del contenido y condiciones de la subvención para la realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, que se relacionan en el anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las partes.-La aportación económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del presente Convenio, es de setecientos ochenta y tres mil ochocientos siete euros con cuarenta céntimos (783.807,40 €), que se hará con cargo al presupuesto consignado para tal fin en el presente año.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, directamente o con la cooperación de las corporaciones locales participantes en el desarrollo de los proyectos, se compromete a aportar la cantidad de quinientos veintidós mil quinientos treinta y ocho euros con veintiocho céntimos (522.538,28 €), según el anexo que se acompaña, cantidad que es, al menos, dos tercios de la que aporta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación de estos proyectos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006 anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención.-Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Comunidad Autónoma de Andalucía la cantidad prevista en la cláusula segunda o la que reste por transferir en ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese efectuado anteriormente la transferencia de algunas cantidades al amparo de lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 21 de abril de 2006.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2, regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Comunidad Autónoma de Andalucía, finalizado el ejercicio económico y no más tarde del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo caso con anterioridad a la correspondiente celebración de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, deberá remitir un estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromisos de crédito, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año, detallado por cada una de las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de Gastos del Estado desde las que se realizaron las transferencias de crédito. La información así obtenida será puesta en conocimiento de la Conferencia Sectorial y tenida en cuenta en la adopción de los acuerdos de distribución de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evaluación cumplimentada en modelo consensuado y homologado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los proyectos.-La Comunidad Autónoma deberá comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y la Comunidad Autónoma, la aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos proyectos, se hará constar expresamente que éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexta. Información.-La Comunidad Autónoma de Andalucía remitirá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el seguimiento y evaluación del desarrollo de acciones que se financien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por un representante de la Dirección General de Inclusión Social y un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes, que hará sus propuestas a los respectivos centros directivos o a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funciones velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se planteen durante la ejecución del mismo, prestar asistencia a las administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán designados por el Director General de Inclusión Social y el representante de la Comunidad Autónoma por la Directora General de Servicios Sociales e Inclusión.

Octava. Duración del Convenio.-La duración del Convenio se establece para el año 2006 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso de incumplimiento por alguna de las partes firmantes de los compromisos asumidos en el mismo. En este caso, deberán reintegrarse las cantidades percibidas que no se hubieran destinado a los proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la naturaleza administrativa del presente Convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio de las funciones encomendadas a la Comisión de seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de colaboración en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P.D. (Orden Comunicada de 27 de abril de 2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-La Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro Garzón.


Plan de desarrollo gitano

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